El gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada de las primas renovables. Estas sociedades, que cuentan con más de 26 decisiones favorables dictadas por los tribunales de arbitraje del Banco Mundial o la Corte de La Haya, han optado por embargar bienes de nuestro país como medida de compensación ante los impagos del Ejecutivo.
Libre Mercado se ha puesto en contacto con los afectados, que no dudan en expresar su malestar: "desde el punto de vista de las empresas demandantes, invertir en España era seguro porque contábamos con el paraguas de diversos tratados de inversión que nos garantizaban la posibilidad de poder acudir a un arbitraje si acaso se daba un escenario de inseguridad jurídica. Fue ese entendimiento el que animó a los afectados a invertir más de 70.000 millones de euros en el país".
Como es bien sabido, España se ha convertido en el país que ha acumulado un mayor número de reclamaciones internacionales y, a raíz de los incumplimientos del gobierno, el Reino figura también en cabeza del ranking que estudia el número de impagos ligados a este tipo de sentencias: "al negarse a cumplir con sus obligaciones, España se ha situado en un escenario de incumplimiento sólo comparable al de países como Rusia o Venezuela, que llevan años incurriendo en este tipo de conductas propias de economías donde no hay imperio de la ley".
Las empresas que operaban plantas e infraestructuras energéticas "verdes" en nuestro país recuerdan que se han visto "obligadas a litigar contra España en busca de una compensación justa por lo sucedido con las primas. Creemos que las reclamaciones atendidas por los tribunales se situarán finalmente en el entorno de los 2.000 o 2.500 millones, que son una fracción de los 70.000 millones invertidos en España por los afectados y también suponen un 75% menos de lo reclamado originalmente. Por lo tanto, el gobierno debería buscar ya una fórmula de pago y acabar con esta actitud de incumplimientos reiterados".
Los acreedores recuerdan que "esta situación de inseguridad jurídica provoca el rechazo de los inversores internacionales y hace muy difícil la atracción y retención de capital extranjero, especialmente en un sector como el energético, donde los proyectos exigen mucha seguridad jurídica y compromisos a muy largo plazo. España debe cumplir con sus obligaciones y respetar sus compromisos en el marco del derecho internacional. La incautación de activos soberanos y la declaración de suspensión de pagos que se han derivado de los impagos del Gobierno a las empresas afectadas son una vergüenza que España no puede permitirse más, ya que la credibilidad del país como destino de inversiones está cada vez más socavada".
Según explican a Libre Mercado, "Teresa Ribera sabe que esto se puede arreglar, que este desaguisado tiene que solucionarse. De hecho, sabe que estamos por la labor de llegar a un acuerdo que permita poner fin a los litigios. Incluso contemplamos reinvertir parte de las indemnizaciones en España, sea mediante bonos verdes u otra solución que tenga sentido para todos. Pero no tiene sentido seguir en esta situación y los embargos no van a parar de acumularse si el gobierno no se sienta a hablar con nosotros de forma constructiva".