La nueva ley antiokupas vendida como "exprés" ha generado grandes expectativas entre los propietarios -cada día más preocupados ante la creciente inseguridad que sufre España-. Pero mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de juicios en 15 días y lanzamientos inmediatos, los okupas ya conocen cómo esquivar la norma: alegar vulnerabilidad, presentar falsos contratos o aprovechar los atascos judiciales. Y lo peor: los inquiokupas quedan fuera de la nueva norma.
Ni exprés ni para todos. La reforma del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -aprobada por "error" de Bildu y ERC y enmarcada en la Ley Orgánica 1/2025 ha sido celebrada como un golpe a la okupación. Pero su alcance es diminuto frente a lo que vende el Ejecutivo.
No afecta a los inquiokupas
Solo se aplicará a allanamientos y usurpaciones, es decir, cuando los okupas invaden sin contrato viviendas vacías o habituales. No afecta a los inquiokupas, aquellos inquilinos que dejan de pagar pero se niegan a irse tras el fin del contrato, el perfil que más ha crecido tras los decretos antidesahucios del Gobierno.
¿Y los 15 días? Un concepto falso. Y es que, para que el procedimiento exprés arranque, el okupa debe ser sorprendido en el acto, detenido o citado rápidamente. Si no se le encuentra o si presenta documentación falsa, el proceso se alarga.
Según expertos como Carmen Giménez, abogada de G&G, "muchos okupas seguirán presentando tickets, contratos simulados y testimonios para frenar el juicio o evitar el desalojo". Y es que, "si no pillas al okupa con las manos en la masa, olvídate del juicio rápido. Volvemos a lo de siempre", resume otro abogado penalista.
Y el problema no acaba ahí. La saturación de juzgados, denunciada por asociaciones de abogados, amenaza con convertir estos "juicios rápidos" en procesos de meses. La propia ley añade un paso más: la conciliación o mediación previa en procedimientos civiles, lo que retrasa aún más los desahucios.
Mientras tanto, en países como Francia o Alemania, la policía puede actuar directamente si no se acredita un contrato. En España, sin sentencia judicial firme, no se puede lanzar al okupa, salvo en las primeras 48 horas desde la ocupación.
En resumen, los okupas ‘inteligentes’ seguirán dentro, los inquiokupas ni siquiera entran en la norma y los propietarios, como de costumbre, los perjudicados. La nueva ley promete agilidad, pero los okupas ya saben cómo moverse en este nuevo terreno de juego. Los desalojos exprés seguirán siendo una raya en el agua. Y, por ahora, el problema sigue, pero con mejor marketing, algo que se le da muy bien al Gobierno de Pedro Sánchez.