El asunto es muy chusco. De esos que se dicen "de república bananera". Y sorprende por la poca entidad de la cuestión. Es de esas minucias, como muchos casos de corrupción famosos (no sabemos si éste terminará igual), que comienzan con un tema sin apenas relevancia, que se podría haber resuelto y olvidado en unos días. Pero entonces alguien decide, en una mezcla de prepotencia y sensación de impunidad, que ellos son el Gobierno y no les van a torcer la mano unos chavalitos de una entidad poco conocida. Entonces empiezan las mentiras y el rodillo. Quién será tan insensato de seguir enfrentado al poder. El problema es que ese alguien sigue y de repente el prepotente se ve metido en un lío que le compromete y que acaba siendo un problema mayor que el que pretendía resolver.
Hablamos del escándalo con el informe fantasma sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el propio Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz encargó y ocultó (sigue ocultando, en realidad). Lo primero, el contexto:
- Una de las promesas más conocidas en materia económica de Podemos es la subida del SMI. Ahora mismo está en 1.000 euros al mes en 14 pagas y la intención de los morados es llevarlo a 1.100 a partir de enero del próximo año. En algún momento se planteó que fueran 1.050 euros, pero con la inflación disparada, Díaz quiere anotarse el tanto de un incremento superior. Sería la quinta subida consecutiva y supondría, eso es evidente, una diferencia sustancial con los 735,9 euros de 2018.
- Las cifras son llamativas, pero muchos expertos son escépticos. En primer lugar sobre los efectos de la subida: porque las empresas tienen medios de intentar sortearla. Por ejemplo, con contratos con menos horas de trabajo; de hecho, las horas trabajadas en España siguen sin crecer al mismo ritmo que el número de puestos de trabajo. O firmando más contratos a media jornada. Y, por supuesto, creando menos empleo o desplazando parte a la economía sumergida, que ha sido siempre el miedo de la patronal y de numerosos economistas que han analizado este tipo de medidas.
- También es verdad que no hay consenso al respecto. Otros economistas defienden que subir el salario mínimo no afecta al empleo mientras el SMI esté por debajo de determinados límites y que puede incluso servir como referencia para subidas del resto de los salarios, especialmente los que estén cerca del mínimo.
Hasta aquí, nada nuevo. Un debate tan viejo como la economía y en el que las posturas de unos y otros son muy conocidas.
El contra-informe
Pero vivimos en la era de la "evidencia empírica" y de las "políticas públicas con respaldo científico". También en la lucha de las instituciones y los mensajes. Y al Gobierno no le gustó nada que organismos como el Banco de España o la AIReF publicasen estudios en los que alertan de las consecuencias para el empleo de una medida como ésta. ¿Qué hacer? El contra-informe: encargo a un grupo de expertos afines un estudio a medida, para que digan que las conclusiones del Banco de España no son correctas. ¿El problema? Que los expertos contratados no digan lo que yo quería que dijeran. La secuencia de los hechos es la que sigue:
- El Gobierno encargó a la Fundación Iseak un informe sobre los efectos del SMI. Un grupo de trabajo liderado por la economista Sara de la Rica les entregó el documento hace ya muchos meses (en enero de este año).
- Poco después, el Instituto Ostrom reclamó al Ministerio la publicación de dicho informe. Ni es información confidencial ni reservada. Ni, lo más importante, es propiedad de Yolanda Díaz. El informe se ha pagado con fondos públicos y todos tenemos derecho a conocerlo.
- - El informe no parece, por lo que hemos sabido hasta la fecha a través de los medios a los que se ha filtrado, que sea especialmente desfavorable a las tesis de Díaz. De hecho, algunas de sus conclusiones (que un SMI más alto permite salir de la pobreza a muchos trabajadores de baja cualificación y sube las nóminas de la parte baja del mercado laboral) son exactamente las que la ministra de Trabajo defiende. ¿Problemas? Sí, uno: también apunta a que podría haber repercusión en el empleo. En concreto, habla de unos 28.800 puestos de trabajo que se perderían por la medida. Menos de los que decían el Banco de España o la AIReF, pero el titular de "La subida del SMI destruye empleo" podía volver a nuestras vidas.
