Una rebelión contra la microeconomía. Eso es en lo que parece consistir el plan de acción del Ministerio de Trabajo en relación con las empresas españolas, desde donde siguen empeñados en ignorar las leyes más básicas de la ciencia económica y la realidad de nuestro país. Así, tras haber logrado aprobar en el mes de enero un aumento del 5% del salario mínimo, el próximo objetivo de la líder de Sumar es imponer la reducción de la jornada laboral por arte de magia (es decir, por dictado gubernamental). Todo ello, mientras la productividad de la economía española sigue muy alejada de la media de la Unión Europea.
Reducción de la jornada laboral
Según ha publicado Europa Press, el pasado viernes el Ministerio de Trabajo habría enviado a "sindicatos y empresarios" (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, con quienes se reunió el lunes) un borrador del anteproyecto de ley con el que se trataría de imponer la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas en 2024 y las 37,5 horas semanales en 2025, una medida que Yolanda Díaz lleva meses anunciando. De hecho, en su programa para las elecciones de julio de 2023, Sumar ya incluyó que "en 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales".
Para hacer cumplir su voluntad, la ministra Díaz tiene la intención de endurecer las sanciones existentes por dos medios: por un lado, quiere multar a las empresas por cada trabajador con el que no cumplan con la reducción de la jornada (en lugar de hacerlo de forma conjunta); por otro, pretende incrementar las multas (pudiendo alcanzar hasta los 10.000 euros). Sin embargo, todo esto no es sino simple populismo. En primer lugar, porque la forma correcta de reducir la jornada laboral no es mediante su imposición por ley, sino impulsando la productividad de las empresas. De lo contrario, si la reducción de la jornada laboral implicara una reducción de la productividad media de las empresas, en última instancia se produciría una disminución de los salarios nominales, pues éstos no remuneran simplemente la mano de trabajo, sino su productividad. Lo convendría, en cambio, es crear un entorno atractivo para la inversión para que, de este modo, se pudieran mejorar las dotaciones de capital y fomentar las contrataciones, y así aumentar la productividad del conjunto de la economía.
Naturalmente, como el tejido productivo de una economía no es homogéneo, este proceso será distinto en cada sector (y, dentro de cada sector, en cada empresa). Este es otro de los motivos por los que esta medida resulta tan populista: no es cierto que se pueda imponer (sin perjuicios) una reducción de la jornada laboral de estas características para el conjunto de los sectores de una economía, porque la capacidad de adaptarse a él y las necesidades de cada empresa son distintas.
Menos productividad que la UE
Así las cosas, estas iniciativas del Ministerio que dirige Yolanda Díaz no deberían ser ningún motivo de alegría para nadie, pues la capacidad que un gobierno tiene para imponer sus deseos sobre cómo debería funcionar una economía sin afectar gravemente a otras partes de la misma con perjudiciales efectos derivados de sus políticas es muy limitada. Por eso mismo, antes de emprender cualquier política económica, se ha de considerar cuál es la situación real de una economía y cuál será su impacto, como diría Bastiat, con respecto de lo que se ve y lo que no se ve.
En este sentido, el pasado miércoles 19 de junio la Comisión Europea publicó el paquete de primavera correspondiente al Semestre Europeo, donde se incluye una serie de recomendaciones políticas para mejorar la competitividad y la resiliencia de la UE junto con un informe sobre la situación de cada país. De este modo, en el informe correspondiente a España la Comisión destacaba muy claramente que, si bien durante los dos últimos años ha experimentado un repunte, "la productividad laboral por hora trabajada sigue estando por debajo de los niveles prepandémicos y la brecha con respecto al promedio de la UE se ha ampliado significativamente durante la última década".
Del mismo modo, en el documento la Comisión destaca también que son seis los principales factores que están lastrando la productividad en nuestro país, los cuales están estrechamente relacionados con el capital (capital físico y capital humano), el conocimiento (que podríamos concebir como un know-how), las trabas regulatorias y el funcionamiento de las instituciones:
- los bajos niveles de inversión empresarial, incluida la inversión en investigación e innovación.
- la débil transferencia de conocimientos desde el sector científico hacia las empresas.
- la fragmentación del mercado interno.
- la escasez de habilidades.
- las barreras al crecimiento empresarial, incluidas las regulaciones dependientes del tamaño y obstáculos para que las PYME accedan a financiación de capital.
- las deficiencias en la eficiencia judicial.
Con todo, la Comisión señalaba que otro de los factores que podría suponer una barrera para el crecimiento de la productividad de la economía española es el tamaño de las empresas españolas y la disparidad que existe entre la proporción de grandes empresas y la proporción de PYMES sobre el total en la medida en que "[las grandes empresas] pueden innovar fácilmente, utilizar nuevas tecnologías digitales como Big Data e Inteligencia Artificial (IA), contratar personas con las habilidades adecuadas, aplicar mejores habilidades de gestión y beneficiarse de las economías de escala". Y es que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Industria, sólo el 1,18% de las empresas españolas cuenta con más de 50 trabajadores.
Por lo tanto, con el fin de atraer inversiones y fomentar un mayor dinamismo de la economía española, lo que debería hacer el Gobierno es desregular, en lugar de regular más y perseguir a las empresas. Tanto las rigideces del mercado de trabajo como todos los impedimentos para la inversión y el emprendimiento han de ser eliminados, porque España necesita aumentar su productividad y, para ello, el entorno económico e institucional ha de favorecer, principalmente, el crecimiento de las empresas, la contratación, el desarrollo de las dotaciones de capital y la mejora de la formación de los trabajadores.