El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a quedar en evidencia, esta vez con el fiasco de los planes de pensiones para empleados que impulsó su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y es que, según los datos que ha divulgado el propio Ejecutivo, apenas 9 de cada 100 convenios incluyen esta prestación para la jubilación.
Los trabajadores recordarán que los límites máximos de reducciones fiscales aplicados a las aportaciones de los trabajadores a sus planes de pensiones se han reducido con fuerza desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Para ser precisos, el umbral de referencia ha caído de 8.000 a 2.000 euros entre los años 2020 y 2021, con el consecuente golpe a los contribuyentes y el impacto derivado en el esfuerzo ahorrador de los trabajadores.
El efecto directo de esta subida de impuestos encubierta fue un desplome muy significativo en las aportaciones realizadas por los trabajadores a estos vehículos de ahorro para la vejez. Según datos de Inverco, el curso 2021 se cerró con entradas por valor de 2.539 millones, frente a los 4.314 millones del año 2020, lo que supone una caída del 41%. Este 2022 se espera una nueva caída, puesto que el nuevo límite de referencia es de 1.500 euros.
Fiasco de los "planes de pensiones para empleados"
Ante semejante desaguisado, el ministro de Seguridad Social quiso vender la viabilidad de los "planes de pensiones para empleados", un instrumento que apenas alcanzaba al 4% de los trabajadores con convenios firmados en 2019. Pues bien, ya se conocen los datos correspondientes a 2021 y, sin duda, la apuesta de Escrivá ha arrojado resultados muy decepcionantes.
Para ser precisos, los datos que ha compartido el Ministerio de Trabajo que dirige la comunista Yolanda Díaz ponen de manifiesto que, si se analizan las cláusulas especiales incluidas en los convenios colectivos que se negociaron y firmaron a lo largo del año 2021, solo el 9% de los empleados van a acogerse a este tipo de cobertura para la vejez.
El 91% restante, pues, enfrenta el peor de los mundos. Por un lado, se han quedado fuera de este mecanismo planteado por Escrivá, que no solo reduce el poder de decisión del trabajador a la hora de canalizar su ahorro para la jubilación, sino que además tiene un encaje muy difícil en la operativa e la mayoría de las empresas de nuestro país, que al fin y al cabo son pymes para los cuales este tipo de instrumentos suponen más complicaciones y burocracia. Y, por otro lado, las posibles aportaciones a los planes de pensiones convencionales se ven duramente golpeadas por las medidas fiscales del Ejecutivo, que han reducido de 8.000 a 1.500 euros el umbral de aportaciones beneficiadas con un mejor trato en el IRPF. Además, en el caso de los autónomos, la situación es aún peor, puesto que ni siquiera pueden darse a sí mismos este tipo de instrumento para el ahorro.