El "Plan de Choque" que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez para lidiar con la actual situación de estanflación económica incluye un polémico tope a la revalorización anual de los contratos de alquiler de vivienda. Según un estudio realizado por Idealista, esta medida se traducirá en una pérdida de hasta 560 millones de euros para los propietarios arrendadores, que solo podrán incrementar en un 2% el coste de alquilar frente a una tasa de inflación que ya roza el 10%.
Puesto que esta intervención de los precios del alquiler se aplicará en el segundo trimestre, su alcance no aplica a todos los contratos en vigor. Sin embargo, para aquellos pequeños, medianos y grandes tenedores que sí revisen sus contratos durante los meses de abril, mayo y junio, el golpe será, en promedio, de 640 euros.
Dependiendo del mercado que analicemos, la incidencia será mayor o menor en términos monetarios, aunque en términos relativos el castigo será el mismo. Por ejemplo, el golpe para un propietario de vivienda en alquiler en San Sebastián será de 819 euros. Esta cifra alcanzará los 796 euros en la ciudad de Barcelona, los 749 euros en el caso de Madrid, los 725 euros en el parque residencial de Bilbao o los 655 euros en los arriendos de Palma de Mallorca.
Los propietarios cuyos activos están ubicados en capitales de provincia con precios más bajos sufrirán un golpe más moderado en términos absolutos aunque, como hemos visto, la reducción será la misma cuando se evalúa porcentualmente. Es el caso de Córdoba (463 euros) o de Zaragoza, Toledo, Tarragona, Soria, Murcia, Alicante o La Coruña (468 euros cada uno).
De momento, la cifra de propietarios afectados asciende a 850.000. Sin embargo, está por ver si el gobierno de PSOE y Podemos anunciará nuevas prórrogas de esta medida, como ya sucedió en 2020 y 2021 con otras decisiones económicas que se anunciaron como "temporales" pero se acabaron extendiendo en el tiempo durante mucho más tiempo del anunciado en un primer momento.
Críticas de la CEOE y del gobierno de Madrid
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, señaló al conocer esta medida que "es peligroso empezar a regular mercados que deben ser libres. Cuando se habla de dueños de pisos, se piensa en grandes empresas, pero normalmente es gente normal. Esto es como eso de yo te invito a cenar, pero tú pagas la cena".
En la misma línea se ha expresado la consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, quien ha señalado que "todas aquellas medidas que intervengan el mercado son medidas que tienen un resultado negativo. Ahora se va a producir un desequilibrio entre dos partes: el inquilino y el propietario, que va a tener que asumir muchas veces un incremento del coste de su vida al tener limitado el precio del alquiler que pueden cobrar. Solo cuando se trabaja sobre la oferta se consiguen contener los precios".