La deuda de las Administraciones Públicas ha crecido en 70.000 millones de euros a lo largo de los doce últimos meses. El incremento interanual ha sido del 5% y los pasivos del Reino ya se sitúan cerca del umbral de 1,5 billones de euros. La situación, por tanto, amerita una reflexión seria y profunda sobre un cuadro fiscal tan delicado.
Fedea, uno de los think tanks más influyentes de nuestro país, acaba de publicar un informe sobre el comportamiento de la deuda pública asumida por las distintas capas de la Administración. El estudio alerta de que "hay al menos dos motivos por los que debe prestarse especial atención a la cuestión de la deuda: uno es la preocupación intrínseca que genera un volumen tan elevado de endeudamiento y otro es el diseño de la nueva gobernanza fiscal europea que girará en torno a nuevos objetivos tendentes a limitar el peso de la deuda sobre el PIB".
El trabajo, firmado por Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, calcula cuál sería el superávit primario que necesitarían las Administraciones para alcanzar determinados niveles de deuda, en diferentes periodos temporales y bajo diversos escenarios. Partiendo de estas simulaciones, la conclusión general que alcanzan los expertos es que "los valores de saldo primario requeridos se encuentra muy por encima de los históricos. Incluso bajo los supuestos más ventajosos, el superávit primario necesario para reducir la ratio deuda/PIB desde el 116% actual hasta el 80% en 2042 sería de casi el 1% del PIB, lo que contrasta con los déficits primarios registrados en las últimas décadas".
Estaríamos, pues, ante una situación mucho más preocupante de lo que podríamos deducir a primera vista, a la luz de la escasa atención que está prestando el gobierno a esta cuestión. Y es que, si queremos cumplir con los objetivos de reducción del endeudamiento que determinan las instituciones europeas y se codifican en nuestra Constitución, necesitaremos generar superávits presupuestarios muy holgados que, a fecha de hoy, se antojan casi imposibles, puesto que España no tiene un saldo positivo en sus cuentas públicas desde 2008.
Además, el trabajo de Fedea baja al plano autonómico y comprueba que el déficit histórico observado entre 2012 y 2019 ha sido del 0,7% del PIB. Bajo este planteamiento, el stock de deuda hacia el que tenderán las comunidades autónomas será del 26% del PIB, lo que supone duplicar los niveles establecidos por la normativa en vigor. Especialmente grave es la situación de Baleares, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que según el informe "necesitarían superávits de una envergadura desconocida en sus registros históricos y alejados de toda factibilidad".
Para culminar el ejercicio, los autores del informe elaboran una serie de estimaciones sobre la evolución de la ratio deuda/PIB bajo diversos supuestos de consolidación fiscal para la próxima década. Si solo se hiciese un ajuste anual del 0,25% del PIB, la deuda seguiría siendo del 110% del PIB en 2032, cuarenta puntos por encima de los umbrales del 80% hacia los que convergen nuestros socios europeos. Y, en lo tocante a las comunidades autónomas, Fedea considera que "con ajuste estructural similar tampoco se alcanzaría dentro de diez años el objetivo normativo del 13% del PIB que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
Ante estas negras previsiones que esboza Fedea, y partiendo de que los ingresos tributarios están en máximos históricos a pesar de que el PIB de 2022 está un 2% por debajo del de 2019, solo hay dos vías para darle la vuelta a la situación: la primera consiste en disparar los niveles de crecimiento, para que el denominador del ratio deuda/PIB experimente un aumento suficiente para reducir el peso del numerador, lo que requeriría una serie de medidas de liberalización y apertura económica muy alejadas de la actual agenda del gobierno, tan escorado a la izquierda; la segunda pasa por aplicar un plan de ajuste que genere superávits presupuestarios a base de congelar el gasto necesario, recortar el superfluo y contener los aumentos de los desembolsos públicos, nuevamente una meta difícilmente asumible por un Ejecutivo que está haciendo todo lo contrario.
Así pues, la combinación de una deuda pública demasiado alta y un gobierno que se niega a tomar medidas para reducirla se antoja especialmente peligrosa de cara a la estabilidad macroeconómica de nuestro país.