
Anda el sector energético revuelto a cuenta del famoso impuesto eléctrico del 7% que está creando un cisma entre los múltiples socios del ejecutivo español. La izquierda de la izquierda (Podemos, Bildu y el BNG) quiere perpetuar ese impuesto por aquello de que las eléctricas son la antonomasia del capitalismo explotador que se lucra con el sufrimiento ajeno y cuyos altos ejecutivos gozan lo más grande desde sus Lamborghinis cuando ven a alguien que no puede hacer frente a su factura mensual de la luz.
La derecha de la derecha (el PNV) se opone al impuesto porque, en realidad, no es un impuesto "al uso". Yo tampoco sé lo que significa esto, pero por ir al grano, las haciendas forales no pueden gestionar el tema como a ellas les gustaría. Es decir, están en contra porque no pueden quedarse la pasta, no se vayan a creer que tienen algún tipo de consideración moral al respecto.
Ese impuesto lo estableció el Partido Popular allá por el año 2012 para tratar de solucionar el inmenso agujero financiero en el que se encontraba el sistema eléctrico a causa de las multimillonarias primas a las energías renovables. Por supuesto, lo aderezaron con una buena dosis de buenismo eco-sostenible, medioambiental y resiliente. Todo se hacía con la coartada de la protección medioambiental pero únicamente era una burda excusa recaudatoria.
¿Cómo vamos a creer que un impuesto se establece con carácter medioambiental cuando afecta a todas las tecnologías por igual? ¿Cómo vamos a creer que un impuesto tiene un fin medioambiental cuando pagan igual las centrales solares que las de carbón? Esa misma Ley del año 2012 estableció, además, dos impuestos adicionales a las centrales nucleares, que no emiten CO2 en su operación y producen el 20% de la energía de España de manera limpia. A las nucleares les calzaron tres impuestos en esa Ley, al carbón y al gas solamente uno. Todo por el clima y la sostenibilidad.
Cuando se establece un impuesto a un productor de cualquier cosa, aumentan los costes de producción y, por tanto, el precio. Habrá una parte que las empresas eléctricas no puedan repercutir a sus clientes (dependerá de la elasticidad) y esto les penalizará. Pero es igual de obvio que una parte de esa presión fiscal la acabamos pagando los ciudadanos.
Si la electricidad tiene un problema de altos precios, ¿alguien cree que se va a solucionar poniendo impuestos a los productores de electricidad? El sistema eléctrico español necesita un clima de estabilidad jurídica y de certidumbre regulatoria. Necesitamos abordar inversiones multimillonarias que aseguren el suministro energético de manera fiable y competitiva. No podemos perpetuar medidas populistas que desincentiven la inversión y, sobre todo, no debemos mantener un impuesto que se estableció para solucionar un déficit de tarifa que ya no existe. Si el problema ha desaparecido, los parches ya no hacen falta.