En materia de pensiones, las dos noticias de la semana tienen el mismo protagonista: la contributividad. O lo que es lo mismo: el premio por cotizar. Porque se supone que el sistema va de eso, de cotizar y luego cobrar por lo cotizado.
La primera es el pacto entre PSOE y Bildu para disparar las prestaciones no contributivas un 15%. La segunda es el "error" de los socialistas en la Comisión de Trabajo: en una sesión muy caótica, el PSOE votó a favor de una enmienda de Podemos que incluía el destope en las bases máximas de cotización.
Como hemos apuntado en anteriores ocasiones, podría discutirse mucho respecto de la naturaleza real del modelo de la Seguridad Social. Al fin y al cabo, ni hay dinero ahorrado que genere rendimientos ni las reglas para cobrar lo en teoría generado son fijas, sino que cambian cada cierto tiempo para ajustarse a las necesidades financieras del Estado.
Pero no es lo que dicen nuestros políticos. Ellos defienden que esto sí es un sistema y que se rige por la regla de los "derechos". Así, las pensiones serían una especie de "salario diferido" que uno cobra en razón de lo que haya aportado en el pasado. Es el lenguaje del ahorro, que parece más propio de un sistema de capitalización que de uno de reparto, en el que lo que se abona en prestaciones depende de lo que se recauda cada año. Pero a los partidos les encanta la ficción de la bolsa que vamos llenando poco a poco; aunque sea de forma figurada, porque no hay tal bolsa.
El problema es que luego llega la realidad parlamentaria, legislativa y presupuestaria. Es decir, lo que nuestros políticos aprueban. Y ahí lo del ahorro cada vez tiene menos peso. Esto es clave porque se supone que nuestro sistema es "contributivo". No todos los países de Europa han optado por esta alternativa. Algunos de los más ricos (Dinamarca, Holanda) en realidad tienen sistemas de los denominados asistenciales, en los que apenas hay diferencias en las prestaciones que se pagan en la parte de reparto en función de los años trabajados o las cotizaciones abonadas; aunque también están complementados con una pata de capitalización con ahorro real en la que, ahí sí, lo que cada uno haya ido poniendo se traduce en una mensualidad mucho más elevada para los que más aportaron.
En este punto, junto a la discusión teórica sobre qué opción es mejor, hay una segunda derivada: la información al futuro pensionista. Si el modelo es asistencial, hay que decirlo, para que ahorre (ya sea de forma individual o a través de los planes de empresa o empleo tan habituales en estos países). Y si es contributivo, incluso aunque esa contributividad se articule a través de unas reglas que van cambiando, hay que mantener esa naturaleza lo máximo posible.
Como decimos, lo cierto es que desde hace años (décadas, en realidad) se viene socavando poco a poco la naturaleza contributiva del sistema. A través de tres vías:
- Subir las pensiones no contributivas, acercando estas prestaciones a las pensiones contributivas más bajas. Es verdad que estas prestaciones siguen siendo muy bajas y que sigue habiendo una diferencia entre contributivas (721,7 euros de pensión mínima para personas sin cónyuge) y no contributivas (unos 5.900 euros al año, 421,4 al mes), lo que es lógico. Pero cada vez es menor y tras la subida pactada del 15%, esa distancia se estrechará.
- Reducir la diferencia entre las pensiones contributivas máximas y mínimas. Esto se hace subiendo éstas últimas más que las primeras. Y supone que el premio por cotizar cada vez es menor. A comienzos de los años 80, esa diferencia implicaba que las máximas eran más de siete veces superiores a las mínimas. Ahora esa ratio es inferior a cuatro.
- Subir las bases de cotización máximas (este año en 4.139,4 euros/mes o 49.672,8 al año) por encima de lo que suben las pensiones máximas (39.468 euros al año). Lo que se traduce en que parte de lo cotizado no genera derechos. A muchas personas en España, el coste extra de cotizar por la máxima no les aportará nada en el futuro, porque su pensión está topada. De hecho, cada vez hay más nuevos jubilados que cobran la pensión máxima: a la mayoría de estas personas, si hicieran un cálculo matemático de lo cotizado, les saldría una prestación teórica más alta, pero no pueden cobrarla por el tope a las pensiones.
