El PP ha llevado al Congreso el calendario de cierre de las centrales nucleares y los planes del Gobierno de enterrar la industria nuclear española. En una proposición no de ley que deberá debatirse en pleno, los populares piden debatir sobre la energía nuclear, que consideran "una pieza estratégica para el equilibrio del sistema eléctrico nacional" y subrayan que pese al "resurgimiento" de este tipo de energía "España es el único país del mundo que ha rechazado mantener su parque nuclear y ampliar su vida útil bajo criterios de seguridad energética".
En la proposición no de ley, los populares instan al Gobierno a extender "la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país", con el acuerdo del CSN y los titulares de las instalaciones y "atendiendo a criterios técnicos y económicos". Además, reclaman al Ejecutivo, al que han demandado las eléctricas por la subida de tasas nucleares, que "facilite la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares de modo que refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero".
La proposición de los populares pide también la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático, que aprobó en 2021 el PSOE con los votos de sus socios y la abstención del partido de Feijóo. El artículo que mencionan se refiere a la extracción de uranio en España y al procesado de ese mineral. En concreto, decreta que no se admitirán nuevas concesiones de minería ni tampoco de "instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear" en una norma que desde el sector se interpretó como una respuesta a los intentos de abrir una mina en Salamanca.
1. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.
2. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Los populares también piden "diálogo comprometido" con las zonas afectadas por los cierres (recordando que la industria nuclear española es "fuente de empleo de unas 28.500 personas") y reclaman informes a la CNMC sobre "el impacto económico del cierre nuclear programado" y a Red Eléctrica Española sobre "las implicaciones para la garantía de suministro".