Un estudio coordinado por el economista Luis Ayala se ha convertido en el nuevo buque insignia de la izquierda política y mediática a la hora de denunciar el "fraude fiscal" que, supuestamente, estarían cometiendo las grandes fortunas en España. Haciéndose eco del informe, Cinco Días tituló que "el fraude fiscal aumenta según crece la renta", añadiendo que "el 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos". Poco después, Eduardo Garzón se hacía eco de la noticia, amplificando su difusión.
Como suele hacer la izquierda cuando habla de estas cuestiones, el estudio habla en términos generales de "ocultación" y "fraude fiscal", pero juega a la confusión, puesto que en esta rúbrica incluye "la evasión, elusión y vaciamiento de la base impositiva de los impuestos". Es decir, que la práctica ilegal de no pagar los tributos preceptivos sería equiparable al mero hecho de acogerse a deducciones, exenciones o regímenes especiales para pagar menos a Hacienda dentro de lo que permite la legislación vigente. He ahí la primera gran trampa. del informe.
Escaso impacto recaudatorio
Resulta llamativo comprobar, en cualquier caso, que el trabajo en cuestión admite que la brecha tributaria asociada a todo este tipo de prácticas ascendería a 7.101 millones de euros en 2017, lo que apenas supone el 0,7% del PIB. Dicho de otro modo: es absurdo seguir fingiendo que el "fraude fiscal" explica el déficit presupuestario, puesto que incluso si se comete el error de bulto de confundir prácticas tributarias ilegales con estrategias impositivas amparadas por la normativa, el impacto en la recaudación es nimio.
En otra sección del trabajo, se apunta que "dado que el uso de paraísos fiscales suele estar protagonizado por grandes fortunas", las rentas "ocultas" por esta vía alcanzarían los 4.500 millones de euros. Dando por buena esta afirmación, y suponiendo que estos ingresos tributasen al 50%, hablaríamos de apenas 2.250 millones, es decir, el 0,2% del PIB.
Por tanto, tampoco tiene mucho sentido ligar el "fraude fiscal" de los ricos o la existencia de paraísos fiscales a los problemas de déficit que arrastra España, puesto que el propio informe, construido a partir de datos inflados que mezclan evasión (ilegal) con elusión (legal), admite que el impacto sobre los ingresos públicos de estas prácticas es escaso.
El efecto de la armonización
Publicado por la Fundación La Caixa, el trabajo propone como una posible solución a esta cuestión "impulsar la armonización fiscal, tanto internacional como dentro del estado autonómico, con el objetivo de dificultar la ocultación de rentas en paraísos fiscales y las dinámicas de competencia a la baja".
Esta es la tercera trampa del estudio: se propone como solución mágica una política de armonización fiscal que, en realidad, encierra elevadísimos costes para familias y empresas. Esos costes se ocultan en el informe, pero merece la pena desgranarlos para poner de manifiesto los efectos derivados de dar por bueno el trabajo.
Así, la armonización de impuestos con respecto a Europa, rechazada por el 85% de los contribuyentes y cuestionada por numerosos expertos jurídicos, supondría que el ciudadano medio pagaría 400 euros más de IVA y 360 euros más de IRPF, a lo que habría que sumar un fuerte aumento de los impuestos abonados por los beneficiarios del subsidio de paro (550 euros más) o los mayores que cobran una pensión de jubilación (600 euros más). A esto habría que sumarle el efecto de la armonización en clave autonómica, que por ejemplo supondría un golpe medio de 2.000 euros para las familias de Madrid.