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La cuenta 'mágica' del Gobierno para cuadrar las pensiones: ¿se soluciona todo retrasando la jubilación?

El propio diseño de este tipo de medidas ya nos alerta de que su efectividad presupuestaria es limitada. La clave es la productividad.

El propio diseño de este tipo de medidas ya nos alerta de que su efectividad presupuestaria es limitada. La clave es la productividad.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, este jueves en San Sebastián. | EFE

Subir las pensiones actuales con el IPC para contentar a los pensionistas actuales; dejar que la reforma de 2011 despliegue todos sus efectos en las nuevas pensiones (a la baja); pasar todos los gastos posibles a los Presupuestos de la Administración del Estado, para que se paguen vía impuestos o se recorten sin coste para la Seguridad Social; y retrasar al máximo la edad de jubilación.

Si tuviésemos que resumir mucho la estrategia del Gobierno para enderezar las cuentas de las pensiones públicas podríamos hacerlo con el párrafo anterior. Más o menos, éste es el objetivo por el lado de los gastos. En lo que tiene que ver con los ingresos, la solución es doble: más inmigración, para que no caiga mucho el peso de la población activa respecto al de jubilados, y más productividad, para impulsar sueldos y cotizaciones.

Este sábado explicábamos que, en lo que tiene que ver con el retraso en la jubilación, el ministro José Luis Escrivá está rompiendo con una demanda clásica de la izquierda. Y, lo más sorprendente, lo está haciendo con el silencio, no sabemos si cómplice, pero al menos sí extraño, de Podemos o los sindicatos. En este artículo analizaremos las bases financieras de la medida. Es decir, ya esté uno a favor o en contra, ¿tiene sentido la idea desde una perspectiva presupuestaria?

¿Voluntario o a la fuerza?

Lo primero es recordar una obviedad: si obligas a una persona a trabajar más años para tener derecho a su pensión, ganas por partida doble. Por los años de más en los que cotiza y por los años de menos en los que cobra. Es lo que hacía la reforma de 2011 que aprobó el PSOE y que era mucho más lesiva para los nuevos pensionistas que las que aprobó el PP en 2013. Y decimos "lesiva" sin querer entrar en juicios de valor. Es una cuenta actuarial pura: al endurecer los requisitos de acceso al sistema y retrasar la jubilación, la reforma de 2011 sí supuso un recorte real de gasto (un recorte que en Libre Mercado creemos que era necesario). Si ya tenemos problemas de déficit ahora, imaginemos lo que sería sin aquellos cambios normativos.

Aquel retraso en la edad de jubilación y aquellas reglas paramétricas más estrictas eran obligatorios. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que ahora plantea el ministro Escrivá no es tanto obligar como convencer. Esto no se aplica a todas las jubilaciones: en lo que tiene que ver con las anticipadas, lo que aprobó este Gobierno fue un recorte y de los gordos, que afectaba sobre todo a aquellos trabajadores con las carreras más largas y que más habían cotizado.

Pero respecto del retraso en la edad de jubilación, sea en la modalidad que sea (jubilación demorada o alguna fórmula para compatibilizar pensión y salario), la idea es incentivarlo, para animar a aquellos que estén pensando en acogerse a alguna de estas opciones. El ejemplo más claro es esa paga de hasta 12.000 euros a tanto alzado que pueden recibir los que retrasen su jubilación más allá de la edad legal que les correspondería (aquí, en la revista de la Seguridad Social, todos los detalles para los interesados).

Lo que ocurre es que el propio diseño de este tipo de medidas ya nos alerta de que su efectividad presupuestaria es limitada. Porque, al final, si uno incentiva al trabajador para que siga en activo, tiene que hacerlo con algo: esa paga a tanto alzado, reducción en la cotización, incremento en la pensión mensual... Si la oferta no es atractiva, no conseguirás que las personas de 65-67 años quieran seguir trabajando. Si la oferta es demasiado atractiva, puede que el saldo neto para la Seguridad Social sea mínimo.

De hecho, eso es lo que reconoce el propio Ministerio en su documento "Memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley de Garantía del poder adquisitivo de las pensiones". Según las cuentas del departamento, indexar las pensiones al IPC supondrá un coste equivalente al 2,7% del PIB en 2050 (ver página 21). ¿Cómo compensar este incremento? Con la subida de la edad de jubilación, que creen que tendría un impacto equivalente pero contrario (página 23 del documento).

Pero ese ahorro del 2,7% la ratio gasto en pensiones/PIB llega sobre todo por el crecimiento del PIB, no porque se reduzcan sustancialmente las obligaciones de la Seguridad Social. Así lo explican:

El aumento de la tasa de empleo de los mayores de 54 años en 10 puntos reduciría el gasto en pensiones de manera importante. La disminución en el ratio Gasto/PIB se debe a la conjunción de dos factores, disminuye el numerador y aumenta el denominador. Hay un retraso en la edad de jubilación que disminuye el gasto, pero sobre todo hay un incremento muy elevado de la fuerza laboral entre 55 y 74 años que genera un aumento del PIB. Si se alcanza este objetivo se compensaría el aumento de coste que supone revalorizar las pensiones conforme al IPC.

Como recordábamos este sábado, esto del aumento del PIB es la tesis opuesta a la que siempre ha defendido la izquierda. Lo que PSOE, sindicatos y partidos de extrema izquierda proponían hasta anteayer era que los trabajadores mayores se jubilasen para dejar sitio a los jóvenes. Escrivá se une con este cambio de rumbo a los que defienden (como Libre Mercado, por ejemplo en este artículo) que una cosa y otra no tienen nada que ver y que los países más productivos y con menos paro también tienen tasas de empleo más elevadas a los 60-70 años.

