En un giro de última hora, Junts frenó este martes la tramitación de la Proposición de Ley que pretendía limitar los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones, una iniciativa impulsada por Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG, y apoyada por el PSOE. A pesar de que los independentistas habían anunciado por la mañana que se abstendrían, finalmente optaron por votar en contra, lo que deja en el aire la tramitación de una reforma que, según los expertos, terminaría por dinamitar el mercado del alquiler, ya reducido a la mínima expresión por culpa de la polémica Ley de Vivienda.
La pregunta es si este es el punto final o si la izquierda volverá a la carga hasta conseguir su propósito. "En mi opinión, van a seguir erre que erre, porque no tienen nada más que ofrecer en materia de alquileres y porque son mensajes dirigidos a sus electores para que vean que hacen algo", advierte José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, quien no resta ni un ápice de gravedad al texto que este martes se presentó en el Congreso de los Diputados. "Se han cargado los alquileres tradicionales y, con estas medidas, se cargarían los alquileres de temporada y los de habitaciones", sentencia.
Con los cambios que plantean, estos últimos pasarían de estar regulados por el Código Civil a estar sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, los expertos no creen que la izquierda lograse la mayoría que exige una reforma de tal calado. Mucho más les preocupa, sin embargo, todo lo que tiene que ver con los alquileres temporales. El polémico texto plantea, entre otras cosas, limitar este tipo de alquiler a seis meses, imponer una fianza máxima de media mensualidad y permitir a los inquilinos que puedan irse sin penalización pasado el primer mes o que hagan las obras que consideren oportunas y resten el coste de la renta del mes siguiente.
"Lo que les molesta es que los propietarios hayan huido del alquiler de larga duración a estas otras modalidades para buscar una mayor seguridad ante una regulación muy estricta y unos procedimientos de desahucio que se eternizan, pero lo que no se dan cuenta es de que una mayor intervención solo serviría para que los propietarios vendan, no para que vuelvan al alquiler tradicional", advierte Lorenzo Colino, CEO de Renta Garantizada, que, al contrario que Zurdo, confía en que, tras el varapalo de Junts, la reforma se guarde en el cajón.
Seis meses como máximo
El texto de la proposición presentada en el Congreso no solo exige "que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de la temporalidad", sino que también impone una duración máxima para este tipo de contratos. "La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes, no pudiendo exceder de seis meses", rezaba el nuevo artículo 9 bis.
"Esto directamente dejaría fuera a muchos colectivos. Los estudiantes, por ejemplo, serían los primeros perjudicados, porque el curso escolar acaba en mayo, con lo que ya nos iríamos a 8 o 9 meses y, por tanto, con esta reforma, ya tendrían que irse a un alquiler tradicional -advierte el director de la Agencia Negociadora del Alquiler-. Y la pregunta, en este caso, es si los cada vez menos propietarios que quedan en esta modalidad, y lo que buscan es seguridad, se decantarían por este perfil".
Lo mismo sucedería con aquellas familias que fueran a hacer una reforma en su casa que dure más de seis meses o con trabajadores desplazados, añade Colino. "Y hay muchísimos inquilinos que vienen a desarrollar una labor a una ciudad concreta durante 9, 10 o incluso 18 meses. La temporalidad debería vincularse más a la finalidad y no la duración, porque esa gente ya tiene su vivienda habitual en otro sitio", defiende.
Contratos de un mes
Igualmente controvertido resulta el capítulo relativo al desistimiento: "El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que haya transcurrido al menos un mes desde su formalización, comunicándolo al arrendador con diez días de antelación, sin que en ningún caso dé derecho a indemnización", proponía la reforma del artículo 11.
"Plantear que el inquilino pueda irse al mes y sin penalización es una aberración, porque el propietario se encontraría con que en un plazo de 6 meses puede llegar a tener tres inquilinos y perder tres meses de renta, porque entre que uno se va, se busca a otro y se pone fecha para la firma, puede pasar un plazo de un mes perfectamente -advierte Zurdo-. No habría ningún arrendador que quisiera suscribir algo así, que le genera tanta inseguridad. Es una barbaridad. Y solo con eso ya se cargarían el alquiler de temporada".
