Es complicado destrozar más el mercado de vivienda y, en especial, el del alquiler de inmuebles. Ya hay protección a los okupas, trabas disparadas para los propietarios que quieren librarse de esa lacra, costes y frenos añadidos a la construcción, incrementos de costes fiscales y operativos… Pero el PSOE sigue empeñado en generar mayores problemas. Ahora pretende volver a cargar contra los apartamentos turísticos, una de las pocas escapatorias que ha quedado entre los propietarios de viviendas ante su vulnerabilidad y la protección generada para los okupas.
El plan del PSOE pasa por "promover que las comunidades y ciudades autónomas introduzcan en sus respectivas normas de ordenación turística la obligación de los propietarios de alojamientos turísticos de obtener licencia para su actividad. Ello se hará juntamente con la obligación de inclusión del número de registro que se expida por el registro único de arrendamientos de corta duración en sus anuncios en plataformas online, de tal forma que los usuarios de servicios turísticos puedan conocer previamente a su contratación la legalidad de dicha actividad".
Los deseos del PSOE también pasan por "impulsar entre los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas la realización de campañas de comunicación informativa de concienciación dirigida al turista interno para desincentivar el alquiler de viviendas turísticas que no cuenten con licencia en los anuncios y cumplan con la normativa aplicable y así combatir la actividad clandestina y la oferta ilegal".
Saturación turística del territorio
Y "apostar, a través de Turespaña, por acciones de promoción turística en el exterior que tengan como objetivo tanto mejorar la contribución del turismo internacional a la sostenibilidad del modelo turístico español, como la competitividad del sector a través de la diversificación de destinos y de mercados, así como la diversificación motivacional y temporal".
El plan incorpora más puntos: "Impulsar, en los términos previstos en la Disposición final décima séptima de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, la modificación de la Directiva armonizada del IVA en el ámbito de la Unión Europea para permitir a los Estados miembros gravar los arrendamientos de viviendas de corta duración, en aquellas zonas donde este tipo de alojamiento dificulta el acceso a la vivienda a la ciudadanía o promueve la saturación turística del territorio, y transponer en su momento, con carácter de urgencia, la citada directiva, implicando a las plataformas digitales que facilitan estos arrendamientos para que se ocupen de la repercusión e ingreso del IVA".
El PSOE también pretende "avanzar en la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de recoger de forma clara la obligación de justificar la circunstancia que motiva la utilización del contrato de arrendamiento de temporada sobre vivienda, y distinguir este tipo de arrendamiento del alquiler de vivienda habitual, así como del alquiler turístico de vivienda, sujeto a norma sectorial". Por último, el parido de Pedro Sánchez quiere "promover en el Consejo de la Unión Europea la necesidad de que la normativa europea permita adoptar medidas especiales en zonas con un mercado inmobiliario tensionado para garantizar el derecho al acceso a la vivienda".
Castigo a apartamentos turísticos legales
Y es que, para los socialistas, "la regulación, control y detección de actividades irregulares en pisos turísticos supone todo un reto para las administraciones. Las comunidades autónomas y las administraciones locales juegan un papel fundamental para evitar esta situación, puesto que tienen reconocidas las competencias para ello, siendo las encargadas de la tramitación y gestión
de las correspondientes licencias de actividad turística". Pero, lo cierto es que las medidas de castigo incluyen también a apartamentos turísticos plenamente legales.
"El buen funcionamiento del mercado de los alojamientos turísticos requiere de esfuerzos coordinados entre las distintas administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para generar instrumentos que puedan evitar la actividad ilegal y fomentar así la generación de un turismo sostenible y de calidad que beneficie en la convivencia en los destinos", añaden los socialistas.
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