
Tras conocerse que las compañías que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) han decidido levantarse de la mesa de negociación para el nuevo concierto por una oferta "insuficiente" del Gobierno (que planteó una subida de la prima del 14% mientras las compañías demandan hasta un 40%), la sanidad privada ha alertado de una operación que busca acabar con el sistema.
Según la patronal de la sanidad privada, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la oferta remunerativa del Gobierno, inferior a la que se había filtrado y por la que ya habían protestado las aseguradoras, busca "de forma deliberada" que la responsabilidad del fin del modelo "recaiga en el sector sanitario privado".
En el marco de las negociaciones entre Gobierno y compañías aseguradoras para la renovación del modelo Muface, ASPE considera que la oferta de remuneración realizada se sitúa "muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras", ya que "el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada" y el servicio sería deficitario "ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios".
En opinión de ASPE, el fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública "está firmado en los despachos del Gobierno de coalición". Cabe recordar al respecto que Sumar ya propuso su eliminación "paulatina" antes de las elecciones del 23J y que acabar con este privilegio para los funcionarios también había sido una exigencia de Podemos.
Desde la sanidad privada, se señala, citando un informe de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Alianza de la Sanidad Privada Española, que en 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años. Esto supone un aumento de más de tres años y medio respecto a una década atrás, pues en 2013 era de 54,2. Según este informe "el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria".
Para ASPE, si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima "significativo" que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio, "no existe posibilidad de renovación del acuerdo" y, por tanto, "desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025" y sus beneficiarios pasarían a estar atendidos por la sanidad pública.
"La financiación insuficiente ya existente durante los últimos años ha generado una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras han seleccionado de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se han visto obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las tarifas actuales", señalan.
En el comunicado, señalan además declaraciones desde el Gobierno que ven en la línea de una liquidación de Muface. Apuntan que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmó recientemente que el paciente mutualista "no tiene una alta complejidad de cuidados crónicos". Desde ASPE consideran que con estas declaraciones Padilla avaló la posibilidad de que el sistema público pueda asumir a partir del 1 de enero casi 1,2 millones nuevos de pacientes mutualistas (suponen el 78% de los 1,5 millones de funcionarios).