En el año 2018, la Comunidad de Madrid dio el sorpasso definitivo a Cataluña como primera economía nacional, y desde entonces, no ha hecho más que revalidar sus buenos resultados. Los últimos datos de la Contabilidad Regional de España publicados por el INE confirman el buen desempeño de este territorio: la región de Isabel Díaz Ayuso aportó el 19,4% del PIB de España a cierre de 2022.
Así, la riqueza de esta región alcanzó los 261.713,1 millones de euros en 2022, lo que supone 24.172 millones más que en 2021. Se trata de la locomotora económica nacional superando, otro año más, a Cataluña, que ha quedado relegada al segundo lugar desde el desafío separatista del 1-O.
En términos per cápita, la Comunidad de Madrid sigue siendo líder indiscutible debido a que registró el PIB por habitante más elevado en 2022, con 38.435 euros por persona. Por detrás de la región de Ayuso, se situaron País Vasco (35.832 euros), Navarra (33.798 euros), y ya en cuarto lugar, Cataluña (32.550 euros). Sólo Madrid y País Vasco logran superar el PIB per cápita medio de la UE-27.
En plena ofensiva separatista, Ayuso aprovechó su intervención en la Comisión de CCAA en el Senado de ayer lunes para avisar a Pere Aragonès, también presente, de las nefastas consecuencias económicas que tendría para Cataluña la ruptura con España.
Uno de los mayores hándicaps con los que se encontraría una Cataluña independiente sería el pago de las pensiones de sus ciudadanos. Ayuso recordó que Cataluña es la región de toda España donde más diferencia hay entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Tal y como hemos publicado en Libre Mercado con datos del propio Ministerio de Hacienda, Cataluña gasta 27.085,6 millones de euros en abonar prestaciones, mientras que ingresa 22.714,7 millones euros por cotizaciones en los diferentes regímenes (general, autónomos...), por lo que acumula un déficit de 4.370,8 millones de euros.
Así, según los cálculos del Gobierno de Ayuso, si Cataluña tuviera que afrontar por sí misma el pago de sus pensiones, "casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de cobrar esta prestación en caso de que España deje de aportar a la Seguridad Social catalana".
Teniendo en cuenta que la pensión media en Cataluña son 1.301,69 euros al mes (18.224 euros al año en 14 pagas), si dividimos el agujero de 4.370 millones de euros entre esos 18.224 euros al año, el resultado es que 239.798 pensionistas catalanes se quedarían sin prestación.
Según los últimos datos de marzo, la pensión media en la Comunidad de Madrid es de 1.456,06 euros, y a pesar de que sus jubilados disfrutan de unas prestaciones más altas, la región de Ayuso es la autonomía que mayor superávit tiene en la Seguridad Social en todo el país.
Otra observación que ha puesto sobre la mesa Ayuso es la cesión de Sánchez de otorgar a Cataluña poder de recaudar el 100% de los impuestos así como obtener "plena capacidad normativa" sobre ellos. Según los propios cálculos del Gobierno de Aragonés, la puesta en marcha de su plan permitirá a su autonomía "recaudar y gestionar" 51.981 millones de euros en impuestos, lo que supondría duplicar los 25.616 millones que reciben actualmente del Estado. Dicho de otra forma, Cataluña pretende dejar de aportar a la caja común 26.365 millones de euros.
Sin embargo, lo que no dice Aragonés es que "el gasto público en Cataluña asciende a casi 46.000 millones de euros al año, que en los últimos 5 años crece a un ritmo promedio de 2.600 millones de euros al año, y que a este ritmo, en 2026, ya superará los 52.000 millones de euros con los que pretende quedarse". Es decir, en un par de años, si Cataluña no reduce su ritmo de gasto, entraría en números rojos a pesar de la entrega de la Agencia Tributaria.
Por último, Ayuso ha considerado que "de buscar un trato justo", si Cataluña se separase del resto de España, debería asumir, "además de los 74.000 millones de euros de deuda que tiene con España a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el porcentaje de deuda pública del Gobierno Central que le corresponde". ¿Podrían pagarlo?
Todo ello, según los cálculos del Ejecutivo madrileño, haría que una Cataluña independiente naciera con una "hipoteca" que superaría el 120% de su PIB, superando los 342.000 millones de euros.