- Pues bien, esto hizo que el Ministerio decidiera que no publicarlo. Así, sin más, lo guardó en un cajón y desoyó las peticiones para que lo hiciera público. Pero desde el Instituto Ostrom no se dieron por vencidos y lo solicitaron al Consejo de Transparencia en abril.
- En septiembre, este organismo les dio la razón y pidió al Ministerio que lo publicase en un plazo máximo de diez días. Nada más se supo hasta que, esta semana, dos medios cercanos a la órbita del Gobierno (Cadena Ser y El Diario) publicaron las conclusiones del informe... junto con otros dos en los que se negaba la destrucción de empleo.
¿Dos nuevos informes? ¿Y de dónde han salido? Nadie lo sabe porque eran desconocidos hasta ahora. La sensación es que se encargaron deprisa y corriendo, tras el fiasco del primero de los estudios, para que refutasen a aquel.
A partir de ahí, las preguntas y los indicios que dejan en muy mal lugar a Díaz. El asunto es nimio y si, en la primavera de este año le hubiese entregado al Instituto Ostrom el informe de Iseak, ya nos habríamos olvidado del mismo. Pero no lo hizo y ahora está en un lío. Porque (1) tiene que explicar por qué lleva meses ocultándolo; (2) la misma ocultación hará que se hable del informe más que si se hubiera publicado de forma abierta; y (3) nos preguntaremos por la pertinencia de los otros dos trabajos y sobre si hay que gastar fondos públicos (escasos como cualquier otro recurso económico) en refutarte a ti mismo, porque eso es lo que ha hecho el Ministerio.
La "evidencia"
Desde hace años, se ha puesto de moda lo de la "evidencia empírica". Y se multiplican los informes y las comisiones de expertos. La idea tiene su atractivo: en lugar de plantear medidas que parezcan hijas únicamente de la ideología, los políticos se arropan con el confortable calorcito que ofrece la academia. No aprueban sus leyes sólo porque crean en ellas, sino porque los expertos las respaldan.
Esto siempre podría matizarse y discutirse, pero tendría algún sentido si los expertos fueran escogidos al azar de entre los más prestigiosos del país o si se escogiera un grupo numeroso, de diferentes procedencias e ideologías. Por supuesto, esto no implicaría que el grupo de expertos seleccionado fuera a acertar (a lo mejor, la opción más acertada es la que defiende un académico al margen del mainstream) pero el sesgo político sería menor.
En España, sin embargo, el camino es el contrario. La idea no es convocar a unos expertos para ver qué dicen y así adaptar las medidas políticas; lo que hacen los gobiernos españoles (y en esto coinciden unos y otros) es decidir qué política quieren llevar a cabo (algo muy legítimo) y entonces buscar los expertos que ratifiquen que esas medidas decididas con anterioridad son las acertadas. Es absurdo: para qué gastarse el dinero en que me hagan un informe que ya sé lo que va a decir. Esto no es Economía, es propaganda y, si acaso, debería financiarse con los medios dirigidos a publicidad institucional.
De hecho, el escándalo que esta semana le ha dado tantos dolores de cabeza a Díaz sólo confirma esta estrategia, aunque a primera vista parezca lo contrario. Al fin y al cabo, alguien podría argumentar que el informe de Iseak y Sara de la Rica no dice exactamente lo que quería el que lo encargó.
Decimos que confirma lo absurdo de esta moda porque cuando pasa lo inesperado y la "evidencia empírica" no conviene al político de turno al 100% (tampoco es que diga lo contrario a lo que dice el Ministerio, pero sí introducen matices); entonces lo ocultan (algo escandaloso, porque hablamos de recursos públicos) o se gastan todavía más dinero en refutar a los refutadores (porque para eso contrataron el primer estudio, para lanzárselo a la cara al Banco de España). Para eso, sería más rápido que se aprobasen las leyes con una exposición del tipo "por qué le da la gana al legislador". Los resultados serían los mismos que los actuales pero con menos literatura.
Por último, un mínimo apunte sobre un asunto que parece secundario pero no lo es: el posible malgasto de recursos públicos para favorecer al ministro de turno. Y una evidencia: el documento, le guste o no, no es de la ministra y no debería haber ninguna excusa para que no se haga público.