A pesar de que las principales medidas que se están poniendo sobre la mesa para luchar contra la okupación dejan fuera a los afectados por la llamada inquiokupación, lo cierto es que esta es, precisamente, la modalidad más extendida desde que, en 2020, el Gobierno aprobó el polémico decreto antidesahucios.
La supuesta vulnerabilidad se ha erigido desde entonces en la coartada perfecta para dejar de pagar el alquiler, pero la realidad es que esta situación, tal y como advierte la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ha terminado por convertir en vulnerables a propietarios que en su día adquirieron una vivienda con mucho esfuerzo para asegurarse un futuro que ahora el Ejecutivo ha tirado por la borda.
Ese es precisamente el caso de José, un autónomo gaditano de 60 años, que, tras sufrir un accidente, tuvo que dejar de trabajar y hoy se enfrenta a un cáncer con la preocupación añadida de no poder echar a su inquiokupa, a la que se ve obligado a mantener desde hace 16 meses. "Sigo pagando la hipoteca de ese piso y solo quiero venderlo y disfrutar del tiempo que me quede".
De inquilina a inquiokupa
José, que nunca había tenido piso alguno en propiedad, decidió comprarlo tras separarse de su primera esposa. Cuando conoció a la mujer con la que hoy comparte su vida, se fue a vivir con ella y fue entonces cuando optó por ponerlo en alquiler. "Como a los autónomos el día de mañana nos queda una porquería de paga, pensé que ese dinero podría venirme bien en un futuro", explica.
Bajo esa premisa, alquiló el piso —con tres habitaciones y situado muy cerca de El Corte Inglés de Cádiz— a una pareja que, sin embargo, con el tiempo, se terminaría separando. Ella quiso quedárselo y él le dijo que mientras le siguiera pagando los 550 euros de alquiler, no habría ningún problema. Y, al principio, así fue.
Su particular calvario comenzaría cuando, en 2023, tras sufrir un accidente laboral, le comunicó que quería venderlo. "Tenía muchos dolores de espalda y ya apenas podía trabajar, así que fui a hablar con ella y le dije que necesitaba venderlo para quitarme la letra de en medio, porque estaba pagando 500 euros de autónomos y 820 de hipoteca".
De primeras, todo fueron buenas palabras. La mujer incluso mostró interés por comprarlo ella misma y, en un acto de deferencia, José le dijo que, de ser así, le dejaría todos los muebles sin coste adicional. A expensas de saber si conseguía la financiación, lo que sí hizo fue firmar un documento en el que se comprometía a abandonar el piso en enero de 2024.
Cuando llegó el momento, sin embargo, empezaron las excusas. "Primero me dijo que si le podía dar 15 días más porque se iba a ir con sus padres y estaban arreglando la casa. Le dije que sin problema, pero cuando pasaron esos 15 días me pidió otros 15. Total, que ya no me pagó enero. Se excusó en que estaba pasando una mala racha y yo le dije que bueno, que se fuera y que ya arreglaríamos cuentas, pero volvió otra vez con que su padre no había terminado la obra".
Aquel sería el inicio de una inquiokupación que se prolonga ya por 16 meses y a la que José no es capaz de augurar un final. "El tema está en los tribunales y ella dice que se va a ir ahora en mayo, pero ya sé yo que no va a ser así y yo ya es que no puedo más —dice desesperado—. Y menos mal que anduve listo y el agua y la luz están a su nombre, aunque bueno, igual cuando recupere el piso tengo que pagarlo yo".
Enfermo y desesperado
El pasado mes de agosto le detectaron un cáncer de riñón. Dos meses después de extirpárselo, le encontraron otro en el pulmón. "Y ahora, hace tres semanas, me hicieron otra biopsia de otro tumor que me ha salido cerca del primero y que no me lo pueden quitar porque la primera operación está muy fresca todavía", lamenta José, que lo único que quiere es vivir tranquilo el tiempo que le quede.
A la espera de que la inquiokupa decida irse de una vez o que la Justicia la eche, este gaditano se dirige al Gobierno indignado. "No hay derecho a que seamos nosotros quienes tengamos que mantener a esta gente. Bastante pagamos ya en impuestos para que el Estado se haga cargo de ellos al igual que lo hace con los que vienen de fuera", se queja, al tiempo que insiste en que, detrás de la mayoría de víctimas de la ya conocida como inquiokupación no hay rentistas ni millonarios, sino personas normales y corrientes que decidieron invertir el fruto de su esfuerzo en un piso que ahora el Estado les expropia de facto.
"Yo me compré ese piso con muchísimo esfuerzo, llegando a pagar hasta 1.200 euros de hipoteca, y no hay derecho a que ahora venga esta mujer ni venga el Gobierno a quitarme lo que es mío y lo que tanto sacrificio me ha costado", concluye.
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