Media mensualidad de fianza
A ello se sumarían las limitaciones a la fianza que se exige en depósito. "En el caso de los arrendamientos temporales, el valor de esta garantía no podrá exceder de la mitad de una mensualidad de la renta", establecía el texto impulsado por Sumar y apoyado por el PSOE. "Con la experiencia que tenemos, te puedo decir que en más de un 90% de los casos, la fianza actual es insuficiente, así que con media mensualidad no se cubrirían ni de lejos los incumplimientos", alertan desde la Agencia Negociadora del Alquiler.
"Simplemente con que el inquilino deje de pagar la última renta alegando que para eso ya está la fianza, ya estás vendido. Y eso sin contar con que siempre va a haber desperfectos en las casas o que los suministros del último mes casi siempre quedan pendientes. Y para eso estaba la fianza, pero con media mensualidad es claramente insuficiente", explica Zurdo.
Obras sin permiso
Por último, la iniciativa de Sumar también planteaba la posibilidad de que los inquilinos pudieran acometer determinadas obras sin el consentimiento de los propietarios, cargándoles, sin embargo, su coste: "El arrendatario deberá ponerlo en conocimiento del arrendador en el más breve plazo desde su detección o conocimiento, quien vendrá obligado a responder en el plazo máximo de cinco días hábiles, transcurridos los cuales, sin respuesta, se entenderá que el arrendatario podrá hacer las reparaciones necesarias, exigiendo de inmediato su importe al arrendador o, en su defecto, previa justificación al arrendador, descontando su importe del precio de la renta del arrendamiento del mes siguiente".
"Esto nunca se ha permitido por dos razones -explica Zurdo-. En primer lugar, porque cualquier obra requiere un control, ver qué calidades se ponen, etc., porque igual no son las que el propietario desearía. Pero, además, porque hasta ahora un juicio de desahucio por impago de rentas se basaba estrictamente en el hecho objetivo de que había un impago. Si admitidos ahora que podamos justificarlo porque se han hecho unas obras, entonces se está desvirtuando el mismo proceso de desahucio y se abre la puerta a muchísimas reclamaciones".
La estocada final al mercado del alquiler
Con todo, el director de la Agencia Negociadora advierte de que, si estas cuatro medidas salieran adelante, lo único que se conseguiría sería que hubiera más viviendas en venta y menos en alquiler: "El alquiler tradicional está sumamente intervenido, con lo cual esta se ha convertido en la válvula de escape, pero si ésta también la cerramos, pues al final la salida más fácil será la venta y buscar otro tipo de inversiones en oficinas o en locales, que siguen sin estar intervenidos".
En la misma línea se manifiesta también Lorenzo Colino, CEO de Renta Garantizada: "Lo que está claro es que se destruiría vivienda en alquiler. Cien por cien seguro. Los propietarios las venderían y las grandes compañías que han venido aquí a comprar activos para alquilarlos en cortas estancias, huirían, por lo que perderíamos un foco de inversión muy importante".
Precisamente por eso, el experto insiste en que la izquierda debería replantearse tanto el problema como la solución. "Lo que realmente busca el propietario a la hora de alquilar su vivienda es seguridad y tranquilidad, que el inquilino al que le van a confiar su casa les ofrezca unas garantías y que no se declare vulnerable y eso le genere una indefensión y le empuje a un procedimiento judicial largo. Por tanto, si lo que se quiere es dinamizar el mercado, hay que buscar una solución en esta línea y no aprobar estas medidas que conseguirían justo lo contrario, como ha hecho la Ley de Vivienda", advierte Colino, quien llama la atención sobre un detalle que demuestra su teoría. "Decantarse por el alquiler de temporada implica renunciar a la desgravación del 50% en el IRPF, así que fíjate como será la cosa, que prefieren pagar más, pero sentirse seguros", subraya.
"Si a un okupa se le pudiera echar en 24 o 48 horas, muchas casas volverían al mercado del alquiler tradicional, pero si encima a esa sensación de inseguridad se suma un excesivo intervencionismo, pues claro, la gente huye -añade José Ramón Zurdo-. Así que, si esto se solucionara, no solo se recuperarían muchas viviendas, sino que, además, como consecuencia de ello, bajarían los precios".