Tras una compleja negociación, PP y Vox lograron cerrar un acuerdo de gobierno. En virtud de la coalición, Alfonso Fernández Mañueco fue reelegido presidente de la Junta de Castilla y León y la derecha se aseguró cuatro años más de hegemonía en la región. Eso sí: la nueva legislatura no estará marcada por el continuismo en materia económica y, de hecho, se presenta con importantes novedades en dicho frente.
Así, desde hace dos semanas, la Consejería de Economía y Hacienda, que recayó en manos del PP, ha puesto en marcha la tramitación de una serie de rebajas fiscales que, tal y como ha explicado el titular de la cartera, Carlos Fernández Cariado, "va a poner el foco en dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, permitiendo un alivio que beneficiará sobre todo a rentas medias y bajas, así como al medio rural".
Quizá la medida más visible de todas es la que se pretende aprobar con efectos desde este mismo año 2022: la rebaja de medio punto en el primer tramo del IRPF, que se reduciría un 5,3% hasta situarse en el 9%, siendo así el más bajo de todo el mapa nacional. En total, estos cambios anunciados en el IRPF deberían generar un ahorro fiscal de 70 euros por hogar.
El segundo de los cambios que PP y Vox quieren sacar adelante en Castilla y León consiste en un incremento del 40 por ciento respecto de las cuantías generales previstas en la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción en función del número de hijos. La medida se vincula a la lucha contra la despoblación, de modo que será aplicable para aquellos contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Otro de los objetivos de la Junta es atraer negocios y empresas al medio rural, motivo por el cual se anuncia una mejora del tipo reducido aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. Así, cuando el supuesto de compra sea la adquisición de inmuebles que se destinen a ser sede social o centros de trabajo, y cuando tales activos estén situados en zonas rurales, se tributará un 2%, frente al gravamen general de referencia, del 8%.
En este mismo impuesto, también se anuncia que la transmisión de explotaciones agrarias entre agricultores pasará a estar tasada al 4%, en vez de al 8%. En paralelo, se anuncia una bonificación del 100% en la cuota aplicada sobre los arrendamientos de fincas rústicas, lo que evitará el trato desigual que hasta ahora sufrían estas operaciones en comparación con el arrendamiento de inmuebles urbanos. Esta última es una de las medidas anunciadas por la Junta para reducir hasta en un 95% los recargos que soportan la caza y la pesca, puesto que el sector cinegético es de los más beneficiados por la bonificación.
