Primer informe del Banco de España sobre la vivienda con José Luis Escrivá al frente. El organismo que dirige el exministro socialista publicó ayer miércoles un documento de 66 páginas titulado "El mercado del alquiler de vivienda residencial en España" que ha sido muy comentado.
Varios medios de comunicación destacaron como novedad que el organismo empezaba a justificar la "intervención" en el mercado del alquiler, lo que interpretaban como un aplauso a las políticas del actual Gobierno, para más inri, tras la llegada de uno de sus miembros al puesto de máxima responsabilidad. "Un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública" señaló el Banco de España.
Sin embargo, lo cierto es que esta no es la primera vez que el organismo emite una opinión casi idéntica. "La existencia de problemas de acceso a la vivienda, tanto en el mercado de compraventa como en el del alquiler genera distintas implicaciones socioeconómicas adversas que justifican la intervención pública en el mercado de la vivienda" apuntó el organismo el pasado mes de abril en otro informe sobre el sector con Pablo Hernández de Cos todavía a los mandos.
Eso sí, en el antiguo documento, el Banco de España criticaba duramente las políticas aplicadas por el Ejecutivo de Sánchez para intentar contener los precios de la vivienda. Ahora, se han olvidado de las nefastas repercusiones de algunas de ellas.
Lo que decía el BdE en abril
Una de las críticas fundamentales del Banco de España en abril sobre las políticas del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda era que la desprotección del propietario provocaba que la oferta de vivienda en alquiler saliera del mercado.
"Durante los últimos años, la administración central ha introducido diversas medidas con el objetivo de aliviar los problemas de sobresfuerzo en el mercado del alquiler y de dotar de mayor protección a los arrendatarios. Entre estas actuaciones sobresalen la ampliación de la duración de los contratos de alquiler, la fijación de limitaciones en las actualizaciones anuales de las rentas del alquiler en niveles inferiores al IPC y el endurecimiento de los supuestos y condiciones de desahucio en el caso de hogares en situación de vulnerabilidad social" recordaba el Banco de España antes de llegar Escrivá.
Y esta protección al inquilino a costa de desproteger al propietario influía en la oferta de pisos en alquiler. "Algunas de estas actuaciones pueden generar efectos no deseados en el nivel y en la composición de la oferta de vivienda en alquiler, así como en los precios de los nuevos contratos80. En particular, como resultado de la mayor protección para los inquilinos más vulnerables, se eleva el riesgo de impago para los propietarios, lo que podría resultar en un incremento del precio del alquiler —por una mayor prima de riesgo— o en una reducción de la oferta de alquiler disponible para estos hogares vulnerables. Por ejemplo, esta oferta podría sustituirse en forma de alquileres de habitaciones o por períodos inferiores al año, modalidades en las que los inquilinos disponen de menor protección" avisaba el texto.
En este sentido, "en un contexto de aumento de los costes, tanto operativos como de construcción de vivienda, la extensión temporal de la vigencia de los contratos de alquiler y su combinación con actualizaciones de rentas anuales por debajo del IPC disminuyen los incentivos para aumentar la oferta de alquiler. Estos desincentivos serían mayores en el ámbito de las personas jurídicas, ya que los inquilinos de estas entidades han recibido una mayor protección" añadía el texto.
Otra medida que pedía el organismo al Ejecutivo era "reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria. En particular, deben evitarse modificaciones periódicas de las normativas que afecten a las principales condiciones de los contratos de alquiler vigentes (...) y un mayor desarrollo del mercado de seguros del alquiler de vivienda que ampliara su limitado alcance actual. Esta medida podría complementarse". Además, también clamaban por agilizar los desalojos: "Una agilización de los procedimientos administrativos y judiciales en caso de impago, así como un incremento de las compensaciones a los propietarios con inquilinos vulnerables que no pueden satisfacer las rentas del alquiler y a los que el sector público no ha podido ofrecer una alternativa habitacional".
Lo que dice ahora
Sin embargo, ahora, los motivos que apunta el organismo que dirige Escrivá para explicar la falta de oferta ignoran por completo la indefensión del propietario.
"El crecimiento de la oferta de alquiler residencial se habría visto limitado por la aparición de usos alternativos de la vivienda (alquiler turístico y de temporada), un reducido parque de alquiler social y un modesto peso relativo del sector privado institucional en un mercado de alquiler de vivienda dominado por particulares que no son grandes propietarios" señalan. También responsabilizan a "la falta de suelo finalista", que bien es cierto que es otro de los factores clave.