El Índice de Competitividad Fiscal, un trabajo elaborado anualmente por la Tax Foundation y el Instituto de Estudios Económicos, pone de manifiesto el franco deterioro que está sufriendo la política tributaria en España. En 2022, este ranking consagrado a medir la calidad del diseño de los modelos impositivos sitúa a nuestro país en la posición 34 de un total de 38 economías analizadas. La nota también es lamentable, puesto que recibimos apenas 57 puntos sobre 100 y nos hemos convertido en una de las economías con peor sistema fiscal del mundo desarrollado.
Los resultados del ICF 2022 son de lo más decepcionante. A España ya le iba mal en 2019, cuando estábamos en el número 23 de la lista, pero su desempeño en 2020, 2021 y 2022 ha sido especialmente negativo, al calor de las 54 subidas de impuestos que ha venido desarrollando el gobierno de Pedro Sánchez.
Semejante deterioro ha terminado situando a España en las posiciones de cola. Conviene recalcar, además, que la brecha de competitividad fiscal que presenta nuestro país en relación con la OCDE ha ido a más, creciendo de 5,5 a 12,2 puntos entre 2020 y 2022. Es cierto que aún no estamos tan mal como Francia o Italia, que aparecen en las dos últimas posiciones, con un resultado de 45 y 49 puntos sobre 100, respectivamente, pero la tendencia es muy a peor y las diferencias entre el infierno fiscal galo y transalpino y el español ya son apenas de matiz, con el agravante de que sus resultados no empeoran y los nuestros sí.
A partir del ICF, los técnicos del IEE han compuesto un indicador de presión fiscal normativa, entendiendo como tal la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en la economía. Desde esta perspectiva, España se situaría un 16% por encima de la media de la UE. Por comparación, el diferencial existente hace apenas dos años era de un 10%, de modo que se ha producido un giro a peor de lo más preocupante.
Otro aspecto evaluado en el Índice de Competitividad Fiscal es el cálculo del esfuerzo o sacrificio fiscal, un indicador que permite relacionar la recaudación con el nivel de renta. Nuevamente, estamos en una posición de franca desventaja comparativa, puesto que España ya rebasa en un 53% el promedio observado en los países de la UE.
Especialmente lamentable es la situación de la tributación aplicable a las empresas o al ahorro. En lo tocante a la actividad mercantil, encontramos que el 33% de los ingresos públicos se obtienen por esa vía, frente al 24% que se observa en el resto de la UE. Además, la presión fiscal normativa del Impuesto de Sociedades (es decir, los tipos y normas recogidas en el tributo que grava los beneficios empresariales) es un 24% mayor que en la Unión Europea y un 22% más alta que el promedio de la OCDE. De igual manera, la tributación del ahorro es tan severa que España aparece un 41% por encima de la UE, siendo uno de los pocos países de la OCDE que cobra un Impuesto sobre el Patrimonio.