Crisis

El futuro de la economía española

Con esta tercera entrega concluye el ensayo de Alberto Recarte, que ha analizado la evolución de la economía española desde el punto de vista del empleo desde 1974, momento en el que comenzamos a sufrir los efectos de la primera subida de los precios del petróleo y vísperas del comienzo del proceso de democratización, hasta 2011.

  1. Introducción
  2. Las cifras de población, población activa, ocupados y desocupados, desde 1974 a 1998, año de la integración en el euro.
  3. La entrada en la Unión Europea
  4. El fracaso del Sistema Monetario Europeo y la política de Solchaga y Rojo
  5. Las reformas del periodo 1994-1998
  6. El empleo desde 1998 hasta 2007 en la España del euro.
  7. El empleo en el periodo 2008-1er trimestre de 2011
  8. La integración en el euro: los errores y los acontecimientos inesperados
  9. Los efectos del estallido de la burbuja en el empleo
  10. Las responsabilidades políticas
  11. El futuro de la economía española

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11. El futuro de la economía española

No se han mencionado, hasta el momento, los problemas de la Unión Monetaria a la que España pertenece. Los errores en el diseño del euro, la irresponsabilidad de creer que era posible aplicar la misma política monetaria a países tan diferentes como los de la Europa central y los países periféricos sin llevar a cabo otras reformas, está pasando factura a todos los que han cometido errores: a) A los países en los que su sistema financiero ha financiado una expansión excesiva del sector de la construcción; b) A aquellos en los que sus sistemas financieros han invertido en activos financieros de valor muy inferior al que se creía –en activos tóxicos– como en Irlanda; c) A los que han participado en la financiación de los países periféricos, bien para dar créditos al sector inmobiliario y al de la construcción, como España, bien para financiar deuda pública, como en el caso de Grecia y Portugal.

En el caso de España, además de tener un problema de falta de empleo y de altísimo desempleo, existe un problema adicional de endeudamiento nacional, que alcanza el 90% del PIB en términos netos y el 240% del PIB en términos brutos, que se compensa, en parte, con inversiones españolas en el exterior por un total equivalente al 150% del PIB de 2010.

Si Grecia decidiera no pagar su deuda exterior, financiada ahora, en parte, por la Unión Europea y el FMI, o no pudiera hacerlo y no hubiera más remedio que renegociar todo su endeudamiento exterior, básicamente público y que ya asciende al 150% de su PIB, es posible que los inversores se negaran a seguir financiando a Irlanda y Portugal, aún a los tipos actuales –que alcanzan el 12%– y a prestar a España a tipos muy superiores a los actuales, por considerar que su riesgo se habría incrementado. Si hubiera que refinanciar a Grecia y Portugal –creo que Irlanda es un caso diferente– y sus acreedores tuvieran que aceptar pérdidas de entre el 30% y el 50% de su principal, los sistemas financieros de casi todos los países del área euro sufrirían unas pérdidas que reducirían drásticamente sus fondos propios. Lo que obligaría a los Estados en los que están domiciliados esos bancos a volver a recapitalizarlos con dinero público, lo que desataría las protestas populares y obligaría, de una u otro forma, a modificar las instituciones de la Unión Monetaria. Si el país afectado fuera España, la Unión Monetaria sufriría aún más. El euro no sobreviviría. Toda la banca europea, no sólo la de la Europa Monetaria, se encontraría con problemas de solvencia.

La situación de la economía española sería caótica. La elevadísima deuda bruta exterior de la economía se concentra en el sector financiero español, en el resto del sector privado y, sólo en tercer lugar, en el sector público. En una situación de insolvencia nacional, la no refinanciación del sector privado es más complicada que la del sector público. En los casos en los que la deuda externa se concentra en el sector público es posible llegar a acuerdos, aún asumiendo pérdidas y carencias por parte de los acreedores, porque los Estados no desaparecen. Cuando la deuda impagada resulta ser privada, las posibilidades de que las empresas, los bancos o las familias que las soportan negocien con todos sus acreedores son mucho más complejas, al margen de que no hay garantía de la supervivencia económica de ninguna de estas entidades privadas. Por eso, la mayor calamidad que le puede ocurrir a la Europa monetaria es que se ponga en duda la solvencia de la economía española.

