España fue el segundo país de la OCDE donde más subió el precio de la luz a lo largo del año 2021. La tendencia se ha exacerbado en 2022, al calor de la guerra en Ucrania y del mayor aumento del IPC en más de tres décadas. Semejantes circunstancias parecerían justificar un debate de luces largas sobre la política energética que ha venido desarrollando nuestro país en las últimas décadas, pero el gobierno de España solo está abordando el problema a golpe de subsidios improvisados que poco o nada suponen de cara al largo plazo.
En gran medida, podría decirse que la apuesta energética de nuestro país encierra una extraña y fatal "pinza" que nos condena a un fracaso rotundo si queremos lograr cambios de calado. Y es que, por un lado, el Ejecutivo sigue cerrando la puerta al desarrollo de la nuclear o del fracking, lo que reduce de forma significativa el potencial de nuestro país como productor de tales formas de energía, pero, por otro lado, el gabinete que preside Sánchez también está minando el desarrollo de las tecnologías renovables que, en teoría, apoya.
El problema de fondo que enfrentan las renovables en nuestro país tiene mucho que ver con la inseguridad jurídica que han provocado los vaivenes en este campo. En la década de los 2000, España ofreció unas condiciones muy ventajosas a quienes invirtiesen en renovables, pero después retiró estas condiciones de forma retroactiva. Se puede (y debe) discutir sobre el precio ofrecido a las empresas que diesen el paso, pero no cabe duda de que la reversión de lo pactado ha tenido un impacto durísimo en términos de confianza y seguridad jurídica.
De hecho, al negarse a llegar a acuerdos y mantener una ofensiva legal contra los productores de dicho sector, el gobierno de Sánchez está contribuyendo de forma directa a deprimir la inversión en tecnologías como la eólica o la solar. De hecho, el aumento de la aportación de este subsector al mix energético español está siendo marcadamente inferior al promedio global y europeo.
Así, si nos fijamos en el prestigioso anuario que elabora el servicio de estudios de BP, podemos ver que el peso de las renovables sobre la producción total de energía primaria consumida en España apenas ha subido del 19% al 20% entre 2013-2014 y 2019-2020. Una subida de apenas un punto porcentual que confirma que las cosas no van por buen camino.
Durante ese mismo periodo, la subida media del peso de las renovables a nivel global ha sido de tres puntos (del 10% al 13%), mientras que el aumento observado en los países de la UE-27 ha sido de cuatro puntos (del 15% al 19%). Por tanto, desde que cambiaron las reglas de juego, la evolución de las renovables en España ha sido cuatro veces peor que el promedio comunitario europeo y tres veces peor que el promedio mundial.
A nadie escapa que la posición de España en este sector era de claro liderazgo hasta la revisión retroactiva de las primas, de modo que la pérdida de dinamismo inversor en este campo está claramente vinculada al súbito cambio de las regla de juego. Y, si bien es legítimo y probablemente acertado que se haya planteado una revisión de los incentivos ofrecidos a los productores, lo que no tiene sentido es plantar dicha modificación de manera retroactiva, violando los compromisos adquiridos y abriendo decenas de procesos legales internacionales que aún hoy siguen su curso en los tribunales de arbitraje y que contribuyen a deprimir más aún el desarrollo de renovables en un país que, a priori, lo tiene todo para beneficiarse de tecnologías como la solar.
De modo que, a raíz de esta polémica decisión, y debido a las estrategias que el gobierno está siguiendo a nivel internacional para intentar retrasar los procesos abiertos en las cortes de arbitraje, el resultado final no es otro que una clara ralentización de la inversión privada en energías renovables que, sumada a la negativa del gobierno a explorar fórmulas como la nuclear o el fracking, nos sitúa en un escenario absurdo, una "pinza" fatal en la que todos los incentivos están alineados en contra de las empresas y las familias, que seguirán pagando una luz muy cara como consecuencia de una política energética tan mal planteada.