La labor del Gobierno de Pedro Sánchez parece centrarse en dos vías: regalar al separatismo todo lo que pida para seguir en el sillón y permitir a Yolanda Díaz lanzar una ocurrencia tras otra sin evaluar el daño provocado por sus políticas. El partido de la vicepresidenta comunista, Sumar, acaba de redactar una exigencia "sobre el confort climático como derecho social".
Y lo hace cuando España ha recibido esta pasado mes de febrero el galardón de Unicef como país con mayor tasa de pobreza infantil de la UE: tiene a más de dos millones de menores de edad (el 28% de la población infantil y adolescente) viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social. O cuando España se ha certificado como el tercer país europeo con mayor riesgo global de exclusión social: El 26,5% de toda la población española estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, una tasa que crece con respecto a 2022 y que sitúa a nuestra economía como la tercera con peor nota de toda la Unión Europea (UE), según Eurostat. Sólo tienen peores datos Rumanía y Bulgaria. De hecho, España acaba de adelantar en exclusión social a Grecia.
Pues bien, con ese currículum en materia de lo que este Gobierno califica como "escudo social", Yolanda Díaz considera prioritario lograr el reconocimiento como derecho "social" del "confort climático". Que es algo así como el derecho a no tener calor ni frío. Porque en esa línea van las exigencias de los más comunistas del Gobierno de Pedro Sánchez.
En primer lugar, Sumar reclama "fomentar la creación de redes de refugios climáticos naturales y urbanos, con el fin de cumplir el derecho de la población a acceder a espacios de confort climático, así como la climatización sostenible de equipamientos públicos que concentran población, como los centros educativos o las residencias para personas mayores, dotando todo ello de recursos para las diferentes administraciones competentes".
En segundo lugar, Sumar reclama "un fondo específico para las administraciones competentes, acordado con los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias, para impulsar una red de refugios climáticos, especialmente adaptados para las olas de calor y que aseguren el confort térmico y el acceso a agua de manera gratuita, así como la garantía de acceso a toda la ciudadanía a menos de diez minutos de su vivienda".
Por si el gasto fuera poco, el partido de Yolanda Díaz pide "la creación de una red de expertos especializados en urbanismo, arquitectura, medio ambiente y sociología para proveer de herramientas y propuestas a los municipios con el fin desarrollar políticas de adaptación al cambio climático haciéndolos más resilientes, dotadas de los recursos necesarios por parte del Estado". Traducido: una lluvia de asesores con licencia para gastar dinero público.
En cuarto lugar, Sumar reclama "transferir los recursos necesarios hacia las administraciones competentes para la adaptación de las ciudades al aumento de las temperaturas, marcando objetivos de confort climático". Es decir, dinero.
Y, por último, "poner en marcha programas de preparación, protección y educación de la población en riesgo, en colaboración con las administraciones autonómicas y municipales, que permitan identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad de cada comunidad y desarrollar sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación ante las emergencias climáticas".
Todo ello porque, según Sumar, "a falta de una reacción global para revertir los efectos que causamos en nuestro entorno mediante políticas que hagan disminuir la contaminación, y más allá de los compromisos adoptados en las cumbres climáticas, hacen falta medidas concretas para paliar las consecuencias del cambio climático que ya sufrimos hoy y que seguirán aumentando en el futuro próximo".