Pedro Sánchez ha aprovechado el decreto de recortes energéticos en luz y gas para colar todo tipo de asuntos. Y muchos de ellos, recaudatorios, para no variar. Así, ha introducido una subida de las tarifas de los aeropuertos con el propósito de aumentar la seguridad en el control de inmigrantes. Ese coste —que debería asumirlo el Ministerio del Interior, puesto que forma parte de sus competencias— es trasladado, de este modo, de forma indirecta a los consumidores y compañías aéreas. Y todo ello mientras se afirma que el decreto ha sido impulsado para ayudar a las empresas afectadas por los precios de los carburantes, entre ellas, obviamente, las aéreas.
El título II de este real decreto-ley recoge las medidas en materia de transporte aéreo. "El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en su capítulo II, estableció diversas medidas de obligado cumplimiento para hacer frente al covid-19 en el sector del transporte aéreo" señala el texto. "Entre esas medidas, en el artículo 3 se determinó el procedimiento para la incorporación al ordenamiento jurídico interno de las Directrices operativas adoptadas por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación en relación con la pandemia covid-19 en los aeropuertos, estableciendo su carácter obligatorio", añade el redactado.
"La evolución de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19, en particular por el grado de inmunización alcanzado y, como consecuencia de ello, la significativa reducción de la gravedad de sus efectos, exigen eliminar la obligatoriedad de la aplicación de dichas directrices operativas, que en el ámbito de la Unión Europea nacieron como recomendaciones, para dotarlas de este carácter, evitando imponer obligaciones adicionales a las exigibles en el ámbito de la Unión Europea, en particular en un contexto de reactivación del sector y del turismo asociado al período vacacional, en un momento en que la crisis ocasionada por la guerra en Ucrania y su impacto en la economía podría afectar a la competitividad del mercado español", aclara el decreto.
Pero el Gobierno ha visto en esas medidas una fórmula gratis para mejorar el control de los inmigrantes. Gratis para el Gobierno, claro. "Es necesario, no obstante, contemplar la eventualidad de que por la evolución de la pandemia debido a la aparición de variantes del SARS-CoV-2 que por su contagiosidad o la gravedad de las patologías que desencadene deban establecerse como obligatorias todas o algunas de esas Directrices operativas" y, por lo tanto, "sin perjuicio de lo anterior, el artículo 9 de este real decreto-ley extiende la aplicación del procedimiento para la adopción de directrices operativas a otras situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional declaradas por la Organización Mundial de la Salud que por su impacto justifiquen la adopción, por parte de los organismos competentes de la Unión Europea o una organización internacional de la que España sea parte, de directrices operativas, guías o recomendaciones para la gestión de los pasajeros aéreos, del personal de aviación o del uso de los aeropuertos".
El Gobierno no duda en admitir en el propio texto del decreto que "se aprovecha así, un procedimiento que se ha mostrado eficaz para la aplicación de las medidas de prevención y contención de la transmisión del SARS-CoV-2 en el ámbito del transporte aéreo, para disponer de un instrumento permanente de respuesta ante enfermedades tan contagiosas y de rápida propagación como la covid-19".
Es más, en "el Reglamento (UE) 2017/2226 […], por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011" y se establece "la obligatoriedad de los Estados miembros de disponer de un Sistema de Entradas y Salidas (en lo sucesivo, SES) para registrar los datos de entrada y salida de todos los nacionales de terceros países que crucen las fronteras externas de los Estados miembros de la Unión Europea".
Y vista la oportunidad por el Gobierno de trasladar ese coste a los consumidores, no pierde la oportunidad. "El Ministerio del Interior ha previsto los desarrollos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento (UE) 2017/2226, así como la dotación de nuevos efectivos policiales. Estos medios que satisfacen las obligaciones del citado reglamento, no obstante, no garantizan el mantenimiento de los actuales parámetros de calidad del servicio en determinados aeropuertos y durante picos de demanda puntuales". Por eso y "para mantener los tiempos de paso por la frontera en un rango similar a los actuales, una vez que se ponga en marcha el SES, y garantizar una calidad adecuada en los citados aeropuertos, adicionalmente a los medios previstos por el Ministerio del Interior se requiere la instalación de puestos de control automatizados que reduzcan los tiempos en el ejercicio de la función de control de fronteras". Adicionalmente, "se hace preciso tener en cuenta también los sistemas de control fronterizo automatizado de pasaportes (ABC) que se utilizan actualmente para los pasajeros de la UE, con el fin de poder dotar de una mayor optimización al conjunto de la infraestructura en fronteras".
¿Y quién pagará todo ello? "Por todo cuanto antecede, se considera necesario establecer la colaboración de Aena con el Ministerio de Interior mediante la puesta a disposición de éste de las instalaciones y personal de apoyo preciso para el mantenimiento de las condiciones de calidad de los servicios de control de fronteras, sin perjuicio de las competencias que corresponden al referido departamento en el ámbito transfronterizo", explica el texto. Y "para ello se ha de permitir a Aena la recuperación de los costes asociados a las inversiones que deba realizar para la adquisición e instalación de estos equipos automatizados, así como de los gastos de explotación y mantenimiento asociados y que resulten necesarios para lograr el cumplimiento de la calidad anteriormente señalada dentro del marco DORA".
La solución del Gobierno es la de siempre: traslado de los costes al consumidor y las empresas usuarias: "Se ha previsto que dicha recuperación se lleve a cabo dentro del marco general de recuperación de costes eficientes que establece la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y los sucesivos DORA, pues dicho marco garantiza la aplicación de tales costes a las tarifas aeroportuarias bajo los principios de transparencia, consultas al sector y no discriminación, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".
Es más, "se suprime en el artículo 15 del presente real decreto-ley el apartado cuarto del artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, al objeto de que Aena pueda llevar a cabo la revisión excepcional de precios de los contratos de obras prevista en ese artículo". Y "se establece en el artículo 16 del presente real decreto-ley que el incremento del valor anual de inversión no se impute al DORA para los ejercicios 2022-2026 de forma que el gestor aeroportuario pueda hacer frente al mayor volumen de inversión por la evolución sobrevenida de los precios y se articule la recuperación de esos costes adicionales en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria que se apruebe para los ejercicios 2027-2031".