La consejera de Economía y Hacienda catalana, Natàlia Mas, acudió ayer lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después de que sus antecesores hayan estado años dándole plantón al Gobierno.
Pero la cita de ayer no era baladí. El objetivo de Natàlia Mas en Madrid era exigir la desconexión financiera de Cataluña con el resto de España. Tanto ERC y Junts han pedido a Sánchez la "llave de la caja" de los impuestos autonómicos a cambio de su apoyo. Los independentistas no dudan en que, cuando firmaron con el líder del PSOE la manida "financiación singular", se estaban refiriendo a una financiación fuera del régimen común para recaudar y gestionar el 100% de los impuestos autonómicos.
Así, Cataluña exige soberanía fiscal a cambio de compensar al resto de España con dos fondos (una especie de cupo y otro de solidaridad) por todos los servicios de los que se beneficia por formar parte del país. Eso sí, todavía no han informado sobre qué cuantía estarían dispuestos a pagar al Estado, aunque no hay duda de que la clave de su fórmula será obtener del resto de España los máximos privilegios financieros para la región y al menor coste.
Según los propios cálculos del Gobierno autonómico, la puesta en marcha de este plan permitirá a su autonomía "recaudar y gestionar" 51.981 millones de euros en impuestos, lo que supondría duplicar los 25.616 millones que reciben actualmente del Estado. Dicho de otra forma, Cataluña pretende dejar de aportar a la caja común 26.365 millones de euros. A esto hay que sumarle otros 15.000 millones de euros por la quita de su deuda.
Cataluña quiere ser como un land alemán
A pesar de estos números, la consejera autonómica no dudó en asegurar ayer que su plan (del que todavía se desconocen detalles clave), "no causa ningún perjuicio" para ninguna otra comunidad autónoma y no va "en contra de nadie", dado que "el Estado ha incrementado de forma sustancial sus ingresos" en los últimos diez años y puede "reequilibrar la proporción de ingresos" de las regiones. Es evidente que si Cataluña pretende sacar miles de millones de la financiación autonómica, serán el resto de regiones las que se queden sin ese dinero.
En este punto, Mas recuperó la petición de un régimen similar al de los länder alemanes que lleva reclamando el independentismo más de una década. Según la consejera, los estados federados alemanes "recaptan la totalidad de los impuestos que generan en su territorios", de manera que se "asegura transparencia y rigurosidad" y mantiene "la equidad territorial" aportando al Estado una cuota de "equidad territorial". Lo primero que tendría que tener en cuenta la catalana es que, en el también complejo modelo alemán, todos los länder recaudan el 100% de los impuestos y no solo tres, como pretende Cataluña al unirse al grupo de los privilegiados junto al País Vasco y Navarra.
Además, Mas no debería olvidar que en el modelo alemán que ahora pone como ejemplo, los estados germanos más ricos también aportan más financiación a los más pobres, por lo que es inevitable el reparto de recursos con otros territorios. Además, también existen críticas a su cálculo de población ajustada.
Otro detalle es que, en Alemania, por el contrario que en España, la Agencia Tributaria Federal sólo recauda los Impuestos Especiales, los aranceles y el IVA que grava las importaciones, y son los länder los que gestionan el IRPF, Sociedades y el IVA, señala un informe de Fedea, aunque "la capacidad normativa sobre los principales impuestos está mucho más centralizada en Alemania que en España. Mientras que en nuestro país las comunidades autónomas pueden fijar con pocas restricciones las escalas de gravamen de los tributos que les han sido cedidos totalmente y la del tramo autonómico del IRPF, en Alemania los impuestos más importantes se regulan en todo el país por una normativa uniforme dictada por la Federación".
El colaborador de Libre Mercado y director del Observatorio Económico de la UFV, José María Rotellar, señala que "uno de los elementos más peculiares de la nivelación o Finanzausgleich es que se articula fundamentalmente a partir de un sistema de transferencias horizontales en el que no participa directamente el Gobierno federal. Son los propios Gobiernos regionales los que realizan la medición de los desequilibrios horizontales y los que calculan los pagos a realizar por los territorios con mayor capacidad fiscal a las regiones más pobres". ¿Convencería este modelo a Sánchez? "El sistema responde a un modelo de nivelación tipo "Robin Hood", en los que son los territorios ricos los que ceden los recursos a los territorios pobres. El resultado es una aproximación de la situación financiera de los distintos gobiernos regionales, aunque no una igualación: se reducen las distancias respecto a la media, tanto por arriba como por abajo, pero se mantienen algunas diferencias" añade.
"No es de justicia, sino que es egoísmo"
Rotellar concluye que "hay que reformar el Sistema de Financiación Autonómica, pero no porque perjudique a Cataluña. Es lógico ser solidario pero sin que ello te haga más pobre relativamente que a quien ayudas. Y es verdad que el ejemplo de ordinalidad alemán puede ser interesante, pero tampoco porque lo diga Cataluña, sino porque puede ser un sistema eficiente. Lo que no puede ser es que Cataluña quiera todo eso sólo para ella, con un sistema fiscal propio, porque es inconstitucional, va contra la LOFCA y rompe con la solidaridad interregional (que se recoge también en la Constitución), empobreciendo al resto de regiones de régimen común y a todos los españoles por el quebranto que sufriría también la Administración General del Estado. Lo que reclama Cataluña no es de justicia, sino que es egoísmo, aparte de ilegal con la normativa actual".
Natàlia Mas presumió ayer de que Cataluña está negociando de forma "bilateral" con el Gobierno su nuevo sistema de financiación, lo que indignó todavía más a las regiones del PP y a Castilla La-Mancha.
Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió regar a las CCAA con una financiación récord de 147.412 millones en entregas a cuenta, un 9,5% más, y a los ayuntamientos, con 26.893, un 13,1% más. También premió la irresponsabilidad permitiendo a las autonomías un déficit del 0,1% durante los próximos tres años -hasta 2027- dos décimas más de margen a lo establecido en el plan de estabilidad pactado con Bruselas.