Creo que, en estos momentos, en mayo de 2011, lo lógico es suponer que España cumpla los acuerdos de reducción del déficit público hasta cerca del 6% en 2011 y, tomando nuevas medidas impositivas y de reducción del gasto público total, que alcance un déficit de en torno al 4% del PIB a partir de 2013. Si esto fuera así, la deuda pública en 2014 podría alcanzar entre el 75% y el 80% del PIB y la deuda privada podría haberse reducido algo en ese mismo periodo.

Cumplir con los objetivos oficiales de déficit público, incluso acercarse como he supuesto –6% en 2011, 4,4% en 2012 y 3% en 2013–, obligará a hacer reformas y a subir algunos impuestos, como el IVA, rebajando otros, como las cotizaciones sociales. Pero el efecto depresivo de esas medidas sobre la actividad económica es inevitable y no podrá ser compensado con exportaciones y con mayor inversión y consumo privados.

En esta fase de contracción del déficit público, que se extenderá hasta al menos 2013, terminará el ajuste del empleo en los sectores de la construcción y en los servicios e industrias dependientes y el sector público tendrá que reducir su empleo en, al menos, 200.000 personas; la contracción de la actividad del sector público afectará también a los sectores industriales y al sector de servicios que dependen del mismo. Para entonces, el sector financiero español debería haber terminado su proceso de ajuste –lo que supondrá una pérdida de 50.000 empleos– debería estar bien capitalizado y debería poder atender las peticiones de crédito de las empresas y las familias solventes. Una evolución que, creo, ocurrirá en todo caso.

En circunstancias normales, la pérdida de empleo total en esos sectores, en el periodo 2012-2013, podría alcanzar las 400.000 personas. Los desempleados alcanzarían los 5,3 millones de personas y los ocupados descenderían hasta los 17,7 millones de personas, a menos que esa pérdida de empleo se compensara con un aumento del empleo por unas mayores exportaciones y por un incremento de la inversión y el consumo privados.

En todas las crisis económicas españolas, las sucesivas pérdidas de competitividad exterior se han saldado con devaluaciones. Los ajustes en el valor de la moneda permitían volver a crecer, por la vía de mayores exportaciones y menores importaciones. Una vez integrados en el euro las devaluaciones no son posibles. Es más, desde mediados de 2010, el euro se revalúa frente al dólar y frente a casi todas las otras monedas, incluido el yuan chino. El ajuste en la demanda interna tiene dificultades para ser compensado por la demanda externa. En el caso de las importaciones, el precio del petróleo y otras materias primas determinan un incremento significativo de los pagos totales por importaciones. Una evolución de precios que tiene que ver con la incertidumbre en el norte de África y Medio Oriente, pero también con el hecho de que la demanda de estos bienes aumenta porque la economía del mundo está creciendo en torno al 4%. En lo que respecta a las exportaciones, aunque crecen por esa evolución mundial y por la integración de la industria española con las de los países miembros del euro, su tirón no es suficiente para compensar la caída de la demanda interna y el aumento de las importaciones.

En estas circunstancias, la única política económica posible es provocar una "devaluación interna", de tal forma que nuestros precios y salarios desciendan significativamente respecto a los de nuestros socios comunitarios y respecto a los del resto del mundo. Una caída significativa sería un descenso de salarios del 15%. Para lograr este objetivo sería necesario una modificación de la negociación colectiva, de tal manera que cada empresa pudiera fijar los salarios que le permitan sobrevivir y superar esta fase de estancamiento. Sería igualmente necesario que las cotizaciones sociales se redujeran en al menos un 5%. La pérdida de recaudación que produciría esta reducción tendría que compensarse con un aumento del IVA del 2%.

Hay que tener en cuenta que una parte considerable de los 3.767.000 españoles que están en paro tienen una baja cualificación profesional o son desempleados que provienen del sector de la construcción y de servicios, que no tienen una gran formación. La única forma de que vuelvan a ser empleados en la economía española en los próximos años es que su coste para las empresas se reduzca sustancialmente. Lo mismo puede decirse respecto a los 1,1 millones de inmigrantes parados. Es necesario que los salarios legales a los que pueden ser empleados se reduzcan significativamente.

