El tapón burocrático y la inseguridad jurídica siguen golpeando la "estrategia verde" de la vicepresidenta Teresa Ribera. Aunque el gobierno quiere animar este tipo de inversiones, la burocracia asociada a la tramitación de los proyectos se ha convertido en una pesadilla y está generando todo tipo de cuellos de botella directamente imputables a la burocracia administrativa.
Fuentes del sector consultadas por Libre Mercado cargan contra la responsable de la política energética y su "modelo de hitos", que describen como "un laberinto burocrático". El gobierno obliga a las empresas a presentar permisos medioambientales dentro de plazos que dependen de la Administración y, por tanto, escapan del control de los promotores. De igual manera, el Ejecutivo exige que todos los proyectos se construyan al mismo tiempo, de modo que las empresas de construcción están absolutamente desbordadas.
"Vamos de cola en cola, de tapón en tapón, así es imposible", explican a este diario desde una de las compañías afectadas. Sus quejas vienen respaldadas por todo tipo de informes y evaluaciones. Por ejemplo, un estudio publicado por Deloitte a finales de 2022 estimó que los plazos medios de aprobación de los proyectos se sitúan entre dos y tres años, muy por encima del máximo de dieciocho meses que estipula la normativa en vigor.
De hecho, Deloitte informa de que se han detectado expedientes con tiempos de espera de hasta diez años. Semejante atasco pone en tela de juicio la capacidad gestión de la vicepresidenta para la Transición Ecológica y cuestiona el cacareado compromiso del gobierno con el despliegue de energías renovables.
Enfrentamiento con los inversores internacionales
No hay que olvidar, además, que la última subasta de renovables, celebrada el pasado mes de noviembre, resultó en un auténtico fiasco. De hecho, sobre un máximo de 3.000 MW, el gobierno solo recibió ofertas equivalentes al 1,5% de la potencia que pretendía desplegar. Un desastre sin paliativos que también tiene mucho que ver con la inseguridad jurídica que atenaza al sector.
Así las cosas, España es el país desarrollado con más incumplimientos de arbitrajes internacionales y, en la medida en que el grueso de estos laudos están vinculados al fiasco de las primas, el impacto sobre la inversión en energías renovables se ve comprometido de forma directa.
Si a eso le añadimos la caída general del 50% que han experimentado las cifras de inversión extranjera bajo gobierno de Pedro Sánchez, parece evidente que la financiación de nuevos proyectos se antoja muy complicada, máxime cuando el sistema diseñado por Teresa Ribera conduce a las empresas de cola en cola, sin posibilidad de avanzar de forma razonable.