Miles de propietarios de toda España se mantienen en vilo este miércoles a la espera de ver en qué se traduce realmente la derogación del polémico decreto antidesahucios, como consecuencia del último castigo de Junts al Gobierno. Unos, para decidir si ponen o no sus viviendas en alquiler; otros, rezando para recuperar una casa que lleva años inquiokupada con el aval del Gobierno.
Este último es precisamente el caso de Pablo, un hombre separado que se ve obligado a vivir entre la casa de sus padres y la de su exsuegra, porque una mujer que alega ser vulnerable se niega a abandonar su única vivienda en propiedad. Arruinado y desesperado, el económico no es, sin embargo, el mayor de sus problemas. "Ahora mismo puedo perder la custodia de mis tres hijas por su culpa", lamenta.
En estos momentos, el madrileño ostenta la custodia compartida con una "casa nido" ubicada en una propiedad de su exsuegra, pero ésta ya le ha dado un ultimátum: "Dice que ya llevamos mucho tiempo y que quiere recuperarla, y yo, en estas circunstancias, no puedo ni comprar ni alquilar un piso, así que me enfrento a que me quiten a las niñas. Y no es justo que tenga que pasar por esto, porque yo ya tengo una casa; el problema es que, gracias al decreto antidesahucios, llevo más de tres años intentando echar a mi okupa y el Gobierno no solo no me lo permite, sino que me obliga a mantenerla".
Fruto de esta situación, Pablo se encuentra inmerso en una depresión severa, tal y como reza su diagnóstico. "Tengo ahí pastillas para dormir, vivo con ataques de ansiedad y esto es horrible; ya no solo económicamente, sino mentalmente, porque es luchar contra una pared —denuncia entre el dolor y la rabia—. Es ver que tú estás atrapado, mientras la otra persona vive gratis en un chalet de cuatro habitaciones y que todos tus derechos están por debajo de los de otras personas que lo único que hacen es delinquir".
De inquilina a inquiokupa
Su historia se remonta al año 2019. Por aquel entonces, aún casado, Pablo decidió alquilar la que hoy es su única vivienda en propiedad —un chalet ubicado en Cadalso de los Vidrios— con la intención de poder hacer frente a la hipoteca. "Habíamos dejado de ir los fines de semana y, a través de una inmobiliaria, encontramos a una pareja que lo quería solo de forma temporal y que, además, pagaba por adelantado, así que pensamos que era una oportunidad, e incluso se lo dejé a 450 euros, menos de lo que yo pagaba por él", recuerda.
Los problemas comenzaron cuando la pareja se disolvió. Al principio, ella hizo frente al alquiler, pero, al terminar el contrato inicial, le comunicaron que necesitaban que se fuera, porque habían decidido vender la casa. "Y entonces, a partir de ahí, en septiembre de 2021, dejó de pagar y dijo que no se iba a ir. Y así seguimos hasta hoy", denuncia el propietario con impotencia.
Le dieron un plazo para ver si entraba en razón, e incluso le ofrecieron perdonarle la deuda, pero no solo no lo hizo, sino que perdieron el contacto con ella, así que, en Semana Santa de 2022, optaron directamente por recurrir a los tribunales. En noviembre, el juez les dio la razón y fijó una fecha de lanzamiento. Sin embargo, unos días antes, su ya inquiokupa — que, según Pablo había pagado inicialmente gracias a una herencia que había recibido de su madre— recurrió a la ya temida declaración de vulnerabilidad: "Al parecer, es víctima de violencia de género y, en aquel momento, no tenía trabajo conocido, así que suspendieron el desahucio en base al polémico decreto del Gobierno".
Una cuestión de necesidad
Desde entonces, Pablo ha hecho todo lo posible para que el juez reconsidere su caso, máxime una vez que se divorció. Sin embargo, sus recursos no han tenido éxito alguno: "Yo pasé a necesitar esa vivienda, porque no tenía otra a dónde ir, pero el juez dice que, con el decreto en la mano, no pueden hacer reevaluaciones", dice con la voz entrecortada. Y, aunque en Servicios Sociales se han mostrado dispuestos a expedirle su propio informe de vulnerabilidad, ya le han advertido de que solo pueden hacerlo si un tribunal lo reclama, por lo que está literalmente atado de pies y manos.
Con todo, en estos momentos, Pablo vive con sus padres en una localidad diferente a la que lo hacen sus hijas de 12, 14 y 16 años. "Y la semana que me toca con ellas, estoy en casa de mi exsuegra, porque aquella era la casa familiar y, durante el divorcio conseguí que, temporalmente, se quedara como casa nido, pero claro, después de tanto tiempo, ya me ha dicho que me tengo que ir, así que van a iniciar un procedimiento de desahucio contra mí, y el problema es que podría perder hasta la custodia de mis hijas, porque yo no tengo posibilidad ni siquiera de alquilar una vivienda donde viven ellas, porque, aunque no puedo hacer uso de él, yo sigo pagando la hipoteca de mi chalet, el agua, el IBI, los seguros… Todo".
Mensaje al Gobierno y a sus socios
Así las cosas, Pablo confía en que la derogación del decreto sea definitiva y que el Gobierno no se guarde un as bajo la manga para tratar de mantenerlo por otra vía: "Estamos hartos de que nos digan que somos un bulo, un invento de la extrema derecha, porque la inquiokupación existe y lo que está haciendo este Real Decreto es destrozar la vida de miles de propietarios".
La Plataforma de Afectados por la Ocupación, a la que él mismo ha recurrido en busca de ayuda, llevaba meses hablando con los socios de investidura de Pedro Sánchez para convencerles de la necesidad de derogarlo. Sin embargo, Pablo ya ha perdido la fe en la política: "Hablas con algún grupo y te dicen que sí, que te entienden, que te apoyan y que lo van a rechazar, pero luego les prometen otras cosas y adiós". Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el PNV, al que el Gobierno ha regalado un jugoso palacete en París. Afortunadamente, la crisis con Junts ha servido para derogar el polémico decreto. Sin embargo, después de cinco años de vigencia, nadie se atreve a cantar victoria, a la espera de que el Gobierno aclare cuál será su próximo movimiento.