El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es una institución del Banco Mundial encargada de resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros a través del mecanismo de los arbitrajes internacionales. Dichos procedimientos reúnen a ambas partes bajo la coordinación de un tribunal compuesto por tres expertos consensuados por las empresas afectadas y los gobiernos demandados.
Tal y como ha trascendido hace apenas 24 horas, España lidera por segundo año consecutivo el Índice de Incumplimiento de Laudos Arbitrales que elabora el jurista holandés Nikos Lavranos. Nuestro país figura en cabeza de dicho ranking tras haber impagado 25 laudos que obligan al Reino a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. Entre los denunciantes que derrotaron a nuestro país y siguen esperando el pago de las compensaciones estipuladas por el CIADI figuran compañías como E.ON, EDF o NextEra.
Nuestro país está vinculado a los laudos que dirimieron tales litigios porque, en el momento de ofrecer las primas era un socio firmante del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Dicho acuerdo multilateral promueve la protección de las inversiones en el sector energético y establece que, ante conflictos entre inversores y Estados, los primeros pueden llevar a los segundos ante un tribunal de arbitraje internacional, como el del CIADI. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado la salida de España del TCE, esto no afecta a la aplicación del tratado cuando se produjo la concesión y posterior retirada retroactiva de las primas renovables.
Como consecuencia, cuando los inversores extranjeros consideraron que España había incumplido sus compromisos bajo el TCE, al retirar retroactivamente los incentivos ofrecidos a la producción de energía "verde", la arquitectura de tratados internacionales suscritos por España autorizó a los demandantes a llevar sus reclamaciones ante el CIADI, donde los 25 casos que dan la razón a las empresas afectadas estipulan indemnizaciones por un valor agregado cercano a los 1.500 millones.
El informe presentado por Nikos Lavranos muestra que, de los 1.332 arbitrajes tramitados a lo largo de la historia, un total de 958 procesos han llegado ya a su fin. El jurista holandés encuentra asimismo que los procedimientos librados han afectado a los gobiernos de 132 países distintos, de modo que hablamos de mecanismos de uso generalizado.
Según explicó Lavranos en una reunión informativa a la que tuvo acceso Libre Mercado, "en el 37,7% de los casos, los laudos fueron favorables a los gobiernos demandados, mientras que el 28% de estos expedientes se zanjaron con una decisión a favor de los inversores y otro 18,5% se resolvieron mediante acuerdos entre las partes que pusieron fin a los litigios. El 13,4% de las denuncias archivaron y el 2,5% fueron procesos declarados nulos".
Las situaciones de impago que está propiciando la negativa de España a cumplir con las sentencias son, en opinión de Lavranos, "escenarios excepcionales y muy poco convencionales. Si tomamos como referencia los 1.332 arbitrajes de este tipo conocidos hasta finales de 2024, encontramos que los casos en que estos litigios han terminado en un escenario de impago representan apenas el 8% del total de los expedientes, siendo España responsable de uno de cada cuatro incumplimientos".