La polémica por el "caso Antin" ha reavivado el interés por la situación de los impagos de las renovables. Hasta la fecha se conocen 25 sentencias contra España que el gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar, pero ¿qué hay de los casos que aún no se han resuelto?
Hace ahora un año, Libre Mercado informaba de las condenas que puede enfrentar España en 2025 una vez se diriman los procedimientos pendientes de resolución en los tribunales de arbitraje internacional debido al escándalo de las primas renovables. Según apuntó este diario, las causas abiertas contra el Reino pueden elevar la factura pendiente de pago en 1.636 millones de euros adicionales.
Desde que empezaron a conocerse las distintas sentencias que condenan a España por retirar de forma retroactiva los incentivos ofrecidos a las energías solar y eólica, un total de 25 empresas denunciantes han logrado que los tribunales internacionales de arbitraje respalden sus denuncias contra nuestro país, resultando en la imposición de una serie de condenas que exigen el pago de 1.478 millones en concepto de indemnización.
Esta cifra no recoge el incremento adicional que se deriva de la imposición de condenas en costas o de la acumulación de intereses de demora, amén de los honorarios movilizados para la contratación de abogados y consultores movilizados para poner en marcha la estrategia de defensa que ha intentado seguir España. En total, la suma de la indemnización pendiente de pago a estos conceptos adicionales deja la cifra total de obligaciones en 1.836 millones de euros, una cifra correspondiente a finales de marzo de 2025.
No obstante, los litigios que siguen abiertos pueden elevar significativamente la factura de obligaciones que tendrá que abonar España a los afectados. Dos de los casos que están vistos para sentencia son los que afectan a dos grandes corporaciones japonesas, Mitsui e Itochu. Estas cotizadas niponas se vieron golpeadas por la retirada retroactiva de las primas renovables y demandaron a España siguiendo un razonamiento jurídico similar al que cultivaron las empresas que ya han derrotado al Reino. También se espera la próxima resolución del caso iniciado por KS Invest, empresa alemana que reclama 80 millones de euros a España por este concepto.
Uno de los procesos más complejos de la docena de litigios que siguen en el aire es el que afecta a la británica Eiser, que denunció a España por 256 millones y obtuvo una resolución favorable en 2017 por valor de 128 millones. La apelación presentada por la Abogacía del Estado logró anular la sentencia y reiniciar el arbitraje, de modo que el caso está volviendo a ser juzgado por el tribunal competente. Asimismo, se conocen las cifras reclamadas por Spanish Solar, una compañía de capital irlandés que reclama 30 millones al gobierno español, y un grupo de cuatro entidades financieras regionales alemanas (HSH Nordbank AG, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Girozentrale) que piden 482 millones en concepto de indemnización.
Además de todos estos casos, se deben dirimir las denuncias interpuestas por VM Solar, WOC Photovoltaik, DCM Energy y Portigon AG, cuatro empresas de capital teutón que no han desglosado el monto reclamado a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Las denuncias interpuestas por estas firmas germanas fueron escalonadas, siendo la más reciente la de WOC Photovoltaik, que data de 2022, mientras que la primera de todas es la de DCM, que inició su litigio en 2017.