El Gobierno social-comunista se ha sacado de la manga otra palabra mágica para intentar dulcificar la intervención salvaje de la economía que está perpetrando en España: "topar". La electricidad, el gas, el alquiler, la gasolina, la cesta de la compra... El precio de cualquier producto o servicio que se intercambie libremente en el mercado es susceptible de ser "topado" por Sánchez o sus incompetentes ministros, y por ende, condenado a la escasez y a su encarecimiento.
El último sector golpeado por semejante injerencia del Gobierno en la competencia empresarial es el de los supermercados. Yolanda Díaz o Alberto Garzón han encontrado en estas empresas el chivo expiatorio ideal al que cargarle la culpa de una inflación que está asfixiando a los consumidores del país, y que el Gobierno no solo es incapaz de controlar, sino que hace buen negocio de ella. El récord histórico de los 100.000 millones de recaudación en lo que llevamos de año es la prueba irrefutable de los pingües beneficios que se está embolsando de Hacienda con la desorbitada escalada de precios.
Sin embargo, lejos de pedirle explicaciones al fisco, el ala comunista del Ejecutivo se ha propuesto castigar a las compañías que comercializan los productos con los que los ciudadanos llenan sus neveras. La última ocurrencia, liderada por Yolanda Díaz, es elaborar una lista de productos básicos sobre los que establecer un control de precios que deberá estar vigente, al menos, hasta Navidad. Que Díaz sea ministra de Trabajo, por lo que su competencia en materia alimentaria es nula, no le ha impedido llevar a cabo este despropósito.
El plan de la ministra de Trabajo es "lograr un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios del pan, la leche, los huevos o la fruta" y así armar su particular cartilla de racionamiento. De las incendiarias declaraciones de Díaz surgen las primeras incógnitas: ¿qué ocurrirá si los supermercados se niegan? ¿y si unos quieren plegarse ante la ministra y otros no? ¿serán señalados? La lista de argumentos jurídicos que surgen en contra de esta medida inspirada en el sistema de planificación central es infinita.
Y mientras Yolanda Díaz está empeñada en imitar a las ruinosas Argentina y Venezuela, en Podemos claman por un impuesto a los supermercados, con los socialistas divididos entre el apoyo a estas aniquiladoras ideas y una tibia oposición. Emprender tamaña campaña de desprestigio contra un sector con una amplia red de tiendas, que ofrece a la población productos de calidad con los que alimentarse a unos precios muy razonables no puede resultar más miserable por parte de la empobrecedora banda que forma el Gobierno de Sánchez.
Las consecuencias de la fijación de precios máximos resulta demoledora para la supervivencia de cualquier producto o servicio: reduce existencias, expulsa a los fabricantes del mercado, desvía la producción a otros bienes no intervenidos, fulmina la innovación y, en definitiva, tiene como resultado el contrario que ambicionaba el político intervencionista. Sólo bajando impuestos, reduciendo trabas regulatorias al sector y favoreciendo la competencia es posible abaratar los precios. Por eso, a quien hay que "topar" es al Gobierno y a su tiranía de los controles.