Los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal cargan contra la "isla energética" de Sánchez y Costa en una dura misiva. En el documento, estos organismos han advertido de los "importantes y relevantes impactos" que puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados la denominada "excepción ibérica" para limitar a 30 euros el megavatio hora (MWh) el precio de gas que se utiliza para generar electricidad.
"La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados", añaden, en referencia a los contratos a plazo.
Con el ok de Bruselas a considerar a España una "isla energética", Sánchez intervendrá el mercado a costa de las empresas privadas y de los futuros contribuyentes, ya que esos topes de precios generarán déficits energéticos.
El documento, con fecha del 22 de abril, ha sido enviado a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (CNMV y CMVM). En la misiva participan OMI -que engloba a los principales grupos energéticos del país (como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP) y financieros (Santander o BBVA)- OMPI, BMEClearing y MEFF, que alertan de que "la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios".
Y es que, las compañías cubren generalmente la volatilidad de los precios de la electricidad por medio de contratos de cobertura en los mercados a futuro, cuyos precios se establecen de acuerdo a los precios en las subastas diarias y en los mercados al contado. De esta manera, una distorsión en esos precios, a través de la fijación de un tope, llevaría a distorsionar también esos contratos derivados, según los operadores.
Lluvia de críticas al Gobierno
Según estimaciones del mercado facilitadas a Libre Mercado, unos 160 teravatios hora (TWh) están expuestos a posiciones financieras en el mercado ibérico, lo que representa una cantidad muy importante, ya que supone algo más del 60% estimado del consumo de electricidad en un año en España, que asciende a unos 260 TWh anuales.
Así, los firmantes de la misiva defienden que, si se opta por ese limite al precio del gas, sea una medida adoptada de forma conjunta por todos los miembros de la Unión Europea, y no solamente que afecte a España y Portugal, o que la norma que vea la luz fije, "por seguridad jurídica y económico-financiera", el precio de referencia OMIE que servirá de subyacente para todos los contratos de derivados de electricidad en el mercado ibérico.
Este no es el único documento donde el sector eléctrico arremete contra la idea de Sánchez y Costa de la "excepción ibérica". Hace unos días, la patronal eléctrica Aelec también avisó por carta que la medida "no parece compatible con el actual marco legal" europeo. Según el texto que publicó El Mundo, el plan "tendría consecuencias inesperadas", como los subsidios cruzados entre consumidores, la dificultad para que los grandes clientes obtengan precios fijos a largo plazo o la perpetuación de los clientes en tarifas reguladas frente al mercado liberalizado. "El coste esperado del mecanismo será substancialmente más alto que los esperados ahorros, y los costes ocultos pueden ser incluso más relevantes", señala el documento.
La carta está firmada por Ángeles Santamaría (Iberdrola España), José Bogas, (Endesa), Miguel Stilwell (EDP), Ana Paula Marqués, presidenta de la patronal eléctrica portuguesa Elecpor y Marina Serrano, presidenta de Aelec. La enviaron a los vicepresidentes Frans Timmersmans y Margrethe Vestager y a la comisaria de Energía, Kadri Simson.
España y Portugal han propuesto a Bruselas como fórmula para abaratar el recibo de la luz una reforma del mercado mayorista eléctrico, el denominado pool, por la que se permitiría a ambos países topar en 30 euros/MWh el precio del gas que se usa para generar electricidad. Esta propuesta de excepción ibérica, que cuenta con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico, debe recibir el visto bueno de la Comisión Europea.
Reunión de Ribera en Bruselas
Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viajará mañana martes a Bruselas para mantener una reunión con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la propuesta que tantas críticas está generando.
Ribera acudirá a esta cita con Vestager junto con el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, según consta en la agenda de la Comisión Europea.
La pasada semana, la vicepresidenta tercera ya señaló en un acto en Cáceres que se estaba trabajando para que "a principios de mayo" pudiera estar "aprobada y aplicada ya" la excepción ibérica.