El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desgrana en esta entrevista en Libertad Digital los principales proyectos y obras en materia hídrica de su departamento, con un interés especial en el abastecimiento y la depuración.
Esta entrevista se enmarca en la celebración de la I Jornada Nacional del Agua, un evento organizado por Libertad Digital con la colaboración del Instituto de la Ingeniería de España y que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre. Esta jornada reunirá a expertos y responsables de la administración pública y empresas de gestión hídrica para debatir los desafíos y soluciones en torno a uno de los recursos más esenciales y escasos: el agua.
¿Cuáles son los principales proyectos en la gestión del agua que está abordando su administración?
Las situaciones de sequía cada vez más frecuentes, unido a las dificultades para mantener la calidad del agua de nuestros acuíferos en los parámetros cada vez más exigentes de la normativa europea y nacional, hacen imprescindible acometer medidas importantes en relación con la disponibilidad de agua potable en calidad y en cantidad y con su tratamiento posterior. En este sentido pretendemos invertir en los próximos años 455 millones de euros en el ciclo integral del agua en Castilla y León, e incrementar las políticas de ahorro de agua promoviendo la modernización de regadíos, eliminando pérdidas de red mediante la sustitución de las redes interiores de abastecimiento con pérdidas de nuestros núcleos de población, así como digitalizar su gestión, como modos de ahorro de este líquido elemento esencial. Por supuesto, siempre seguimos insistiendo en las acciones de educación ambiental en relación con el uso adecuado del agua en los hogares, porque las actitudes ciudadanas siempre son importantes en las políticas ambientales.
¿Qué obras hidráulicas tienen planteadas y en qué estado de ejecución se encuentran?
En lo que atañe a mi competencia, las obras hidráulicas están planteadas en tres ámbitos distintos: abastecimiento, depuración de municipios y depuración en municipios situados en Espacios Naturales Protegidos. Estamos actuando con la colaboración de las Diputaciones Provinciales, con las que la Junta tiene suscritos acuerdos al respecto. No olvidemos que las competencias en materia de ciclo del agua son puramente municipales, pero tanto Junta como Diputaciones tenemos, la primera, una gran vocación municipalista, y la segunda, tiene su razón de ser en el apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Vamos con el primer ámbito...
Es el del abastecimiento de agua para la población en el que movilizamos una inversión total de 180 millones de euros. En este sentido actuamos a su vez en tres líneas de trabajo: la primera, construyendo abastecimientos mancomunados, con los que se trata de extender la distribución de agua de calidad desde una fuente superficial fiable a núcleos con problemas de suministro, consiguiendo una gestión más eficiente y segura. Tenemos prevista una inversión de 65 millones de euros para la construcción y/o mejora de 12 infraestructuras.
La segunda línea es de la renovación y digitalización de redes de distribución de agua potable, con objeto de eliminar tuberías obsoletas (fibrocemento) que generan unas pérdidas de agua inasumibles en el actual contexto (50-60% de pérdidas). Además, digitalizaremos el sistema de contadores con lecturas por radio y con una plataforma tecnológica de control para optimizar el cobro y, por tanto, el ahorro. La inversión prevista asciende a 90 millones de euros, y están actualmente planificándose las obras en las comisiones mixtas que tenemos Junta y Diputaciones Provinciales.
Finalmente, realizamos actuaciones puntuales como nuevos depósitos, sondeos, etc y apoyo a situaciones de sequía a las Diputaciones con una inversión prevista de 25 millones de euros.
¿Cuáles son las principales obras sobre depuración?
El segundo ámbito de actuación es el de la depuración de aguas residuales. Tenemos un objetivo político ambicioso y es conseguir que haya (utilizando la ortografía comercial que tanto se lleva para significar "cero") "Zero" aguas residuales sin depurar en Castilla y León, una meta que en Europa lo podrán decir muy pocas regiones. Para ello, también en colaboración con Diputaciones y Ayuntamientos, actuaremos en tres ámbitos para llevar a cabo una inversión total de 275 M€.
