Este jueves los accionistas de Ferrovial votan el traslado de su sede social a Países Bajos en el marco de su plan estratégico, una decisión que caía como un jarro de agua fría en Moncloa, ya que cuando se filtró la intención de Ferrovial lo hizo acompañado de una denuncia por la falta de seguridad jurídica en España.
Desde entonces, el Gobierno no ha dudado un minuto en cargar contra la compañía y su presidente, Rafael del Pino, quien ha sido tachado abiertamente de antipatriota por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Estos últimos días antes de la junta han sido especialmente intensos en el volumen da ataques. El Gobierno ha pedido informes a diestro y siniestro para tratar de desactivar las razones esgrimidas públicamente por Ferrovial y que pasaban por su intención de cotizar en EEUU. El Gobierno ha utilizado a la CNMV, a la Bolsa (BME) e incluso a dos despachos privados como Uría y Latham & Watkins, para elaborar esos informes de urgencia. También ha amenazado con la Agencia Tributaria.
Desde el Ministerio de Economía se han enviado cartas públicas a Ferrovial para que "digan públicamente" los motivos de su decisión y desde el Ministerio de Hacienda han amenazado con una inspección en profundidad de la operación y con no aprobar las bonificaciones fiscales a las que tendrían derecho por el traslado si finalmente se producía.
No sólo esto. Según fuentes cercanas a la compañía, la presión del Gobierno ha sido pública y publicada pero también soterrada. Emisarios del Gobierno han tratado de persuadir a accionistas de referencia de la empresa para que voten en contra, como el fondo noruego soberano de Noruega Norges Bank, quien expresó a primeros de semana su intención de votar en contra, y finalmente ha anunciado que votará a favor.
Según estas fuentes, las presiones personales al propio Rafael del Pino habrían sido también enormes. Cuenta el entorno de Del Pino que durante el último mes y medio, el presidente de la compañía de infraestructuras habría tratado de contactar sin éxito con Moncloa, donde no le han recibido ni le han cogido el teléfono y eso que el presidente del Gobierno se había tomado la licencia de señalarle en público y acusarle de falta de patriotismo.
Sánchez hizo el vacío a Del Pino
Del Pino llamó a Moncloa justo después de anunciar su decisión de trasladar la sede. Nadie se puso al otro lado. La única respuesta que obtuvo es que se dirigiera al Ministerio de Economía.
Desde entonces, el Gobierno se ha esmerado en hacer una demostración pública de fuerza con todos los resortes a su alcance para atacar a la compañía. Una batalla en la que la propia compañía cedió a decir públicamente que España es un país que goza de seguridad jurídica, pero que no se correspondió con una rebaja de la presión por parte del Gobierno.
La estrategia del Gobierno ha pasado por ataques personales al presidente, presiones a los accionistas y un escarnio público basado en presentar a la compañía como insolidaria por querer reducir su factura fiscal con el cambio.
Desde Economía, Hacienda e Industria se han esgrimido los argumentos más peregrinos, desde la ley anti opas que blandió la vicepresidenta tercera y ministra de transición ecológica Teresa Ribera, que no tenía ningún recorrido, hasta la amenaza de Hacienda de hacer caer todo el peso de la Agencia Tributaria sobre la compañía –también sin recorrido jurídico- a desacreditar los motivos de la compañía pidiendo informes a diestro y siniestro para tratar de demostrar que mantener la sede social en España no impedía a la compañía cotizar en EEUU, pese a que, también reconocía que esta es una vía que "todavía está por explorar".
En definitiva, en lo que coinciden distintas fuentes consultadas es que el presidente del Gobierno se ha tomado esta decisión empresarial como un pulso personal contra su gobierno y está tratando por todos los medios desacreditar tanto a Ferrovial como a su presidente Rafael Del Pino.