El precio de la electricidad se ha convertido en la serpiente de verano del Gobierno de España. Tras unos datos económicos que reflejan una imagen distorsionada de la realidad pero le permitieron cerrar el curso político con varias "medallas de oro" –Sánchez dixit –el registro casi diario de máximos históricos en los precios energéticos está robando portadas de periódicos y tiempo en los medios.
Si el Gobierno tuviera alguna intención de solucionar este problema real lo tendría fácil: Debería alejarse del mercadeo político, sacar a Podemos del Gobierno y avanzar en la liberalización real del sector eléctrico.
Porque España lleva con unos precios energéticos elevados desde hace muchos años. Tanto es así que somos uno de los países europeos con los costes energéticos más elevados. La gráfica que he extraído de Eurostat nos sitúa como los quintos con la electricidad más cara –un 8% por encima de la media europea –ya en 2020. Pero la historia se lleva repitiendo año. Es más, uno de los principales hándicaps que tiene España para ganar competitividad y atraer empresas son sus elevados costes energéticos.
Lo primero que debemos tener en cuenta, por lo tanto, es que estamos ante un problema estructural, que no tiene soluciones mágicas posibles –como, por ejemplo, crear una eléctrica pública –y que debemos abordar desde la responsabilidad.
Hasta ahora, sin embargo, no hay ninguna razón por la que el precio se tenga que encarecer hasta los límites que estamos viendo durante los últimos días. ¿Qué está ocurriendo? Tres son los factores sobre los que debemos poner énfasis:
Un modelo energético sostenible hasta la irracionalidad es ineficiente, es decir, caro
Todo el mundo está a favor de cuidar el medio ambiente. ¿Quién no quiere un modelo de crecimiento económico sostenible y ecológico? Nadie en su sano juicio. Ahora bien, la sonrisa triunfalista se tuerce cuando llega la factura de esta férrea voluntad. España lleva años.
En nuestro país en torno al 40% de la producción de energía eléctrica se hace a través de energías renovables y menos del 60% de no renovables. No parece un mix descompensado, salvo por un pequeño detalle: La energía nuclear sólo supone el 25% de la producción nacional.
Las energías renovables son un excelente reclamo político y hasta ideológico, pero tienen un hándicap: La gran mayoría son deficitarias. De hecho, tan sólo la eólica y la solar registran unas cifras similares al resto de combustibles. Por eso, cuando desaparece el viento –como está ocurriendo en las últimas semanas –o el sol –como ocurrió en Navidad el precio de la electricidad se dispara. Una de las energías renovables más eficientes deja de producir electricidad, y el sistema tiene que abastecer la demanda con otras más caras.
¿Ocurre esto sólo en España? No. Veamos el caso de Alemania. Entre 2006 y 2019 el precio de la electricidad en Alemania se ha incrementado un 57%, a pesar de que el país ha invertido más de 150.000 millones de euros en energías renovables. Tanto es así que, como pueden comprobar en el primer gráfico de este artículo, Alemania es el país con la electricidad más cara de Europa.
Mientras tanto, en Francia, uno de los países con el precio eléctrico más reducido de Europa, el 72% de su mix energético proviene de energía nuclear.
Dado que las energías renovables son intermitentes, necesitan del respaldo del gas natural para evitar apagones. Pues bien, el gas natural se ha encarecido en los últimos meses, al igual que el resto de materias primas, provocando un incremento del coste energético. El Banco de España, concretamente, cifra en un 50% el componente asociado al gas natural que es responsable del encarecimiento de la factura.
La verdadera lucha ciudadana: Una factura de la luz menos intervenida, es decir, con menos impuestos
La tarifa tiene muchos impuestos. El mayor beneficiado de la subida del precio de la luz es el Gobierno, y el tímido paso que dio rebajando temporalmente el IVA del 21% al 10% ya se ha evaporado con la evolución del precio en las últimas semanas.
La factura eléctrica de cualquier hogar español está intervenida en más de un 50% por peajes e impuestos.
Estamos hablando de que por impuestos y CO2 extraordinarios el Estado Español prevé recaudar 11.000 millones de euros que la Comisión Europea ya ha aconsejado trasladar a los consumidores vía reducción de tarifa. Esto supone 600 euros por hogar y año o más de 230 euros por habitante y año.
O, dicho de otra manera, ni Europa, ni el PP ni Putin tienen capacidad para reducir el precio de la electricidad. Tanto es así que el Banco de España ha cifrado en un 20% el impacto del precio del CO2 (establecido indirectamente por la Comisión Europea) sobre el precio final de la electricidad. Por supuesto que ahí hay un claro margen de mejora, y que es un factor adicional. Pero no es el único, ni tan siquiera el más relevante.
Y, por supuesto, nada de lo anterior se soluciona con la puesta en marcha de una eléctrica pública, que competiría como una más en el sistema marginalista de fijación de precios y poco podría hacer para abaratar la factura, e, incluso, la encarecería vía contratación de amiguetes y de personal con escasa cualificación económica ni energética. Sirva como ejemplo la designación del miembro de la CNMC designado por Unidas Podemos que aceptó que no tenía ni idea de competencia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados como ejemplo.
Si el mercado eléctrico español necesita más competencia –algo que está por ver –que sea por la vía de la desregulación y no de un mayor intervencionismo. Desde luego, una empresa pública sería una forma de encarecer aún más la factura eléctrica a todos los españoles vía impuestos, y cualquier solución que no ataje de raíz los problemas que arrastramos no servirá más que para agravar el problema.