Los datos ya están confirmando lo que muchos llevamos advirtiendo desde que comenzó esta crisis: el mundo desarrollado se asoma a una crisis sin precedentes en su historia reciente, y España ocupará un lugar destacado por su dudosa reputación. Hemos afrontado tarde la crisis sanitaria, no lo estamos haciendo con la económica y, lo que es más importante, estamos despreciando nuestros motores económicos y llenando el país de inestabilidad institucional e inseguridad jurídica.
Las revisiones a la baja son una constante, y van a continuar durante las próximas semanas y meses. El último en certificar lo inevitable ha sido el Banco de España, que ha cifrado en un 15% el suelo de nuestra economía en el peor de los escenarios. Una cifra que, de facto, no es su peor caso. La prueba es que en el propio informe habla de que sólo existen riesgos a la baja y, por lo tanto, descarta revisiones en positivo.
Con la mitad del año ya transcurrido, hay varios puntos sobre los que existe ya un cierto consenso: el PIB caerá entre un 12 y un 15% interanual, la tasa de paro estará en torno al 25%, el déficit va a superar el 10% del PIB y la deuda pública se situará en torno al 120% del PIB.
Unas cifras ciertamente preocupantes desde dos puntos de vista: El primero es la capacidad real de absorber un impacto de tal magnitud que tiene nuestro país desde el punto de vista social, económico, presupuestario, etc.; y el segundo es que el esfuerzo salvaje que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo no va a ser suficiente para recuperar el impulso económico y avanzar hacia una senda de crecimiento en el medio plazo.
Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Presupuestario de Estados Unidos ha situado la recuperación de los niveles de riqueza precrisis en el año 2023, es difícil confiar en una situación a un ritmo similar, y mucho menos en España. El horizonte más razonable de recuperación para nuestro país, siempre que los enormes esfuerzos realizados por los bancos centrales sirvan para evitar una crisis bancaria, se sitúa en 2025.
España, además, ha decidido situarse en el vagón de cola europeo. La OCDE ha certificado que este año vamos a ser el país que mayor ajuste económico vamos a sufrir de todas las economías analizadas. Los lectores asiduos no deberían estar sorprendidos (lo anticipamos el pasado 5 de abril) pero el hecho de conocerlo no les va a librar de sufrirlo de forma directa o indirecta.
España ya ha llegado tarde a atajar la crisis económica. No merece la pena lamerse las heridas, aunque sí aprender de los errores. Mientras el resto de países están centrados en una recuperación lo menos dolorosa posible, nosotros seguimos enfrascados en escándalos variados y más preocupados por la imagen que por la veracidad y efectividad de las acciones gubernamentales.
La carrera de España por recuperar los niveles de riqueza y bienestar previos a la crisis está perdida desde que menospreciamos dos sectores estratégicos en nuestra economía. El turismo y la automoción concentran casi un 25% de nuestro PIB y 1 de cada 5 empleos en el país de forma directa o indirecta. Concentran casi 1 millón de personas que actualmente están inmersas en un ERTE, lo cual anticipa un horizonte de unos 5 millones de parados sólo en 2020. Cifras absolutamente inasumibles para cualquier país que aspira a recuperarse y a volver a una senda de crecimiento sostenido.
España no tiene margen fiscal para seguir acudiendo al crecimiento artificial financiado con fondos públicos, nuestros socios europeos (afortunadamente) no están por la labor de financiarlo y el bazooka del BCE cada vez tiene menor efecto. Por consiguiente, solamente nos queda el camino de las reformas estructurales y la responsabilidad política para salir del agujero tan peligroso en el que nos estamos metiendo.
Nuestras autoridades han aplicado toda su capacidad restrictiva a la hora de cerrar artificialmente nuestra economía, algo que no hicieron cuando hubo que prevenir que la Covid-19 irrumpiera en nuestro país y acabara llevándose por delante a 50.000 personas. Los informes de movilidad a lugares de ocio y a los lugares de trabajo que ha ofrecido Google así lo demuestran. La irresponsabilidad política, por lo tanto, es doble: Primero, por inacción y, después, por un exceso de restricciones no visto en otros países.
La experiencia en otros países es que el binomio entre economía y salud ante esta pandemia es falso. La economía sufre mucho menos si se toman las decisiones correctas en relación con la crisis sanitaria y, por lo tanto, también se cuida la salud de los ciudadanos con buenas decisiones políticas. Lo que demuestran la concatenación de decisiones erróneas de nuestro gobierno es que es más bien una relación de causalidad: La irresponsabilidad sanitaria está llevando a una situación de castigo económico aún mayor del estrictamente necesario.
España está en el Top 3 de los países más castigados en indicadores sanitarios, en contracción del sector servicios, del sector industrial y en escasez de margen fiscal para abordar la situación. Difícil imaginar, por lo tanto, un escenario más desolador a la hora de imaginar una potencial recuperación de la mano de la demanda doméstica.
El sector exterior, además, se muestra también débil. Reino Unido ha registrado una caída del 20% en el mes de abril, Francia registrará una caída en su PIB para 2020 similar a la española y Alemania registra cifras de producción industrial y exportaciones (sus principales motores económicos) también inferiores al -15%.
Las perspectivas en Europa, nuestro principal socio exportador, no son nada halagüeñas. Estados Unidos caerá menos (-6,7% según la FED) y se recuperará antes, pero el proteccionismo y la incapacidad de construir sectores verdaderamente competitivos nos ha llevado a que tan sólo suponga el 4,7% de nuestras exportaciones.
La falta de liderazgo, la irresponsabilidad fiscal y la falta de voluntad política se pagan. Y caro. Lo pagaremos los de siempre, y (desafortunadamente) lo de menos será la subida de impuestos que ha hecho el gobierno esta semana por la puerta de atrás. El horizonte al que nos enfrentamos es el de un país con niveles de desempleo estructural cercanos al 20% y sin empresas capaces de absorber esa masa de trabajadores. Dicho de otra manera: Una economía dependiente de ayudas.
Nuestra libertad y la de nuestros hijos dependen de que seamos capaces de solucionar el tremendo reto que tenemos por delante.