Pero, cuidado, como dicen los economistas en estos casos... "correlación no es causalidad". O a lo mejor hay causalidad, pero en dirección contraria: es decir, no es que los países con más empleo a los 70 años generen más productividad y PIB; sino al contrario, los países más productivos acaban teniendo mejores condiciones de empleo para todos, incluidos los mayores.

Lo cierto es que ésta segunda explicación parece más lógica por varias razones:

  • En primer lugar, los países más ricos también suelen tener un porcentaje más alto de empleos en el sector servicios y de alto valor añadido. También hay menos trabajos y sectores físicos, una palabra poco técnica con la que queremos aludir a trabajos que exigen mucho esfuerzo a sus trabajadores. Tanto por arriba (mucho empleo intelectual) como por abajo (poco empleo manual), este tipo de mercado laboral favorece las jubilaciones más tardías.
  • En segundo término, en estos países los sueldos son más elevados, lo que hace que el coste de oportunidad de jubilarse, en términos de ingresos, sea superior. Porque, además, estos países suelen tener sistemas de pensiones mucho menos generosos que España en tasa de sustitución (relación pensión / salario). Sueldos más altos y pensiones menos generosas son una buena razón para mantenerse unos años más en activo si uno está en buena forma.
  • Por último, en estos países las opciones de empleo flexible son muchísimo más habituales que en España. Para mayores y para no mayores. Por ejemplo, hablamos de países con tasas muy elevadas de empleo a tiempo parcial que, además, no se asocia como en España con precariedad, sino con la libre elección de empleados y empresa. Si a eso le añadimos que es mucho más sencillo compatibilizar trabajo y pensión, lo que tenemos es un círculo virtuoso de flexibilidad normativa y laboral que favorece mucho el empleo de los trabajadores más veteranos.

Ahora vamos al razonamiento del Ministerio de Seguridad Social y que asocia el mantenimiento de la fuerza laboral con el crecimiento del PIB. ¿Es esto automático? No lo parece. Si fuera tan fácil, parecería que con subir la edad legal de jubilación a los 68 años podríamos resolver todos nuestros problemas. En realidad, la idea debería ser replicar las condiciones de los tres párrafos precedentes, para conseguir que la economía española y el mercado laboral se parecieran más a los de los países del norte de Europa.

Prejubilaciones

Quizás lo que a todos nos venga a la cabeza, en España, cuando hablamos de edad de retiro es el fenómeno de las prejubilaciones. Entre las grandes compañías se ha convertido en casi una costumbre. Todos hemos escuchado historias de personas con poco más de 50-55 años a los que sus empresas mandan a casa cobrando algo menos que cuando trabajaban, pero no mucho menos.

Aquí hay muchas cosas que decir. Lo primero es que esto no es una jubilación. El trabajador sigue teniendo un régimen legal similar al del trabajador en activo. La empresa le paga la cotización a la Seguridad Social (normalmente, la cotización completa, para que no tenga merma en la pensión) y una renta mensual por un porcentaje del sueldo (el 60-70-80%..., depende de lo que se negocie). El otro día Escrivá denunciaba los costes para el Estado de las prejubilaciones, pero en los casos más conocidos, de grandes empresas, ese coste es muy bajo o nulo, porque es la compañía la que llega un acuerdo privado con sus trabajadores, normalmente con la bendición, cuando no el impulso directo, de los sindicatos. Aquí la casuística es enorme y excede el objeto de este artículo, pero lo que nos interesa no es eso, sino lo que tiene que ver con la productividad y los incentivos de empresas y trabajadores. Porque lo que nadie se pregunta cuando se escuchan noticias de prejubilaciones con 55 o 56 años es cómo es posible que a una empresa le salga rentable mandar a su casa a un empleado al que tendrá que seguir abonando el 60-70% de su coste laboral. Si obligamos a la empresa a mantener a esos trabajadores en sus puestos, ¿crecerá la productividad de la economía española? ¿Impulsará eso el PIB como defiende Escrivá?

Si mantenemos un mercado de trabajo rígido y poco competitivo, tener trabajadores de más edad no tiene por qué ayudar e incluso puede ser contraproducente, porque es una limitación más para las compañías. En sentido contrario, si el mercado de trabajo funciona y ofrece muchas opciones, quizás sea más sencillo convencer a esos mismos trabajadores de que sigan activos unos años más.

Para terminar, un apunte. En este esquema de penalizar mucho las jubilaciones anticipadas y remunerar las demoradas hay un aroma a ese modelo de cuentas nocionales que ya está vigente en varios países europeos (el caso más conocido quizás sea el de Suecia). La idea es que cada uno decida, con mucha flexibilidad, cuándo se jubila y que la prestación mensual varíe (mucho) en función de esa decisión. Si te jubilas a los 60 cobras muy poco, porque has cotizado pocos años y te quedan muchos años por cobrar; si te jubilas a los 70, cobras más, tanto porque aportaste más como porque cobrarás prestación menos tiempo. La idea es atractiva, pero incluye reforzar el componente de contributividad del sistema, justo lo contrario de lo que se está haciendo en España en las últimas décadas.

Mientras decidimos nuestro camino, un recordatorio de lo que apuntábamos antes: para que las cuentas salgan en esto, tenemos que mejorar nuestra productividad. Retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación a cambio de mejores pensiones no ahorra demasiado al sistema si los incentivos están bien diseñados. Como mucho es un parche pequeñito y en algunos casos, ni siquiera eso. La clave está en la otra pata, la de conseguir un tejido empresarial más competitivo y mejores empleos, para que se dispare el denominador (el PIB). ¿Estamos haciendo algo al respecto?

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