Los inspectores de la Agencia Tributaria quieren que se cree un órgano unificado para perseguir a todos los contribuyentes. Así se recoge en una de las propuestas emitidas por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) con motivo de su XXXII Congreso, celebrado la semana pasada.
Los inspectores incluyen en un informe, que abarca diversas propuestas "para la reforma de las administraciones tributarias", un punto en el que solicitan "la creación de un Departamento de Control Tributario y Aduanero". Este departamento integraría, según propone la IHE, todas las facultades de control de los órganos de Gestión e Inspección.
El documento alega que el gran elevado volumen de trabajo que maneja el Departamento de Gestión provoca que "las comprobaciones de los órganos de gestión se hayan limitado a comprobaciones formales, es decir, a labores de verificación de datos declarados y errores aritméticos". Y señalan que de este problema se han aprovechado "determinados despachos de asesores" conocedores de la "debilidad organizativa" de Hacienda, haciendo que los casos de muchos contribuyentes sean "demasiado difíciles para ser comprobados por Gestión y demasiado pequeños para ser investigados por Inspección".
En este sentido, creen que, si bien la estructura actual funciona eficazmente con los contribuyentes no empresarios y profesionales, esta "quiebra" en lo que se refiere a los procedimientos con contribuyentes con actividades económicas, como los autónomos. Así que, para solucionarlo, plantean integrar en un solo área –la del departamento de Inspección– el control de todo tipo de contribuyentes, dejando que el departamento Gestión se dedique "exclusivamente a controlar la presentación de declaraciones" (no su análisis), así como la asistencia al contribuyente.
En resumen, los inspectores creen que el departamento de Gestión no controla eficazmente a los contribuyentes con actividades económicas, y para atajarlo piden supervisar ellos mismos a esos contribuyentes. Estiman que "las evidentes economías de escala" de integrar las dos áreas mencionadas conllevaría "un porcentaje mayor de revisión del censo de empresarios y profesionales", y "evitaría conflictos competenciales entre áreas de control distintas".
Policía fiscal y vigilancia exterior
Otra de las medidas propuestas por los inspectores para la reforma de la Agencia Tributaria pasa por integrar las bases de datos de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) en pos de una mayor "eficiencia, simplicidad y economicidad".
Asimismo, reclaman que la lucha contra el fraude "debe contemplar la creación de una policía fiscal", que sería dependiente de la Agencia Tributaria. Tales unidades actuarían "bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude".
Por otro lado, piden que se unifique la gestión recaudatoria de toda la Administración, incluida la autonómica, en un único órgano de recaudación, evolucionando hacia la "integración en red de todas las bases de datos tributarias existentes en España". Los inspectores no quieren que se ceda más capacidad gestora a las Comunidades Autónomas sobre tributos distintos a los actualmente cedidos, y pretenden que la AEAT recupere la gestión de estos.
Además, la IHE también quiere que se refuerce la vigilancia fiscal en el exterior, para lo que considera fundamental el impulso de las relaciones bilaterales con otros países extranjeros para la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Para ello, los inspectores han reclamado el mantenimiento y ampliación de la red de Consejerías de Finanzas de España en el exterior, en los Estados en los que haya más presencia de empresas españolas.
Y, por último, los inspectores reclaman que el personal en plantilla se incremente notablemente para perseguir mejor al contribuyente. Alegan que la AEAT ha sufrido un envejecimiento de los trabajadores, "con una edad media superior a los 52 años", lo que "va a provocar miles de jubilaciones en los próximos años". Estiman que la plantilla actual, que se acerca a los 26.000 empleados tras" la tibia recuperación lograda por el incremento de las ofertas de empleo público" en los tres últimos años, debería ampliarse hasta los 29.931 empleados "para equiparse a la media de los países de la OCDE".
