El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha desestimado la petición de España para una revisión en pleno de tres casos relacionados con el reconocimiento de laudos arbitrales emitidos por el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Dichos fallos condenan a España por retirar de forma retroactiva las primas ofrecidas a las energías renovables.
Ante el impago de las indemnizaciones previstas, las copañías afectadas han denunciado a nuestro país ante la justicia norteamericano. Entre los casos que España quería impugnar destaca el de NextEra, empresa estadounidense a la que nuestro país debe pagar 290 millones de euros, más 5 millones en intereses de demora. Otro de los casos afectados es el de 9REN, vehículo que debe recibir 40 millones de euros y 3,5 millones en intereses. Por último, está la compensación pendiente a JGC, que tramita Blasket Renewable Investments y lleva aparejada una compensación de 23,5 millones, además de 5,5 millones en intereses de demora.
Este fallo judicial del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, emitida con fecha 2 de diciembre de 2024, supone un nuevo varapalo judicial para España, que lleva años intentando anular el reconocimiento internacional de estos laudos para frenar los embargos de bienes y activos soberanos que se pueden derivar de estos procesos.
La Abogacía del Estado inició su intentona de anular el reconocimiento de estos tres casos en Estados Unidos en febrero de este mismo año. La magistratura estadounidense considera que nuestro país intenta eludir consecuencias legales legítimamente derivadas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), bajo cuya jurisdicción se emitieron los fallos. Dicho tratado fue clave para que los inversores reclamaran la protección de sus derechos y activasen procedimientos de arbitraje tras las reformas retroactivas de las primas renovables acometidas entre 2010 y 2013.
Además de los tribunales estadounidenses, países como Australia, Bélgica y Reino Unido han fallado en contra de España. En esta nueva sentencia, la decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha sido unánime, puesto que ningún magistrado consideró justificada la revisión completa solicitada por España. Incluso la intervención de la Comisión Europea como amicus curiae no logró cambiar la postura del tribunal.
Esta nueva decisión acerca la ejecución de los laudos en suelo estadounidense, aumentando la presión sobre el Gobierno español para saldar estas obligaciones millonarias. En el caso de JGC, los tribunales estadounidenses ya han indicado que reconocerán el laudo como una sentencia nacional, un precedente que probablemente se replicará en los litigios de NextEra, 9REN y otros inversores que aún esperan resolución.
Este fallo supone otro capítulo en la interminable disputa legal que surgió tras los recortes retroactivos a los incentivos a las energías renovables. Tales medidas, adoptadas entre 2010 y 2013, provocaron un aluvión de demandas internacionales. Actualmente, España enfrenta 25 laudos pendientes de pago que suman 1.560 millones de euros. A esta cifra se añaden 330 millones en intereses y costas judiciales, tal y como detalla la plataforma SpanishRenewableDebt.com, habilitada por las empresas afectadas para denunciar la situación que han precipitado los impagos del gobierno español.