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La reforma Soria no deja contento a nadie

El Gobierno quiere cerrar el sistema eléctrico de una vez por todas. Pero hay muchos afectados y habrá presiones para nuevos cambios.

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José Manuel Soria, este viernes, tras el Consejo de Ministros | EFE

La reforma eléctrica de José Manuel Soria ha conseguido una curiosa unanimidad. No ha gustado a nadie. Ni las compañías eléctricas tradicionales. Ni las empresas de renovables. Ni comunidades autónomas. Ni organizaciones de consumidores. Ni siquiera todo el PP ha dado su apoyo.

En realidad, ésta era una respuesta previsible. El déficit del sistema se podría haber acercado este año a los 10.000 millones. El Gobierno ha intentado acabar con estos números rojos de una vez por todas. Lo ha hecho, según aseguró el propio ministro de Industria este mismo viernes, "repartiendo los costes" entre todos los actores implicados. Y todos han reaccionado de la misma manera: asegurando que es injusto y que son ellos los máximos perjudicados.

El origen

Ya se ha contado muchas veces, pero cuando políticos y empresas hablan del tema parece que casi siempre se les olvida recordarlo. El problema del sector eléctrico es que los costes (fijados a través de un proceso muy complejo, en buena dominado por la administración) son superiores a las tarifas.

En esta situación, hay dos alternativas. La primera es dejar que los precios fluyan hacia su nivel natural, para que las compañías puedan cubrir sus costes y tengan unos pequeños beneficios. El problema es que esto puede ser muy complicado de manejar políticamente. Si un año el coste de producción se dispara (por ejemplo, porque suben los precios internacionales de las materias primas), la factura puede subir mucho.

Por eso, los diferentes gobiernos han echado mano del déficit de tarifa. Es como un pago en diferido a las eléctricas. Se les dice: "Este año el coste es 100, pero cobraréis 90. Dentro de unos años, cuando los precios bajen a 50, cobraréis 60 y recuperaréis lo invertido". Durante algunos ejercicios, se mantuvo controlado, pero a partir de 2005 se disparó por completo. Según los cálculos presentados este viernes por la vicepresidenta, este déficit de tarifa asciende a 26.000 millones de euros. Esto es deuda que el Estado se ha comprometido a pagar.

¿Cómo se ha financiado esta cantidad? Pues casi todo ha sido a base de deuda emitida por el Estado. En estos momentos, el Fondo de Amortización del Sistema Eléctrico (FADE) tiene el 72% de este déficit, las eléctricas un 15% y el sistema financiero el resto. Es decir, que las compañías ya han cobrado la mayor parte de esta cantidad. Ahora es el Estado el que debe recuperarlo, para pagar los bonos del FADE. Y la forma de hacerlo es a través de la factura de la luz.

La reforma de los 4.500 millones

El problema con el déficit de tarifa no es sólo el que ya se había acumulado, sino el que se preveía para próximos ejercicios. Por ejemplo, en 2013, se llegó a hablar de unos números rojos del sistema de 10.000 millones de euros. Tras los cambios introducidos a finales de 2012, esta factura se redujo a los 4.500 millones de déficit nuevo.

El Gobierno cree que esta cantidad implicaba un déficit "estructural". Es decir, la deuda nueva ya no tenía que ver con el incremento en los costes de la energía, sino con el propio diseño del sistema. Había 4.500 millones que recortar para poner el contador a cero.

Es esa cifra la que tenía en la cabeza Soria cuando planteó la reforma de este viernes. La idea es acabar de una vez por todas con el déficit estructural. Igualar tarifa y costes. A partir de ahí, habrá que ir ajustando poco a poco el recibo (al alza, claro) para pagar los 26.000 millones acumulados.

Cómo se reparten esos 4.500 millones

Soria ha explicado este viernes cómo se repartirá el ajuste entre los diferentes actores que intervienen en el sector eléctrico, según los planes del Gobierno. De los 4.500 millones:

  • Algo más de 1.000 millones irán a parar a las compañías tradicionales
  • 1.500-1.700 millones corresponden a un recorte en las primas a las renovables.
  • 900 millones corresponderán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
  • Otros 900 millones de euros irán directamente a una subida de la factura de la luz.

