En 2005, la Comisión Europea incorporó la promoción de la mejora regulatoria como parte de la llamada Estrategia de Lisboa. Ese mismo año, los países miembros de la Unión, incluido España, recogieron este objetivo dentro de sus respectivos Programas Nacionales de Reformas. Tras varios años de demora, entre 2007 y 2008 se puso en marcha el Programa de Mejora de la Reglamentación y Reducción de Cargas Administrativas, pero su desarrollo nunca llegó a experimentar avances significativos.
Hubo que esperar a 2012 para que se volviesen a tomar medidas, de la mano de la Ley de Transparencia y la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, pero los cambios aplicados se limitaron al cierre de entes públicos redundantes y a mejorar el acceso a información de dominio ciudadano. La reducción de trabas seguía pareciendo una quimera.
El no mover ficha a lo largo de todos estos años ha tenido consecuencias muy negativas, puesto que el entorno regulatorio es cada vez más obstruccionista y supone cada vez más trabas para las compañías españolas. Según la Encuesta Anual del Círculo de Empresarios, la avalancha regulatoria es un problema grave para el 82,7% de las mercantiles de nuestro país. Según la CEOE, la maraña normativa fragmenta el mercado único con un coste de 45.000 millones. Y, según la consultora KPMG, la carga regulatoria es el principal obstáculo para hacer negocios en España.
Si nos planteásemos el reto de leer todas las normas aprobadas anualmente, necesitaríamos invertir 458 días de trabajo ininterrumpido en dicha tarea. No es para menos, puesto que, solo en 2021, las Administraciones Públicas aprobaron más de 1 millón de páginas de nuevas leyes y regulaciones. La explosión regulatoria es tal que cada año se aprueban 40 leyes y normas. La situación es, a todas luces, insostenible.
Avances en Europa, EEUU y Reino Unido
Ante la falta de avances, la Comisión Europea lleva años incluyendo la mejora regulatoria entre las reformas que recomienda al gobierno español. Bruselas ha llegado a introducir una regla de "uno por uno" que se compromete a eliminar una norma o regulación por cada nueva regla aprobada a nivel comunitaria, si bien el programa ha sido introducido de forma parcial, en el marco de un experimento piloto que deberá ser desarrollado más profundamente a partir de 2023.
La experiencia extra-comunitaria también invita a explorar esta vía. En Estados Unidos, por ejemplo, se aprobó en 2017 un decreto que obligaba a derogar dos piezas legislativas por cada nueva norma aprobada, si bien la aplicación práctica elevó el ratio a 3/1, a corto plazo, y a 7/1, a medio plazo. Se estima que cada hogar experimentó una mejora media de 1.200 dólares en su renta efectiva merced a las mejoras regulatorias del periodo 2017-2021, que redujeron un 92% la frecuencia de aprobación de nuevos edictos.
Otro caso digno de mención es el de Reino Unido, donde la salida de la Unión Europea permitirá la extinción de hasta 4.000 leyes provenientes del acervo regulatorio comunitario que, en opinión del gobierno británico, resultan redundantes, puesto que ya existe legislación nacional que aborda tales cuestiones.
Castilla y León, como Madrid o Andalucía
Pero, ¿y en España? La única región que ha avanzado de forma decidida en este frente es la Comunidad de Madrid, donde la reforma de la Ley del Suelo, la aprobación de Ley de Mercado Abierto, la tramitación de la Ley Ómnibus y la creación de la Línea Abierta contra la Hiperregulación han generado avances concretos y tangibles, eliminando cientos de regulaciones y propiciando importantes reducciones de la burocracia y el papeleo.
También se han dado algunos avances de calado en Galicia, donde el entonces presidente autonómico y ahora presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprobó en 2021 una Ley de Simplificación Administrativa. Otra comunidad que ha levantado la cabeza en este aspecto es Andalucía, donde se han aprobado tres grandes paquetes de desregulación desde que Juanma Moreno ocupa la jefatura del gobierno regional. Incluso en Extremadura, feudo político del PSOE, se está tramitando la nueva Ley de Simplificación y Racionalización Administrativa.
En esta misma línea, esta semana hemos conocido que la Junta de Castilla y León va a poner en marcha una Comisión de Simplificación Administrativa que, en palabras de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, pretende "ayudar a dinamizar la economía autonómica y facilitar todas las oportunidades de inversión, retirando la burocracia siempre que sea posible". La comisión llevaba ya algunos meses trabajando de forma informal, pero ahora queda institucionalizada a través del vehículo que acaba de aprobar la Administración presidida por Alfonso Fernández Mañueco.
Entre las mejoras que quiere lograr el gobierno castellano-leonense está la consolidación de un marco regulatorio bajo el cual se puedan crear empresas en apenas tres días laborables, con un coste inferior a los cien euros. Además, se van a replantear hasta 1.800 procedimientos mediante distintos procesos simplificados y estandarizados que facilitarán significativamente la operativa empresarial.