Mirado de forma conjunta, estamos ante la "reforma silenciosa" o "reforma oculta" del sistema. Que no es otra cosa que el paso de un sistema contributivo más o menos coherente a uno que casi podríamos considerar mixto: porque siempre habrá un premio por cotizar, pero este premio cada vez es menor. Ningún partido quiere eliminar por completo la contributividad, porque sería impopular y porque es lo que legitima el modelo (lo del "ahorro" y los "salarios diferidos") pero al mismo tiempo lo erosionan poco a poco. Lo que no deja de ser una paradoja: porque atacan aquellos mismos fundamentos que tanto peso tienen en su retórica. Por ejemplo, con la proyectada subida de cuotas a los autónomos de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, el ministro de Seguridad Social ha tirado mucho del argumento del derecho que podrán disfrutar a futuro y de lo bajas que son las pensiones actuales de los autónomos jubilados. Porque a los políticos españoles no se les cae de la boca el lenguaje del "ahorro" y de los "derechos" pero cada medida que aprueban reduce el peso de esos derechos generados. Lo de esta semana es sólo un nuevo capítulo.
En este punto, la subida constante, casi cada año, de las no contributivas por encima de lo que suben las contributivas es otro elemento contra la naturaleza del modelo. Nos dirán que las prestaciones no contributivas no forman parte del sistema y se pagan como cualquier otro subsidio (vía impuestos, no cotizaciones). Pero esto también es equívoco por dos motivos: uno, el ya apuntado de que todo se paga con la misma caja, la del Estado que recauda todo tipo de tributos (también ese tributo denominado cotizaciones) y luego reparte entre los beneficiarios.
Pero el otro es que, incluso si aceptamos la ficción del sistema cerrado, está claro que la opción para los que no están en ese sistema tiene mucho peso también en cómo definimos éste. ¿Se puede defender lo de la pensión como un "derecho generado" o un "salario diferido" si los que no han generado nada cobran una cantidad parecida a los que sí lo hicieron? La excusa de que son partidas con una naturaleza diferente no deja de ser en parte una cuestión técnica (si el dinero sale de la Seguridad Social o del Presupuesto del Estado) pero al final el jubilado se pregunta: ¿cuántos años de trabajos y cotizaciones acumuladas me costó a mí tener esta prestación contributiva y cuántos años de no cotizaciones le han permitido a ese otro tener esa otra prestación no contributiva y, además, a qué otras prestaciones complementarias tiene derecho?
Por otro lado, está la polémica con el "error" con el destope de las cotizaciones. Que habrá que ver si se soluciona en el Pleno del Congreso, pero que ha vuelto a poner en el centro del debate una medida que el Gobierno defiende aunque no siempre abiertamente. Es cierto que Podemos quiere aprobarlo desde ya y sin límites: destopar por completo las cotizaciones (se cobre lo que se cobre) sin tocar un euro las pensiones máximas. En realidad, la extrema izquierda siempre ha apostado por un modelo más bien asistencial (aunque sin decirlo así) en el que las no contributivas son muy similares a las mínimas contributivas y, al mismo tiempo, apenas hay distancia entre contributivas máximas y mínimas.
La parte socialista, con el ministro José Luis Escrivá al frente, no quiere llegar a tanto. En este sentido, es verdad que introducen matices: que quieren hacerlo tras negociarlo con sindicatos y patronal, que la medida podría ir acompañado de una subida de las pensiones más altas (aunque nunca en la misma magnitud que el incremento de las cotizaciones), que podría mantenerse un tope a las cotizaciones aunque sea superior al actual, etc. No es lo mismo lo que propugna Podemos que el planteamiento de Escrivá. Pero es más una cuestión de distancia recorrida que de dirección: los dos apuntan a erosionar la contributividad y en lo que se diferencian es en la magnitud de esa erosión.
Destopar las cotizaciones supondría una inyección de ingresos a corto plazo a la Seguridad Social, esto es evidente. Y por eso se plantea esta medida, para intentar sostener financieramente un sistema al límite por el desequilibrio entre gastos e ingresos. Pero también tiene otras consecuencias: desde el coste que esto supondría para las empresas al desincentivo a la inversión, la posible fuga de trabajadores de alta cualificación, el empujón a la economía sumergida o a estirar la interpretación de la norma sobre lo que son costes salariales para eludir el palo fiscal, el riesgo de que los ingresos a largo plazo podrían no subir tanto como consecuencia de todo lo anterior...
¿Hasta dónde llegarán los planes del Gobierno? Tampoco en esto lo sabemos. Mucha confusión, mucho ruido y poca claridad. Lo único que podemos asegurar casi con certeza es que el sistema de pensiones será en unos años menos contributivo de lo que es ahora (y ahora lo es menos que hace dos y tres décadas). Con todo lo que hablan de "ahorro" y "derechos" y cada día hacen más para que esas palabras se queden sólo en un eslogan.