Yolanda Díaz ya tiene otra excusa para implantar cuanto antes su plan de "despidos a la carta". Según ha adelantado UGT esta semana, el Comité Europeo de Derechos Sociales habría emitido un fallo en el que asegura que "la legislación española no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea".
El sindicato cuenta que en el mencionado artículo "se garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido y se determina que la compensación establecida por la normativa, fija y predecible, no es suficiente para cubrir los daños sufridos por los trabajadores despedidos y no tiene un efecto disuasorio para los empleadores". Algo que no se estaría dando en España. Según UGT, el texto de la resolución se publicará el 29 de julio.
Díaz lleva años con esta idea
Desde hace años, la ministra de Trabajo lleva promoviendo la idea de aplicar distintas indemnizaciones (más altas que las actuales) según el perfil de cada trabajador despedido. Esto va en contra del criterio actual: el tiempo que lleva el empleado trabajando en una empresa antes de abandonar su puesto, que es la referencia clave para calcular la indemnización junto con el tipo de despido.
En este sentido, el programa electoral de Sumar ya contemplaba que "estableceremos garantías para las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio, así como mediante el reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa".
Este plan supondría dar un giro de 180 grados a la formulación de la indemnización por despido como hasta ahora la conocemos. Por tanto, factores como la edad o el sexo del despedido empezarían a ser determinantes a la hora de obtener una indemnización más alta. Cabe recordar que, con su reforma laboral, la ministra de Trabajo pretendía que el coste del despido volviera a los 45 días, pero finalmente tuvo que dejarlo en los 33 días en el caso de los improcedentes.
Como ya hemos advertido en Libre Mercado, hay que tener en cuenta que esta medida podría generar un efecto perverso entre los perfiles de trabajadores a los que teóricamente se quiere proteger, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos.
Los colectivos con mayores indemnizaciones
Pero UGT ha abierto la veda esta semana a más colectivos que podrían verse beneficiados por esa subida forzosa de las indemnizaciones (un beneficio teórico, porque ya decimos que podrían desincentivar su contratación). "Creemos que en nuestro país es imprescindible que los magistrados tengan en cuenta una serie de cuestiones de carácter personal, porque estamos hablando de despidos improcedentes, de despidos individuales, que agraven la cuantía de la indemnización" señaló el líder de UGT, Pepe Álvarez.
"En ese sentido, las posibilidades de empleabilidad de la persona, tanto por el entorno geográfico en el que esté viviendo, como por la edad o por la propia formación que tenga la persona, son elementos que tendrían que tenerse en cuenta" a la hora de calcular la indemnización por despido, según Álvarez. "Si tiene personas a su cargo o no, las edades de esas personas, si está de alquiler o tiene que pagar una hipoteca, cuál el la situación económica de la persona que es objeto del despido, los riesgos de vulnerabilidad de colectivos concretos, como la discapacidad o la violencia machista o la proximidad en la jubilación" enumera el sindicalista.
Según Álvarez, es fundamental que el empresario "no conozca la indemnización que le corresponde a cada trabajador, que tiene que cubrir los daños causados a la víctima y que se tienen que pagar los salarios de tramitación, -los que se corresponden con la fecha que va desde el despido hasta que se conoce la sentencia- y que ahora van con cuenta al trabajador". Es decir, UGT pretende que el empresario no pueda provisionar las indemnizaciones por despido, lo que dificulta sobremanera la buena marcha de la empresa.
El sindicalista asegura que el "precio de la indemnización tiene que impedir que al empresario le merezca la pena despedir". Según UGT, las indemnizaciones medias en el país por un despido improcedente está alrededor de 9.000 euros, lo que "no tiene ningún carácter ni disuasivo ningún carácter restaurador. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil", aseguró en la misma línea el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján.
Pepe Álvarez reconoce que "hay criterios que aseguran que la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales no tiene carácter vinculante, pero nosotros no tenemos ninguna duda de que lo tiene".
Tras conocerse la información de UGT, la ministra de Trabajo no ha dudado en asegurar que piensa implantar el despido a la carta. "En el acuerdo de Gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación" avanzó Díaz. Por tanto, tras la reducción forzosa de la jornada laboral que está negociando la ministra con patronal y sindicatos, todo apunta a que el cambio en las indemnizaciones será su siguiente meta. Habrá que esperar a ver cuáles son los colectivos que resultan definitivamente implicados.