Al gobierno de Pedro Sánchez le gusta trasladar la idea de que la crisis inflacionista que sufre España se debe a la guerra en Ucrania. Sin embargo, antes de que Vladimir Putin iniciase la invasión, el Índice de Precios al Consumo acumulaba meses y meses de subidas continuadas. De hecho, si nos retrotraemos a 2019 y medimos su evolución, encontramos que los precios han crecido un 14% en términos acumulados, mientras que, si nos fijamos solamente en el dato de inflación de febrero de 2022, podemos ver que los precios escalaban un 7,6% en la etapa previa al ataque ruso.
Partiendo de esa base, resulta evidente que todo lo que diga el gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión carece de credibilidad. De hecho, aunque el Ejecutivo ha intentado deslizar en distintas ocasiones la idea de que las empresas están propiciando las subidas de precios a base de engordar sus márgenes y rebajar los salarios, la realidad no puede ser más distinta. De hecho, ese discurso impulsado por Yolanda Díaz y acompañado por las centrales sindicales de izquierdas CCOO y UGT se choca frontalmente con lo que revelan las cifras.
Así, según los datos del INE que ha evaluado el IEE, los costes laborales explican el 83,4% del fuerte aumento de los precios observado en los años 2019 y 2021. A lo largo de dicho bienio, el IPC escaló del entorno del 1% a cifras comprendidas entre el 5% y el 6%. Por tanto, el efecto de la subida de los costes laborales ha sido devastador en términos de estabilidad de precios, hasta el punto de que su incidencia en dicha variables es ocho veces más intensa que la del comportamiento de los resultados empresariales.
De igual modo, es importante tomar en consideración que la contabilidad nacional recoge métricas referidas al peso de las rentas salariales y los beneficios empresariales. En la actualidad, los ingresos de los trabajadores suponen el 47,5% del PIB y aventajan al excedente bruto de explotación en 5,5 puntos, mientras que en 2019 se observaba una brecha menor, de 2,8 puntos. Esto viene a señalar que, en el actual contexto, con un PIB decreciente, circunstancia que obviamente genera descontento, el peso de los salarios sobre la producción ha ganado terreno a la cuota amasada por las ganancias que obtienen las compañías privadas.
La escalada de los costes laborales está directamente vinculada a las agresivas subidas de impuestos y cotizaciones, que han encarecido notablemente la presión fiscal asociada a la contratación. De igual modo, decisiones regulatorias como las continuas subidas del salario mínimo han influido en la misma línea. Algo parecido puede decirse de las continuas actualizaciones de rentas dependientes del sector público, caso de empleados públicos o pensionistas, a menudo por encima de la capacidad financiera del país, que en el mismo periodo ha experimentado un aumento de 300.000 millones en su endeudamiento público, lo que viene a confirmar que dichos aumentos retributivos no son sostenibles y se financian vía déficit.
Por otro lado, aunque Yolanda Díaz y los sindicatos insisten en que las empresas no están revisando salarios, las cifras vuelven a desmontar su discurso. Según los convenios registrados en los tres primeros trimestres de 2022, más de 2 millones de trabajadores españoles cobrarán más este año, en línea con los pactos de rentas que se han negociado de forma privada, arrojando subidas salariales medias del 5%. Además, hay 1,7 millones de asalariados cuyos contratos tienen cláusulas de revisión salarial. Por tanto, de los casi 13 millones de trabajadores que dependen del sector privado (es decir, que no son autónomos ni empleados públicos), hay alrededor de un tercio a los que ya se les están aplicando mejoras retributivas y esta cifra escalará al 50-60% una vez se concluyan las negociaciones de convenios en curso.