El caos de los fondos europeos continúa. Hace unos días, el Instituto Juan de Mariana publicaba un informe que evidenciaba el fiasco de esta especie de Plan E creado por Bruselas después del estallido de la pandemia del coronavirus.
La Comisión Europea pretende regar a España con hasta 160.000 millones de euros a través del programa NextGeneration EU, pero el balance del periodo 2021-2023 no ha resultado nada prometedor para los beneficiarios debido a que el dinero de los contribuyentes europeos no está llegando a la economía real. Y es que, España apenas se ha ejecutado el 25% de lo recibido y el 80% ha ido a parar al sector público.
Ayer martes, la Comunidad de Madrid alertaba de otra "preocupación" relativa a la segunda parte del Plan Europeo: la Adenda. En junio de 2023, hace justo un año, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó lo que podría definirse como la segunda parte del Plan de los fondos europeos. España le pedía entonces más dinero a Europa a cambio de diferentes promesas, como aplicar más impuestos para equilibrar el presupuesto del Estado con más ingresos. Pero ese dinero europeo tampoco llega.
"Los plazos nos están comiendo"
La Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está dotada de 83.000 millones de euros de los que 20.000 millones se han agrupado en el Fondo de Resiliencia Autonómica. Según la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo central solo pondrá a disposición de las CCAA 3.000 millones de euros, el 15% de esa cifra. Y lo hará en la modalidad de préstamos reembolsables gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el año en el que vuelven las reglas fiscales y "parece que computarán como déficit". Los 17.000 millones restantes irán destinados a proyectos público-privados.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el dinero que sí va a llegar directamente a las CCAA es total. Tal y como alertó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo autonómica, Rocío Albert, en un encuentro con los medios, las regiones podrían llegar perder esos 3.000 millones por la lentitud burocrática y la "poca información que tenemos por parte del Gobierno" sobre los requisitos para obtener el tramo de la Adenda.
Según Albert, su autonomía ha pedido explicaciones en varias ocasiones al Gobierno sobre los detalles y criterios del reparto, pero no ha obtenido respuesta. "Se nos ha dicho que nos íbamos a reunir a finales de junio, pero como dice el FMI, los plazos nos están comiendo" aseguró. Hacienda y Economía han hecho caso omiso de Madrid, según la consejera. "Nos hemos ido enterando con cuentagotas" de algunos detalles "a través de los medios de comunicación" denuncia.
Esta lentitud "nos hace pensar" que, en lugar de a proyectos nuevos, cada región tendrá que destinar el dinero que le toque (Madrid no sabe a cuánto asciende su parte) a proyectos que "ya tuviéramos con el BEI", que ahora dirige la exministra de Economía, Nadia Calviño. La intención de la Comunidad de Madrid es destinar el dinero a "infraestructuras sanitarias, educativas y parte de las ampliaciones de las líneas de Metro de Madrid, que lo haremos con nuestras propias formas de financiación" explica. El plazo para gastar el dinero es agosto de 2026.
Albert cree que, actualmente, todas las regiones españolas se estarían encontrando con este mismo problema, independientemente de su color político, aunque ha asegurado que en el primer reparto del plan "Madrid sufrió un agravio con respecto al resto de autonomías al ser la región que menos dinero recibió por habitante". Además, Albert ha criticado la falta de operatividad y manejo de las herramientas informáticas estatales para el seguimiento de los fondos, como COFEE o la reciente ELISA porque "la primera no está operativa al 100% después de años y que la segunda no ofrece información completa".
"A pesar de estas dificultades", la Comunidad de Madrid ha movilizado 2.417 millones de euros entre 2020 y 2023, lo que supone el 91% de los fondos asignados (2.642 millones) en la primera tanda.