La primera es finalizar las obras de depuración en ejecución en municipios con población superior a 2.000 habitantes equivalentes con 16 actuaciones con una inversión de 25 M€; aquí se incluyen obras que correspondería acometer al Gobierno de España según el Plan Coordinado de Obras de Depuración que se firmó con la Comunidad Autónoma en 2011 y que fueron declaradas de interés general del Estado. En segundo lugar, estamos ejecutando el programa de depuración de municipios entre 500 y 2.000 habitantes-equivalentes, Su finalización está prevista en 2026, con 250 nuevas depuradoras y una inversión total de 125 M€ de los que actualmente tenemos 241 en distinto momento de desarrollo (115 en obras y 126 en otras fases previas).
Finalmente, en el periodo 2024-2028 ejecutaremos el programa de depuración para municipios menores de 500 habitantes-equivalentes que permitirá la construcción de en torno a 1.300 pequeñas infraestructuras de depuración con una inversión total de 125 M€, del cual tenemos ya en marcha 112.
Y finalmente, la depuración en Espacios Naturales Protegidos...
Para terminar, destacar nuestro especial compromiso con la depuración en municipios situados en Espacios Naturales Protegidos, tanto mediante la contribución al mantenimiento y explotación de las instalaciones, aportando el 50% del coste, como priorizando la construcción instalaciones de depuración, como estamos haciendo en los Espacios Naturales de Montaña Palentina, Hoces de Vegacervera y Babia.
¿Es necesario un Pacto Nacional del Agua? ¿Es posible en la situación política actual?
El agua es un recurso preciado que hay que cuidar y que exige una plantificación y gestión seria, solidaria, responsable y precisa, y evidentemente a largo plazo. Los ríos y masas de agua son de todos en general y de nadie en particular, a pesar de que los cauces que los albergan tengan una u otra situación geográfica en la península. Consecuencia de ello es que el principio de igualdad de todos los españoles que garantiza nuestra Constitución lo es también para el acceso a un recurso básico como es el agua, tanto para el consumo como para la actividad económica, de modo que este es uno de esos pactos imprescindibles en los que, especialmente, los partidos políticos y los territorios deben tener altura de miras, responsabilidad y generosidad.
Un Pacto Nacional del Agua puede ser muy beneficioso, especialmente en contextos donde la gestión del agua resulta compleja. Nos permitiría fomentar la colaboración entre diferentes sectores, garantizar un uso sostenible de los recursos hídricos y abordar problemas como la escasez, la contaminación y un acceso equitativo, dando respuesta a los nuevos problemas originados por el clima mediante políticas de consenso y largo plazo. En resumen, un Pacto Nacional del Agua podría ser una herramienta clave para asegurar un manejo responsable y sostenible de este recurso vital.
¿Es necesaria la colaboración de las administraciones con el sector privado para una correcta gestión del agua?
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de regular y garantizar el acceso al agua, también de financiar y construir infraestructuras básicas, especialmente en entornos rurales. El sector privado aporta inversión, eficiencia e innovación en la gestión, en un marco regulatorio claro y con plazos adecuados.
El trabajo coordinado de administraciones y empresas especializadas permite desarrollar soluciones más efectivas para problemas de infraestructura y gestión, así como la implementación de tecnologías avanzadas y prácticas más sostenibles. La disponibilidad de agua para usos industriales intensivos se ha convertido en un factor muy importante para la ubicación de la nueva industria energética (hidrógeno verde, metanol, etc.); en este contexto se acentúa la importancia de esta colaboración público-privada para conseguir tecnologías más eficientes y sostenibles en el uso del agua.
¿Qué papel juega la Unión Europea en la gestión del agua en España?
Juega un papel muy importante. Primero en la exigencia, pues son Directivas y Reglamentos Europeos los que imponen exigencias de calidad, ahorro y buena gestión en el ciclo del agua que tenemos que aplicar. Recordemos que en la cesión de soberanía que supone la pertenencia a la Unión Europea está que dicta normas que son tan aplicables y obligatorias para Administración, empresas, entidades y ciudadanos como nuestra Constitución.