Este reparto no ha dejado satisfecho a nadie. Las energéticas con mayor producción en sistemas tradicionales han protestado por la parte del ajuste que les corresponde, al igual que sucede con las productoras de energías renovables. Los contribuyentes tendrán que asumir vía impuestos los 900 millones que se cargarán a los PGE y los consumidores finales sufrirán subidas de la luz. Por ejemplo, este mes de agosto ya se anuncia un incremento en el recibo medio del 3,2%.

Renovables

Para las renovables, que dejarán de regirse por el mecanismo de primas, la rentabilidad ligada a la inversión será del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) y para las redes (distribución y transporte) del 6,5 % (bono a diez años más 200 puntos básicos). Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad, lo que reciben algunas empresas por tener disponibles plantas de 26.000 euros por megavatio (MW) a 10.000 euros por MW, aunque lo cobrarán más años, de diez a veinte. Y se permitirá parar una cuarta parte de los ciclos combinados, unos 6.000 MW.

Las empresas que decidieron invertir en huertos solares, centrales termosolares, o molinillos para energía eólica en el pasado, lo hicieron en base a una promesa de rentabilidad mucho mayor (las llamadas primas a las renovables). Como ejemplo diremos que mientras un megavatio en régimen ordinario costaba en 2012 unos 60 euros de media, el megavatio en fotovoltaica, costaba 121 euros y la híbrida gas-solar 332 euros.

El calor de la subvención atrajo numerosas inversiones que multiplicaron el parque renovable en España multiplicando al mismo tiempo las subvenciones comprometidas por el Ejecutivo. Esto fue lo que generó el gran déficit de tarifa que hoy soporta el sistema. Ahora Soria garantiza a las renovables una rentabilidad del 7,5%, lo que supone una garantía de rentabilidad en cualquier caso. El problema es que, en la mayoría de los casos, no se corresponde con los planes de negocio de numerosos inversores que pudieron comprar, por ejemplo, un huerto fotovoltaico con unas previsiones de rentabilidad del 15% durante 20 años. Y no era una idea descabellada. Había una ley que soportaba esos números. Si quien hizo esa inversión ahora se encuentra con una rentabilidad del 7,5%, podría comenzar a perder dinero.

El coste extrapeninsular

Llevar la energía eléctrica a los archipiélagos canario y baleares así como a Ceuta y Melilla, supone un coste extra de 1.800 millones anuales para poder garantizar que el precio que pagan los consumidores en estas regiones sea igual al que se paga en la península ibérica. Hasta ahora lo soportaban los Presupuestos Generales del Estado, y éste era el deseo de José Manuel Soria, que así siguiera. Pero Hacienda se negaba. Finalmente, los PGE asumirán la mitad de dicho sobrecoste. Una decisión que terminará derivando en previsibles subidas del recibo de la luz y recortes a las empresas eléctricas.

¿Quién gana y quién pierde?

En una entrevista concedida a Libertad Digital, el director de Economía de FAES, Miguel Marín adelantaba que le Reforma Energética del Gobierno no iba a contentar a nadie. Y así ha sido. Ni los distribuidores, ni las compañías eléctricas, ni las organizaciones de consumidores están contentos.

Únicamente Hacienda parece haber salido ganando ya que dentro del 50% de la formación de precios que corresponden a "costes ajenos" el 20% corresponde a impuestos. Esta es la única parte de la reforma que no se toca. Es decir, que si Montoro hubiera cedido y hubiera decidido bajar el peso de los impuestos en la factura eléctrica hubiera podido rebajar coste de la producción del sistema eléctrico y, por extensión, el déficit tarifario, afectando menos al resto de los agentes del sector.

¿Cuánto subirá la factura de la luz?

En lo que respecta al consumidor, el proceso de reforma conllevará "una subida del precio final de la luz del 3,2%, como consecuencia de que los peajes eléctricos subirán un 6,5%", ha dicho.

Con este incremento, la subida acumulada desde 2012 será del 8%. Entre 2003 y 2011, la luz se ha encarecido un 63%, ocho años en los que la factura eléctrica media de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros. A la vista de estos datos, el ministro de Industria calificó de "grave" la situación del sistema eléctrico español.

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