Si el gobierno se sale con la suya, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social se habrá reducido del 7% al 5,3% del PIB entre los años 2021 y 2022, según estima el Fondo Monetario Internacional. En términos monetarios, esta reducción del desequilibrio presupuestario significa que la diferencia negativa entre ingresos y gastos habrá bajado de 84.849 a 68.518 millones de euros, un descenso de 16.331 millones.
Fijémonos ahora en la evolución de los dos componentes que influyen en el déficit presupuestario. El primero de ellos es el gasto público. Si comparamos el resultado de 2021 con el dato esperado para 2022, encontramos que los desembolsos van a subir de 603.697 a 613.920 millones de euros, lo que supone un incremento de 10.223 millones.
A renglón seguido, debemos fijarnos en el comportamiento de los ingresos públicos. Durante el ejercicio 2021, la suma de la recaudación fiscal y de las cotizaciones sociales ascendió a 518.848 millones de euros. Este 2022, el dato previsto para el cierre del ejercicio se eleva hasta los 545.401 millones, dibujando un incremento de 26.553 millones.
Por lo tanto, cuando medimos el desempeño fiscal proyectado para el año 2022, encontramos que no hay intento alguno de cerrar el déficit por la vía de la estabilidad presupuestaria. Más bien, lo que tenemos es una corrección basada íntegramente en disparar los ingresos fiscales y las cotizaciones, que suben en 26.553 millones y superan así el incremento del gasto, de 10.223 millones.
Lo peor de todo es que, si analizamos las proyecciones del propio FMI para el próximo año 2023, volvemos a encontrarnos con algo muy similar. Así, el déficit solo bajará del 5,3% al 4,3% del PIB y dicha reducción se explica solamente por la subida de los ingresos públicos, que pasarán de 545.401 a 563.686 millones de euros, elevándose con más fuerza que un gasto que también irá a más, subiendo de 613.920 a 621.881 millones, para así recortar el déficit en apenas 10.323 millones, pasando de 68.518 a 58.195 millones.
Todo esto choca con la ortodoxia en materia de consolidación presupuestaria. Como explicó Alberto Alesina, la mayor eminencia en el ámbito del análisis económico de programas de reducción del endeudamiento público, al menos el 80% del ajuste debe recaer por la vía del gasto para que el saldo final sea efectivo, en términos de reducción del déficit y la deuda, y eficiente, en lo tocante al mantenimiento de la actividad económica, el consumo y la inversión. Pues bien, España no solo ignora la regla de oro de la austeridad, sino que directamente ejecuta todo el ajuste por la vía de las subidas fiscales.