Pero también juega un papel importante en la financiación para alcanzar los objetivos que se exige a los Estados miembros. Cierto es que el ciclo del agua ha sido un eje fundamental de las ayudas estructurales y de cohesión para Castilla y León, pero desgraciadamente hoy ni los fondos FEDER ni los fondos extraordinarios Next Generation, tienen al ciclo del agua como un objetivo prioritario y únicamente puedo destacar las ayudas para los Planes de Digitalización del ciclo del agua. Pero lo que ha llegado a Castilla y León lo hemos aprovechado al máximo.
También tengo que destacar las líneas de financiación que entidades financieras europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco del Consejo de Europa (BCE) han formalizado con nuestra Comunidad para acometer inversiones en el ciclo del agua, entre otros objetivos.
¿Qué espera su Administración de la nueva Comisión liderada por Úrsula von der Leyen para los próximos 5 años?
Esperamos un enfoque renovado en la sostenibilidad y la descarbonización de la sociedad, ya iniciado con la anterior composición. La Comisión ha manifestado su compromiso con la mejora de la gestión del agua, la economía circular y la protección de los ecosistemas acuáticos. España podría esperar un mayor apoyo en la ejecución de políticas que fomenten la eficiencia en el uso del agua, la inversión en infraestructuras sostenibles y la adaptación a los desafíos climáticos.
La colaboración de la UE es crucial para Castilla y León y para España en la gestión del agua, pues aún precisamos importantes inversiones en infraestructuras, especialmente en un escenario de rigurosidad climática que incide de forma más grave en el sur de Europa y en regiones como la nuestra
¿Cómo es la colaboración actual con el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia? ¿Creen que su política es la adecuada?
La colaboración es variable y sus políticas muy insuficientes. Por un lado, como antes decía, en el plan España Puede que el Gobierno de Sánchez presentó a Europa para la petición de fondos Next Generation, no se dio a la gestión del agua la importancia que requiere en un país como el nuestro, y no se apostó al nivel necesario para resolver los graves problemas estructurales que arrastra este país. Esto es especialmente reprochable pues siendo todos los objetivos de estos fondos importantes, el agua no es un objetivo inferior al más relevante del resto de ellos.
Por otro lado, ya lo he mencionado: después de muchos años el Gobierno de España sigue sin acometer obras de depuración declaradas de interés general en Castilla y León, lo que pone a las claras cuál es el compromiso del Gobierno por nuestros pueblos y la calidad de los servicios públicos básicos como el que estamos comentando.
En tercer lugar, el posicionamiento del Gobierno sobre los regadíos, manteniendo una postura restrictiva y crítica con estos, resulta muy negativa para abordar infraestructuras agrícolas modernas y eficientes, y desde luego no la compartimos en absoluto. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta tiene un ambicioso programa de regadíos que lleva oportunidades a nuestro medio rural con el menor sacrificio posible de agua.
¿Cómo va la elaboración del Libro Blanco del Agua?
El Libro Blanco de la Economía del Agua en Castilla y León es un esfuerzo significativo para abordar los retos hídricos de la Comunidad desde una perspectiva integral y sostenible. Las estrategias propuestas en el documento buscan mejorar la eficiencia en el uso del agua, promover la sostenibilidad ecológica y adaptarse a los efectos de los extremos del clima. Para que estas propuestas sean efectivas, será necesario un compromiso político fuerte, la coordinación entre administraciones y sectores, y acometer de forma decidida acciones concretas y tractoras, especialmente en términos de infraestructuras y tecnologías innovadoras. Los trabajos del Libro Blanco están ya iniciados, y en este sentido llevamos tiempo trabajando con la Universidad de Salamanca para hacer esta radiografía del diagnóstico y valoración de lo actuado y de las políticas que deben guiar el futuro del agua en Castilla y León.