Podemos y PSOE saben que el frío ha comenzado y temen un nuevo escándalo en la población que desgaste más su expectativa electoral con el precio del gas disparado. La solución que se le ha pasado por la cabeza a los comunistas, y que ya negocian con el PSOE, sin embargo, puede sacar del mercado a buena parte de las comercializadoras de gas de España: forzar a todas a comercializar la tarifa de último recurso, la popularmente conocida como TUR: una tarifa social con la que las comercializadoras no logran casi beneficio y que, sin embargo, les llevaría a tener que destinar buena parte de sus recursos a la contratación de esta tarifa. Y, todo ello, cuando las grandes operadoras ya ofrecen la TUR.
Podemos quiere más medidas, más anuncios, en materia de gas y electricidad. El frío acaba de empezar en serio en España y muchas de las miradas electorales se volverán ahora a un problema obvio y de difícil solución para todos los hogares: una escalada del precio del gas de hasta el triple de su actual importe mensual para muchos hogares y negocios. Y Podemos sabe que eso puede ser un golpe letal para sus expectativas de cara a las votaciones autonómicas y municipales de mayo.
Por ello, Podemos ha trasladado ya al PSOE un plan al que los socialistas no han hecho ascos. Un plan que costa de tres puntos:
El primero, "fomentar el acceso a la información de los consumidores por medio del establecimiento de medidas informativas visibles en la factura del gas, que faciliten a los consumidores adherirse a las tarifas de último recurso". La TUR o tarifa de último recurso, es la tarifa social con precio regulado oficialmente.
El segundo punto pasa por "adoptar cuantas medidas estén en la mano del Gobierno para garantizar el derecho de los consumidores a adherirse a las tarifas de último recurso de gas". En todas las comercializadoras.
Y, en tercer lugar, "reforzar los derechos de los consumidores por medio del establecimiento de procedimientos para la agilización de los cambios de tarifas".
Pero, sobre todo, Podemos quiere que esas medidas se apliquen en todas las comercializadoras. Y el problema radica en que muchas de ellas no podrían aguantarlo porque tendrían que destinar buena parte de sus recursos a la firma de esa tarifa sin casi obtener beneficios. El resultado sería, simplemente, su muerte empresarial y la desaparición de buena parte de la competencia de cara a momentos con precios más estables. Y en estos momentos ya se pueden obtener esas tarifas TUR en las grandes firmas y sin ningún problema.
"Los mercados energéticos han sufrido grandes cambios desde la pandemia de la covid-19 que han tenido consecuencias para los consumidores finales. Desde la abrupta bajada de precios derivada del desacoplamiento entre la oferta y la demanda por las cuarentenas en Europa, hasta el acelerado incremento de los precios de los mercados minoristas de gas y electricidad en 2021, se han producido fuertes alteraciones de mercado que han puesto en riesgo de pobreza energética a miles de consumidores españoles", afirma Podemos en una extraña explicación donde ni menciona el hecho de haber perdido más de la mitad del gas argelino barato que recibía España por culpa de la decisión de su propio Gobierno de regalar el control del Sáhara a Marruecos.
"Desde febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias, incluyendo el corte del suministro de gas ruso, han desatado una crisis energética en toda Europa que ha aumentado exponencialmente los precios de la energía", afirman desde Podemos. Y "esto ha motivado al ejecutivo español a aprobar otra batería de Reales Decretos-ley como reacción a la escalada de precios. Entre las medidas adoptadas en 2022, cabe destacar el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía", añaden los comunistas.
Pero los de Ione Belarra e Irene Montero no creen que el esquema de su propio Gobierno esté funcionando como ellos desean.
Destacan que "todas las medidas tomadas por el Gobierno [el suyo] relativas a la tarifa de último recurso de gas tienen como objetivo proteger a la población, y sobre todo a los más vulnerables, frente a la escalada de los precios de la electricidad y la inflación", que la "tarifa de último recurso establece un precio fijo para el consumo energético" y que "actualmente ese precio puede encontrarse por debajo de los costes de producción, por lo que las compañías energéticas pueden estar vendiendo a pérdidas". Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 "proponen una partida para asumir el diferencial de déficit, lo que respaldará tanto a compañías energéticas como a consumidores finales", aseguran.
Pero, lo cierto es que, "la gran diferencia de precios entre la tarifa regulada y las de libre mercado ha conducido a que los consumidores soliciten de forma masiva el cambio de una tarifa a la otra" y la respuesta de "las comercializadoras que aún tienen la opción de tarifas reguladas se ha visto colapsada ante la gran cantidad de personas que exigen este cambio. Esto ha provocado una saturación en las gestiones para realizar los cambios de compañía y de tarifa que debe ser resuelta de forma inmediata, con el objetivo de proteger a las personas en todo el territorio del Estado durante los meses más fríos del año, respondiendo a los principios de competencia y de libertad de elección de las opciones de consumo por parte de los usuarios".
Por todo ello, Podemos negocia ya con el PSOE una acción para que todas las comercializadoras asuman de inmediato la posibilidad de ofrecer el cambio a la TUR de sus clientes: "Entendiendo que la escalada de precios puede seguir en aumento, y que esto impactará más profundamente sobre las clases menos favorecidas, la Tarifa de Último Recurso se presenta como una herramienta de contención social que debe ser promocionada desde los sectores públicos, pero también privados".