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Fedea pide prorrogar las centrales nucleares hasta 2068: "No existe aún una alternativa realista"

Los costes de la energía podrían subir un 9% y las emisiones de CO2 se incrementarían un 15%.

Los costes de la energía podrían subir un 9% y las emisiones de CO2 se incrementarían un 15%.
Central nuclear de Almaraz | Cordon Press

El cerrojazo de la energía nuclear introducido en su día con la moratoria de Felipe González y certificado finalmente por decisión de Pedro Sánchez y Teresa Ribera choca con las recomendaciones de Fedea, que ve factible extender la vida útil de las centrales y reactores de nuestro país hasta 2048 y, probablemente, hasta 2068.

El think tank acaba de publicar un estudio en el que uno de sus expertos, Javier Revuelta, toma nota de los planes que ha anunciado la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos, que viene de evaluar la operativa de casi 100 reactores radicados en el país norteamericano. Dicha revisión hará que 81 de estos reactores funcionen hasta los 60 años, mientras que 8 más lo harán hasta los 80 años. Entre las infraestructuras analizadas se incluyen dos reactores de una central con idéntico diseño al observado en España en Alcaraz y Ascó.

Así, "bajo el supuesto de que los los requisitos de seguridad y las consiguientes inversiones fuesen estimadas rentables bajo la regulación vigente", Fedea ve posible llevar la vida útil de sus reactores durante varias décadas, concediendo licencias prorrogables cada diez años y evitando así el calendario de cierres que el gobierno ha puesto encima de la mesa.

El problema de fondo no lo tienen las empresas propietarias, "puesto que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP son compañías ampliamente diversificadas que sin duda pueden sobrevivir en un entorno sin producción de energía nuclear en España, puesto que un escenario futuro sin nucleares conlleva un aumento del precio de mercado en relación con un escenario futuro con nucleares".

Así, el estudio de Fedea cita trabajos de la consultora AFRY que compara el impacto de cerrar las nucleares siguiendo el plan de Sánchez y Ribera con la perspectiva de una extensión de su operativa por seis décadas. Dicho cálculo "arroja que, en los años posteriores al cierre, se produciría un incremento medio del precio de mercado del 9%, un incremento de la producción de ciclos combinados del 46% y un incremento en las emisiones de CO2 del sector eléctrico del 15%".

El cese de operaciones anunciado por el gobierno tendría lugar de 2027 a 2035, con un periodo posterior dedicado al desmantelamiento de las instalaciones. Sin embargo, Fedea propone "abrir una discusión. ¿Se imagina alguien que una empresa privada, propietaria de un aeropuerto, un puerto, o una autopista, construidos bajo un entorno regulado, decidiesen unilateralmente cerrar tales infraestructuras estratégicas para el país y la economía, además en perfecto estado de funcionamiento? ¿Y se concibe que un Gobierno accediese al cierre, argumentando que ‘se trata de una decisión privada’, y que el sector ya está desarrollando otras formas de transporte como el autobús eléctrico o la bicicleta?".

"No existe aún una alternativa realista"

"Antes de cerrar el parque nuclear, debería valorarse un amplio conjunto de cuestiones, entre las que habrían de incluirse al menos (1) la proyección del consumo eléctrico futuro a 30 años vista, (2) el impacto sobre los precios del mercado mayorista y minorista en un escenario base, (3) el impacto sobre la volatilidad de los precios de posibles precios extremos en los combustibles, como los vividos en 2021-2023 con la crisis de Ucrania, o (4) el impacto sobre las emisiones derivado de cesar o de extender el tiempo de funcionamiento de las nucleares". Asimismo, Fedea también pide reflexionar sobre otras cuestiones, como la gestión de los residuos, el impacto de decisiones así sobre el sector de las renovables, etc.

El informe considera que "no existe aún una alternativa realista basada en suficientes energías renovables y almacenamiento que proporcione similar nivel de seguridad de suministro, emisiones y precio, habida cuenta de las dificultades en la tramitación administrativa para la generación eólica, así como la ausencia de proyectos de almacenamiento con potencia y energía suficientes para remplazar la producción nuclear".

Fedea destaca que, "en Europa, un total de 15 países tienen proyectos nucleares en marcha, bien en fase de construcción (Francia, Eslovaquia, Reino Unido, Turquía), bien planificados (Hungría, Rumanía, Bulgaria, Finlandia, República Checa), bien propuestos (Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia). Además, Italia planea suspender la prohibición legal de construir reactores y plantear su uso en un referéndum, mientras que dicha prohibición está en discusión en otros países". También se han dado movimientos favorables en Croacia. Más importante aún, la taxonomía aprobada por la Unión Europea ha considerado que la nuclear debe ser considerada una forma limpia de energía, de modo que Bruselas avala por completo esta tecnología.

El informe también pone de manifiesto la emergencia de nuevas tecnologías aptas para el desarrollo de energía nuclear, como las centrales y reactores de cuarta generación o los pequeños reactores SMR. Esta última solución está ya en fase de implementación en dieciocho países, entre los que destacan Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón, Canadá o Corea del Sur. "En suma, a nivel internacional, hay un fuerte resurgir de la tecnología nuclear, especialmente ante las necesidades de descarbonizar y de electrificar el consumo de energía mundial que hoy no es electricidad (el 80% del total). La cuestión relevante no debería ser una elección entre la generación renovable o nuclear, sino el porcentaje de nuclear que necesitamos de modo realista dentro del mix eléctrico para minimizar emisiones, costes y dependencia exterior", zanja el estudio.

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