Uno de los grandes problemas no resueltos del mercado laboral español es la excesiva judicialización de las relaciones existentes entre empresario y trabajador, sobre todo en materia de despidos colectivos (Expedientes de Regulación de Empleo, ERE). Ésta es la principal preocupación que arroja el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la reforma laboral, publicado este miércoles.
En líneas generales, dicho organismo internacional, que agrupa a las economías más ricas del planeta, arroja un balance positivo sobre la reforma aprobada por el Gobierno en 2012, pero concluye que aún es insuficiente para reducir la elevada tasa de paro.
Entre otras medidas, el estudio destaca que España aún sigue siendo uno de los países desarrollados con las indemnizaciones obligatorias por extinción de contrato más generosas, por lo que sugiere "reducir con el tiempo" dichos costes, especialmente en las empresas de mayor tamaño, para aproximarlos a la media de la OCDE y de Europa. La reforma laboral ha reducido de 45 días a 33 días por año la indemnización por despido improcedente, pero siguen siendo muy elevados en comparación con la mayoría de países desarrollados.
También considera que el periodo de prueba es demasiado breve para aquellas empresas que no puedan acogerse al contrato de emprendedores, por lo que recomienda "prolongar" su duración en otros contratos indefinidos.
El Estatuto de los Trabajadores determina que este periodo puede ser de dos meses en los casos de trabajadores sin titulación superior y de hasta seis para los que la tengan, aunque abre la puerta a que la duración quede fijada en convenio. Según la OCDE, si se fijara un periodo mínimo de seis meses "sería una mejora importante", ya que el periodo de un año de prueba en el contrato de emprendedores, creado por el Gobierno para empresas de menos de 50 trabajadores, ha demostrado que es un incentivo para la contratación indefinida.
Asimismo, aboga por mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo con el fin de impulsar la reincorporación de parados al mercado laboral, así como introducir ajustes en el sistema de protección del desempleo.
Por último, aunque incide en que la reforma laboral supone un "avance importante", con potencial para "impulsar el crecimiento de la competitividad y la productividad", la organización señala que su impacto total sobre la creación de empleo dependerá de reformas complementarias en otros ámbitos. En concreto, recomienda acometer una liberalización más profunda del mercado de bienes y servicios, completar el saneamiento del sistema financiero o avanzar en la consolidación fiscal, entre otras medidas, para reforzar la imprescindible competitividad económica.
Hay que desjudicializar los despidos
Sin embargo, la primera y más importante recomendación que recoge el estudio tiene que ver con la injerencia y discrecionalidad de los jueces en los despidos colectivos, lo cual genera una elevada inseguridad jurídica que, en la práctica, se traduce en mayores costes para la empresa y, por tanto, menores incentivos a la hora de contratar nuevos trabajadores.
Así, si bien el principal objetivo de la reforma laboral era simplicar y flexibilizar la anquilosada y rígida regulación existente, su puesta en marcha no ha logrado eliminar algunos de sus efectos más perniciosos, como el de la judicialización. En este sentido, la reforma impulsada por Fátima Báñez eliminaba la autorización administrativa previa que exigía la aprobación de un ERE para, de este modo, agilizar su tramitación, pero, a cambio, ha disparado la conflictividad laboral.
Los jueces están invalidando numerosos despidos colectivos aduciendo meras cuestiones formales, tales como falta de rigor documental, carencias durante la negociación o pertenencia de la empresa a un grupo más grande. Esta injerencia ha sido insistentemente denunciada por los expertos legales, hasta el punto de que el Gobierno clarificó algunos aspectos de la normativa el pasado agosto para tratar de limitar la discrecionalidad de los jueces a la hora de tumbar este tipo de despidos.
Sin embargo, la OCDE, aunque aplaude tal medida, considera que es necesario ir más allá para corregir las "deficiencias" observadas en este ámbito, garantizando así la seguridad jurídica. Por ello, exige reducir "aún más el papel discrecional de los tribunales para invalidar despidos colectivos, limitándolo únicamente a los casos de discriminación y causas prohibidas" por la ley. Es decir, pide restringir la intevención de los tribunales, única y exclusivamente, a los despidos colectivos improcedentes, como acontece en los individuales. De este modo, sugiere que el despido nulo -en los que el empleado debe ser readmitido- se aplique "sólo en los casos más extremos" para que los empresarios tengan menos reticencias a la hora de hacer contratos indefinidos.
Por otro lado, el informe recomienda retirar algunos de los costes adicionales específicos de los despidos colectivos. Por ejemplo, en los ERE de más de 50 empleados, la reforma exige a la empresa la elaboración de un plan de recolocación, cuyo coste supera en ocasiones la cuantía de las indemnizaciones que tendría que desembolsar la empresa en caso de despido improcedente de los trabajadores aefectados.
Alaba la reforma laboral
Pero no todo son toques de atención. La OCDE concluye que la reforma laboral de 2012 va en la "dirección correcta", ya que ha contribuido "a crear puestos de trabajo" y debería impulsar aún más la competitividad y el empleo en los próximos años. Destaca que ha promovido la "flexibilidad interna" en las empresas y una "significativa" moderación de los salarios, ha reducido los costes ligados al despido para los trabajadores indefinidos y, en líneas generales, ha impulsado el aumento de los contratación indefinida. En este sentido, calcula que la reforma podría haber creado unos 25.000 nuevos contratos indefinidos adicionales al mes, especialmente en las pymes.
También subraya que ha favorecido las posibilidades de los parados de encontrar un empleo fijo y estima que, a largo plazo, la norma podría favorecer un aumento de la productividad del 0,25% anual en el sector privado de la economía. "Esto repercutiría en un aumento del 0,15% anual del PIB, lo que a su vez facilitaría la creación de empleo", apunta. Los expertos concluyen que la principal ventaja de la reforma es que ha logrado frenar la destrucción de empleo en medio de una fuete recesión, y ahora que el PIB repunta contribuirá positivamente a crear nuevos puestos de trabajo.
No obstante, aunque entiende que la reforma es un "avance importante", cree que podrían contemplarse medidas adicionales como las ya mencionadas. Antes tales sugerencias, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "tiene ya su hoja de ruta" y que "lo importante" de los cambios normativos sobre el mercado de trabajo "ya está hecho", por lo que en principio sólo se acometerán "pequeños ajustes".
Entre esos "pequeños ajustes", que se abordarán el próximo año, ha recordado la intención de fomentar la contratación a tiempo parcial, el cambio en el contrato indefinido de emprendedores "que está dando buenos resultados" para dar opción a que se aplique a tiempo parcial, o la mejora de la "transición" del paro al empleo. Sin embargo, la titular de Empleo no ha aclarado si se baraja la posibilidad de bajar las indemnizaciones por despido, que la OCDE define como "generosas".