La carta del presidente

Nacionalizaciones y expropiaciones

Las reformas que ha empezado a realizar el gobierno y, sobre todo, la que parece interminable crisis del sistema financiero, han hecho que los españoles presten más atención que nunca a los problemas económicos. La gente quiere saber no sólo qué ocurre sino también en qué les pueden afectar las reformas de las que están teniendo noticia cada día. El hecho de que, a lo largo de una serie de años, se haya engañado de forma consciente a la opinión pública en lo que respecta a los problemas del país ha creado, lógicamente, una desconfianza notable y una gran preocupación con respecto a lo que puede suceder en el futuro. El actual gobierno no ha sabido tampoco explicar muchas de las cosas que hace y sus razones. Por todo ello es hoy obligación no sólo de los políticos, sino también de los economistas, dejar claro ante los ciudadanos españoles lo que está sucediendo; y, lo que me parece aún más importante, donde terminaríamos si continuáramos con la política pasiva del pasado.

Por ello frases como la del señor Pérez Rubalcaba cuando afirmó que no aceptaría que se diera dinero a los bancos mientras se reducía el gasto en sanidad resultan hoy tan demagógicas como desafortunadas. A la gente hay que explicarle muchas cosas. Hay que decirle que no es lo mismo la quiebra de un banco –especialmente de un banco importante– que la suspensión de pagos de la tienda de la esquina o la quiebra de una gran empresa industrial. Si suspende pagos, por ejemplo, una fábrica de automóviles, sus competidores resultan beneficiados, porque ganan cuota de mercado. Pero si quiebra un banco, sus competidores comprobarán en seguida que la sombra de la duda se extiende sobre ellos, que los ahorradores empiezan a retirar sus depósitos de todos los bancos y que sin un sistema financiero basado en la confianza no puede sobrevivir.

Por ello, dado que ya hay fondos públicos comprometidos porque los depósitos están garantizados, la entrada de capital del Estado en un banco con dificultades graves es, seguramente, la solución menos mala. Lo han hecho otros países, los Estados Unidos por ejemplo, con buenos resultados. Por ello hay que mostrar a los contribuyentes que una nacionalización parcial en este sentido nada tiene que ver con una expropiación al estilo de, por ejemplo, la recientemente realizada por el gobierno argentino con las acciones de YPF. El Estado es mal gestor de empresas, sea cual sea el sector del que se trate. Por ello debe procurar salir de los bancos y vender, en el plazo más breve posible, las acciones que ahora posea o vaya a obtener en los próximos meses. No se trata de ayudar a los accionistas privados con dinero público, como a veces se dice de forma errónea. Primero, porque los accionistas van a perder la mayor parte de lo que han invertido en los bancos en dificultades. Y, segundo, porque estamos hablando, básicamente, de bancos cuyo origen está en cajas de ahorros que, durante muchos años, estuvieron controlados por políticos que actuaron, con frecuencia, con criterios alejados de la ortodoxia económica.

Cuestión distinta es la forma en la que se colocaron entre pequeños ahorradores acciones y participaciones preferentes de cajas y bancos hoy en serias dificultades. En este tema podemos decir que en España llueve sobre mojado; y me temo que ni los bancos, ni los inversores ni los reguladores han aprendido la lección de lamentables experiencias pasadas, no tan lejanas en el tiempo. Las medidas adoptadas en estos días tienen sentido. Pero, ciertamente, no solucionan el problema en su totalidad. Aun hay muchas cosas que hacer y, no olvidemos, muchas responsabilidades que aclarar.

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