Hasta que se reforme el mercado de trabajo el crecimiento económico en los próximos años, entre 2011 y 2016, al menos, será necesariamente reducido. Difícilmente se lograrán crecimientos superiores al 1% ó 2% del PIB y como ocurriera en prácticamente todo el periodo analizado, salvo en las fases de crecimiento de 1986 a 1990 y de 1996 a 2007, en los que el crecimiento económico y del empleo se concentró en el sector de la construcción, el crecimiento del empleo será nulo. Máxime, porque el sector público tendrá que reducir sus efectivos, al contrario de lo que ha ocurrido a lo largo de los 37 años transcurridos desde 1974 hasta 2011.

En estas circunstancias, la única salida para muchos desempleados será la emigración. Por los datos que tenemos en 2010, emigraron al menos alrededor de 100.000 personas de nacionalidad española. En los próximos cinco años, y siempre que se mantenga el crecimiento de la economía mundial en cifras cercanas al 3% ó 4%, no sería difícil que la emigración aumentara hasta los 200.000 personas al año. Si esto fuera así, el número de parados podría reducirse en 1 millón en ese periodo; y los parados totales reducirse desde los potenciales 5,3 millones que podrían alcanzarse hasta los 4,3 millones.

Un dato a tener en cuenta es que el número de jóvenes que llegan al mercado de trabajo, con estudios ahora ampliados, se reducirá hasta los 300.000 anuales, mientras que el de los que se jubilan, por edad o anticipadamente, podría alcanzar una cifra de entre 350.000 y 400.000 anuales. En los próximos cinco años la reducción de parados, por el consiguiente aumento de la demanda de trabajo para cubrir ese vacío demográfico, podría ser de entre 300.000 y 500.000 trabajadores. El número total de desempleados podría descender hasta los 3.800.000 personas.

Al igual que ocurrió en los años ochenta y principios de los noventa, el desempleo se reducirá sólo por la evolución demográfica y por la emigración, una salida que había desaparecido en España desde hace casi 20 años. Y, sin embargo, y si se mantiene la Unión Monetaria Europea –para lo cual será necesario hacer reformas que conviertan a la actual Unión en una Unión Económica–, ese movimiento de población entre diferentes Estados miembros es necesario. En Estados Unidos, una auténtica unión monetaria y económica, anualmente cambian de estado el 3% de la población y el 18% lo hace de condado dentro de cada estado.

Otra condición necesaria para que España redujera el número de parados por su crecimiento sería que las reformas lograran que la inversión extranjera de carácter empresarial volviera a ser significativa. Sería también necesario recuperar la inversión extranjera en viviendas, tanto como residencias permanentes como para segundas viviendas. Para que este segundo tipo de inversión extranjera se vuelva a producir sería necesario que la inestabilidad del euro desapareciera y que España quedara anclada, definitivamente, en la Europa monetaria.

Pero incluso si todos estos fenómenos se producen, incluso si la emigración fuera numéricamente significativa, si la llegada al mercado de trabajo de jóvenes españoles fuera inferior a la de los que se jubilan y si se recuperara parte de la inversión extranjera y si, finalmente, se hicieran las reformas del mercado de trabajo y del sistema fiscal, la creación de empleo neto de la economía española será presumiblemente muy baja en los próximos 10 años. El coste fiscal del desempleo, de las pensiones y de un sector público sobredimensionado pesarán sobre las cuentas públicas y no permitirán reducir la presión fiscal sobre la economía productiva ni una recuperación del nivel de inversiones públicas, que se situarán en torno al 2% del PIB, frente al 5% de los últimos años.

Esta evolución, positiva a pesar de todo, no podrá lograrse si las reformas no se extienden a todo el sistema educativo. La tasa de abandono escolar, que se ha reducido ya desde el 30% de 2007 hasta el 26% en 2010, tendría que rebajarse hasta el 5%-10%, la tasa promedio de los países centrales de Europa. Y la preparación profesional y universitaria tendría que mejorar significativamente. Si esa mejoría no se logra, nuestra mano de obra sólo podrá emplearse como mano de obra barata. En esta fase de nuestro desarrollo, el empleo sólo se mantendrá y crecerá si mejora su preparación media y si las empresas logran incorporar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, pues mientras en España discutimos sobre reformas, el cambio tecnológico y la competitividad de más de medio mundo –casi toda Asia, Latinoamérica y Europa del Este– siguen incrementándose.

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