La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado recientemente el Decreto-ley de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública. No es la primera vez que la comunidad avanza en esta dirección, puesto que ya en 2017 y en 2018 se aprobaron algunas medidas similares; sin embargo, las cifras ponen de manifiesto que, esta vez, estamos ante un avance mucho más ambicioso.
No es ninguna novedad que la burocracia se ha convertido en un problema estructural para la economía española y tampoco es ninguna novedad que el gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ni un dedo para avanzar en materia de mejora regulatoria. Ante semejante panorama, algunas comunidades autónomas están moviendo ficha y tomando medidas de calado, caso de Madrid, Andalucía, Galicia y, más recientemente, Extremadura y Castilla y León.
El Decreto-ley murciano fue elaborado por las consejerías de Hacienda y Empresa y modifica un total de 17 decretos y leyes autonómicas, facilitando la reducción de trabas en ámbitos varios como el territorio, las carreteras, la energía, los puertos o el medio ambiente. La meta última manifestada por el Ejecutivo es "garantizar que la simple emisión de un informe no paralice sine die la tramitación. No más trabas o cargas innecesarias. Mantenemos la seguridad, pero ganamos agilidad, eficiencia en la gestión y facilitación de las inversiones generadoras de progreso".
El grueso de la mejora está en el establecimiento de un periodo máximo de tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales que puedan afectar a la implantación de una iniciativa empresarial. Además, se exigirá una resolución más concreta de los expedientes y se permitirá que los distintos informes se tramiten en paralelo, para evitar que el papeleo se desarrolle "de cola a cola", en vez de simultáneamente.
La estimación del gobierno que preside el popular Fernando López Miras es que el PIB se elevará un 1,6%. Esto significa que la producción de la economía murciana experimentará un estímulo valorado en 500 millones de euros de actividad adicional, lo que a su vez permitirá mejorar los niveles de ocupación en un total de 6.200 puestos de trabajo.
La norma también incluye una apuesta por la eficiencia del gasto público. Para ser precisos, el titular de la cartera de Hacienda, Luis Alberto Martín, ha anunciado que, tras la aprobación de la norma, todos los años se realizará un plan de racionalización del gasto, con actuaciones orientadas a a consolidar los presupuestos. Además, estos planes serán evaluados a final de año, con ánimo de medir su impacto y recoger propuestas de mejora.
