A la central nuclear de Almaraz se le empieza a terminar el tiempo y este martes ha terminado de quedar claro. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la encargada de gestionar los residuos radiactivos españoles con las aportaciones de las empresas propietarias, ha publicado la licitación para los trabajos de ingeniería que se activarían tras el apagado de la central nuclear de Almaraz, como paso previo al desmantelamiento.
El último plan de residuos radiactivos, recién aprobado por el Gobierno Sánchez y que confirmaban el cierre de los siete reactores españoles, establece un plazo de entre tres y cinco años tras el apagado y antes del desmantelamiento centrado en trabajos de preparación que incluyen el traspaso de la titularidad de las eléctricas propietarias a ENRESA. El proyecto publicado por ENRESA tiene como objeto realizar estudios y la ingeniería de diseño, especificaciones y proyectos de obra y preparación de la documentación para la autorización del desmantelamiento de la central. En total, el proyecto base de licitación es de 27.990.244,69 euros y el plazo de ejecución de 60 meses, informa Efe.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado que está previsto que el desmantelamiento comience en 2030, de ahí el paso dado en este momento para preparar un complejísimo y caro proceso, que tiene como ejemplo inmediato el de la central de José Cabrera, recién finalizado y que ha durado más de una década.
En la central, como explicó recientemente el director, Rafael Campos en una visita con medios de comunicación, trabajan ya dos equipos con los dos escenarios sobre la mesa: el de cierre, previsto para octubre de 2027 en el caso del reactor 1 y de noviembre de 2028 en el de la unidad II, y el de la continuidad, una puerta que quiere mantener abierta el sector y la administración autonómica. Este mismo lunes, en el debate del estado de la región, María Guardiola señaló como el "reto" de su gobierno la continuidad de la central para mantener el empleo en la comarca (hay unos 3.000 puestos en juego) y para garantizar la "soberanía energética" de Extremadura, que quiere impulsar su desarrollo industrial.
Los plazos, en cualquier caso, se agotan: como explicó Campos, el punto de "no retorno" es el primer trimestre de 2025. Si el plan de cierre sigue adelante en esa fecha, será inevitable cerrar al menos unos meses después del momento previsto en 2027 porque se habrán dejado de hacer inversiones como la compra de combustible, que se planifica con años de antelación. La marcha atrás sería técnicamente posible, pero con un alto coste.