A partir de este jueves 2 de enero entra en vigor el registro único de arrendamientos que incluye alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones o cualquier otro tipo de alojamiento que permita el alquiler de corta duración. Entrará en vigor a partir del 1 de julio y la ventanilla única digital se utilizará como portal para la recogida y distribución de datos de este tipo de arrendamientos.
La ventanilla única digital es una "pasarela digital única nacional para la transmisión electrónica de datos entre las plataformas en línea de alquiler de corta duración y las autoridades competentes, así como para informar sobre los diferentes usos, regulación y destinos de las unidades dedicadas a alquiler de corta duración en todo el territorio nacional", según establece el Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros del año.
Control del Gobierno a los arrendadores
Se trata de una nueva medida para limitar la libertad de los propietarios de viviendas que va en línea con las nuevas medidas que el gobierno quiere aplicar para evitar "la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en aquellas zonas de alta demanda", como señaló Sánchez en el 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla el último fin de semana de noviembre. A esto hay que añadirle que Sánchez busca priorizar el uso residencial de la vivienda en lo que desde el ejecutivo denominan "zonas tensionadas".
La regulación que entra en vigor hoy obligará a los propietarios a contar con un número de registro de la vivienda, aportar información y modificarla cuando se produzcan cambios a la plataforma en línea. Además, los dueños deberán "recoger y transmitir mensualmente a la Ventanilla los datos de actividad por unidad, junto con el número de registro facilitado por las personas arrendadoras", como se informa desde Europa Press. Para solicitar este número se tramitará a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o en el Registro de la Propiedad.
Dentro de este Decreto se establece que, a parte de las comunidades autónomas, los ayuntamientos también podrán "ejercer las funciones de inspección y control", una manera de tratar de sortear las competencias autonómicas en materia de Vivienda en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular –que recordemos que es en la mayoría de ellas—.
Esta medida se suma a otras medidas cómo la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta o la prórroga de los contratos de alquiler de 3 a 5 años. Estas decisiones parecen que seguirán aumentando más el desequilibro –ya existente– entre la oferta y la demanda en 2025.